1037/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1037/2022-S3 Sucre, 9 de agosto de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 41437-2021-83-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 30 de junio de 2021, cursante de fs. 95 a 100, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Canaza Solíz en representación sin mandato de José Luis Martínez Muñoz contra Judith Marcela Reynolds Espinoza, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera; y, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero, ambos de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de junio de 2021, cursante de fs. 70 a 75, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 15 de diciembre de 2020, ordenó su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM), por un periodo de ciento ochenta días, programando audiencia para considerar su situación jurídica para el 15 de junio de 2021, actuado procesal que no se llevó a cabo por razones que desconoce pues "nunca se me notificó con dicha audiencia..." (sic).

Ante ello, solicitó programación de audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiendo la autoridad jurisdiccional providencia de 16 de junio de 2021, señalando el actuado procesal para el 25 de igual mes y año, mismo que fue instalado y luego suspendido en atención a que el Ministerio Público presentó acusación fiscal horas antes de efectuarse la audiencia, remitiéndose su expediente al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante Oficio 662/2021 de 25 de junio con cargo de recepción de 28 de ese mes y año a horas 8:58, que aún no cuenta con radicatoria.

En ese entendido, al haberse remitido su expediente al referido Juzgado, presentó memorial solicitando su devolución al Juzgado de origen a objeto de llevar a cabo su audiencia de cesación de la detención preventiva, que estaba señalada con anterioridad a las demás actuaciones, amparado en las SC 1584/2005-R -de 7 de diciembre- y SCP "0283/2017"; sin embargo, en "ventanilla de gestores" le indicaron que todavía no fue registrada su causa en el sistema para recibirle el escrito, de modo que no pudo presentarlo, por lo que el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz no remitió los actuados al Juez que conocía la causa y que además señaló su audiencia de detención preventiva con anterioridad a las demás actuaciones.

Por lo referido, activó la presente acción de libertad en sus tipologías correctiva y traslativa o de pronto despacho, denunciando lesión a su derecho a la libertad por parte de las autoridades accionadas, pues continúa detenido preventivamente cumpliendo una medida cautelar, cual si fuera una condena anticipada, omitiendo considerar las indicadas autoridades, que el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP) les faculta modificar una medida cautelar aun de oficio, toda vez que la detención preventiva no tiene naturaleza de una sanción, citando a ese efecto la Sentencia de 30 de octubre de 2008, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Bayarri vs. Argentina, en la cual se recalca el carácter excepcional de la prisión preventiva, ya que se encuentra limitada por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, debiéndose cumplir con ciertas condiciones esenciales para su aplicación, las que fueron desarrolladas en la SCP 1317/2012 de 19 de septiembre.

En tal sentido, considerando que la detención preventiva responde a los propósitos de proceso principal, su duración debe ser limitada en el tiempo, conforme lo estableció la jurisprudencia internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, debiéndose interpretar los derechos humanos con base a los principios pro homine, de progresividad y de favorabilidad, así como la garantía de presunción de inocencia, además de acuerdo a la jurisprudencia constitucional de carácter vinculante se establece '"QUE EL JUEZ SIGUE COMPETENTE MIENTRAS EL PROCESO NO SE ENCUENTRA RADICADO EN EL OTRO JUZGADO"' (sic).

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia como lesionado su derecho a la libertad, así como los principios pro homine, de progresividad y favorabilidad, y la garantía de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 13.V, 115, 116.1, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, en audiencia invocó la vulneración del derecho al debido proceso y a los principios de "taxabilidad" y legalidad.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de junio de 2021, cursante de fs. 86 a 95, presente el peticionante de tutela asistido de su abogado y representante sin mandato, ausentes las autoridades accionadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, no se conectó a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 79.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Martínez Muñoz -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, en audiencia de medidas cautelares de 15 de diciembre de 2020, ordenó la detención preventiva del impetrante de tutela sindicado en el Centro de Readaptación Productiva de Montero, por el término de ciento ochenta días, programando en el mismo actuado audiencia de consideración de su situación jurídica para el 22 de febrero de 2021 (fs. 7 a 9).

II.2. Por memorial presentado el 12 de mayo de 2021, el impetrante de tutela, invocando el art. 239.1 y 2 del CPP, solicitó señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, el cual ingresó a despacho físicamente el 17 de igual mes y año, por encontrarse "entrepapelado", mereciendo providencia de la misma fecha y programándose el actuado para el 20 de ese mes y año (fs. 21 a 23). II.3. Cursa providencia de 20 de mayo de 2021, emitida por el Juez accionado, por la cual refiere "...revisado los datos del proceso se constata que en la resolución de fecha 15 de diciembre del 2020 se fijó audiencia para resolver la situación jurídica de JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ para el 22 de febrero del 2021 a horas 16:00 pm., siendo que la fecha correcta es 15 de junio del 2021 en consideración a que la detención preventiva adoptada en contra del procesado es por el plazo de 180 días por lo que habiéndome percatado de oficio de este error formal y en aplicación del art. 168 del CPP, se hace viable enmendar y/o corregir esta anomalía acontecida, dejándose establecido de que la fecha correcta de la materialización del nuevo acto procesal a favor del imputado es el 15 de junio del 2021 a horas 16:00pm..." (sic [fs. 35]).

II.4. A través del memorial de 15 de junio de 2021, el peticionante de tutela, con base en el art. 239.1 y 2 del CPP, solicitó nuevo señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 38) programándose dicho acto procesal para el 25 de ese mes y año a horas 9:00 (fs. 39).

II.5. Mediante Informe de 17 de junio de 2021, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en sentido indicó que de encontrarse la etapa preparatoria se encuentra vencida, razón por la cual Juez accionado, emitió conminatoria de requerimiento conclusivo (fs. 40 a 42)

II.6. Cursa requerimiento conclusivo de acusación, formulado por el Fiscal de Materia, con cargo de recepción de 25 de junio de 2021 a horas 8:25 (fs. 57 a 60 vta.); providenciado en igual data por la autoridad jurisdiccional ordenando la remisión de todos los antecedentes al Juez de Sentencia Penal de Turno de Montero (fs. 61).

II.7. Se tiene acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 25 de junio de 2021, misma que fue instalada con la presencia del accionante con su abogado y el Fiscal de Materia, en la que se advierte que luego de la intervención de las partes, el Juez accionado deliberó "...en razón a que por secretaria se ha hecho conocer que se ha presentado acusación motivo por el cual no se puede entrar a considerar en el fondo y por lo cual se dispone la remisión de los actuados originales por ante el juez de sentencia de turno, con lo que se suspende la presente audiencia quedando las partes legalmente noticiadas con el presente acto" (sic [fs. 62]).

II.8. Por Nota Of. 662/2021 de 25 de junio, con cargo de recepción de 28 de junio de 2021 el Juez accionado, remitió el cuaderno procesal original ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz (fs. 64 y vta.). Asimismo, consta Auto 79/2021 de la misma fecha, emitido por Judith Marcela Reynolds Espinoza, Jueza del citado Juzgado -ahora accionada- por el cual se estableció la radicatoria del proceso penal de referencia (fs. 65). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción traslativa o de pronto despacho: alcance del debido proceso y el principio de celeridad, en el marco de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres

Al respecto, la SCP 0081/2021-S3 de 20 de abril, sostuvo que: "La Constitución Política del Estado ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar a las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso, (art. 178.I y 180.I de la CPE).

Es en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo una sólida línea en cuanto al principio de celeridad en su alcance como elemento constitutivo del debido proceso dentro de los procesos judiciales, entendimiento que esencialmente conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma, y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado.

En ese marco constitucional y de garantías procesales, se tiene la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, misma que fue precisada por la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, que efectuando una sistematización de la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, señaló que: "La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: '...los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'.

Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: 'Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'.

Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero², hizo énfasis en que: '...todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)'".

Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en la tramitación de toda solicitud de cesación de la detención preventiva y con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia en el país para garantizar una justicia pronta y oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado; en ese sentido, se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala: