Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1039/2019-S4 Sucre, 4 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 29931-2019-60-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 0038/2019 de 2 de julio, cursante de fs. 242 a 245, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Luisa Quinsamolle Vargas contra Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, miembros de la Sala Disciplinaria; y, Henry Guamán Calderón, Juez Disciplinario Tercero de la Oficina Departamental de Cochabamba, todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 12 de junio de 2019, cursante de fs. 121 a 129 y de subsanación de 18 del mismo mes y año (fs. 145 a 146), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Como Secretaría del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba fue procesada por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, por la presunta comisión de las faltas disciplinarias graves previstas en el art. 187.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010?, en la tramitación del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en contra de Einar Félix Centeno Hermosilla; radicándose el proceso disciplinario en el Juzgado Disciplinario Tercero de la Oficina Departamental del mencionado departamento, que dictó la Resolución Disciplinaria 8 de 6 de febrero de 2018, que con carencia de fundamentación y sin valorar la prueba, resolvió declarar probada la denuncia en su contra por la comisión de la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ y le impuso la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes, declarándose improbada la otra denuncia interpuesta en su contra por la infracción al art. 187.9 de la referida norma.
Manifiesta que contra la parte de la Resolución que declara probada la infracción, presentó recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura mediante Resolución SD-AP 239/2018 de 28 de septiembre, que confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada; del mismo modo, por Auto de 16 de enero de 2019, le fue negada su solicitud de aclaración, complementación y enmienda, lo cual se constituye en actos ilegales y arbitrarios.
La referida determinación, asumió que tuvo responsabilidad, debido a que dentro del proceso penal señalado, la remisión de obrados en grado de alzada se hubiera realizado luego de cinco meses, por lo que se la sancionó por retardación indebida; sin considerar que el art. 409 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que la autoridad responsable de que se cumpla con la remisión de los actuados en alzada es el Presidente del Tribunal de Sentencia y no su persona, conforme a lo establecido en la ; tampoco consideró que la alzada debía enviarse al Superior en grado con nota de cortesía del Presidente del Tribunal, misma que recién fue librada el 3 de noviembre del citado año; y, finalmente, no se tomó en cuenta que el proveído que ordena la remisión del expediente no le fue entregado directamente a su persona, sino al Oficial de Diligencias para su notificación, quien una vez realizado ese acto procesal, debió haberle pasado el expediente, ordenado, costurado y foliado, labor que no realizó; asimismo, las atribuciones, inobservancia y omisión del Secretario del Juzgado, se encuentran descritas en el art. 187.10 de la LOJ; sin embargo, se le aplicó el num.14 del referido artículo, lesionando así el principio de legalidad.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y correcta valoración de la prueba, al trabajo, a una remuneración justa y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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