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TCP

1037/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de junio de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1037/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1037/2026-S2 Sucre, 19 de junio de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 80076-2025-161-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 253 de 14 de noviembre de 2025, cursante de fs. 233 vta. a 238 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marianela Bozo Reyes en representación legal de Hübert Artur, contra Irma Villavicencio Suárez y David Rosales Rivero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de julio y 8 de agosto de 2025, cursantes de fs. 153 a 163 y 172 a 173 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ejecutivo incoado contra Peter Wiebe Giesbrecht -ahora tercero interesado-, que tiene como base el documento de privado de 30 de mayo de 2022, sobre préstamo de dinero y fue tramitado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; este último opuso excepciones de incompetencia y falta de fuerza ejecutiva, las que fueron declaradas improbadas por Sentencia Definitiva 21 de 25 de octubre de 2024, resolución que motivó recurso de apelación por parte del tercero interesado, y fue resuelta mediante Auto de Vista 84 de 26 de junio de 2025, que determinó "...ANULAR OBRADOS y disponer (...) se declara NO HABER LUGAR A LA EJECUCIÓN por no constituir título ejecutivo el documento base de la demanda..." (sic); sobre esta última resolución solicitó aclaración, complementación y enmienda, que fue declarada "no ha lugar" por Auto de 7 de julio de igual año.

En ese sentido, interpuso la presente acción tutelar, expresando los siguientes fundamentos respecto del Auto de Vista recurrido:

  1. a)Realizó un análisis ultra petita al pronunciarse sobre la validez del documento de 30 de mayo de 2022, bajo el argumento de que carece de fuerza ejecutiva por incumplimiento del art. 379.2 del Código Procesal Civil (CPC); sin embargo, no se emitió un criterio positivo o negativo sobre la apostilla y su efecto legal y jurídico para omitir la valoración de dicha prueba, que debió ser valorada como título ejecutivo a partir de la "Convención de la Haya sobre la Apostilla", que en su art. 3 exige como única formalidad para certificar la autenticidad de una firma, la calidad de signatario y la identidad del sello o timbre, es la fijación de la apostilla emitida por la autoridad competente del Estado de origen del documento; al margen de ello, dicha valoración corresponde al juez de primera instancia, a este efecto se debió considerar que el documento base de la demanda no fue observado por el tercero interesado, operando el principio de preclusión; y,
  2. b)Los procesos ejecutivos no admiten recurso de casación; por lo que, no pudo demostrar que el apostillado constituye un mecanismo de legalización de documentos que permite verificar la autenticidad de firmas en el ámbito del derecho internacional privado; ni la errónea aplicación de los arts. 1296 y 1297 del Código Civil (CC), cuando lo correcto era aplicar el art. 1294 de dicho Código.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su "...derecho al acceso a la justicia..." (sic) y "...derecho de accionar de parte de un acreedor en contra de su deudor..." (sic); así como la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes de defensa, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

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