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TCP

1037/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1037/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1037/2026-S1 Sucre, 7 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 55893-2023-112-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 17/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Aquize Espinoza contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 10 a 11 vta., lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del Código Penal (CP), el 24 de mayo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado al cual se sometió voluntariamente; empero, el Juez hoy accionado, sin ningún argumento válido, motivación y con una total incongruencia, mediante Auto Interlocutorio 88/2023 de igual fecha, rechazó la salida alternativa solicitada, incurriendo en la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa y en defecto absoluto; por cuanto, en dicho actuado procesal, el mencionado Juez no observó el trámite establecido por el art. 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no concederle el uso de la palabra para manifestar su voluntad de someterse a dicho procedimiento abreviado, admitiendo la autoría del delito imputado y renuncia al juicio oral, público y contradictorio.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de derecho a la defensa material, así como la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

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