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TCP

1039/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1039/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1039/2019-S2 Sucre, 27 de noviembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 29700-2019-60-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 15/2019 de 2 de mayo, cursante de fs. 255 a 258 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ely Josefina Vega Yanamo y Paola Vega Vega contra Percy Fernández Añez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 de marzo y 4 de abril de 2019, cursantes de fs. 45 a 58 vta.; y, 82 a 84 las accionantes expusieron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Suscribieron un Acta de préstamo de sus puestos de venta en el Mercado "David Trapero" (numerados como 90 y 91), a objeto de que ahí funcione la Administración del referido centro de abasto mientras refaccionaban su ambiente; empero, cuando solicitaron la devolución, mediante Comunicación Interna 024/2016 de 24 de noviembre, se puso a su conocimiento el contenido contradictorio de un informe de inspección que a la vez afirmó que los puestos funcionaban como salón de belleza y que estaban abandonados por más de doce años.

En tal contexto -ante su solicitud como medida preparatoria- el año 2017 Ana María Balcázar Ponce, reconoció su firma -como funcionaria edil- en el documento de préstamo de los puestos. Posteriormente y de forma -a su criterio- ilegal, mediante Oficio SMAS 118/2018 de 28 de junio, se revirtieron sus puestos, sin notificarles previamente con informe alguno, sin que exista una subsunción del hecho a alguna infracción administrativa y aplicando una Ley de 2010 a su caso, a pesar de que los puestos de venta les fueron conferidos desde 1990. Tal determinación se confirmó a través de la Resolución Administrativa (RA) D., que se pronunció -según afirman- sin resolver las tres problemáticas expuestas en su recurso de revocatoria, pues la autoridad ahora demandada se limitó a transcribir los motivos de la impugnación sin pronunciarse sobre el fondo. Agregaron que la reversión se mantuvo inclusive luego de plantear el recurso jerárquico acusando la falta de fundamentación de la precitada Resolución administrativa. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Señalan como lesionados sus derechos al trabajo, a la defensa, a un recurso efectivo; y, al debido proceso en su vertiente de suficiente fundamentación; citando al efecto los arts. 46.I, 47.I, 52.I, 115.II; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

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