1041/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1041/2019-S2 Sucre, 27 de noviembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 29808-2019-60-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 83/2019 de 19 de junio, cursante de fs. 268 a 273 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Epifanio Garnica Peñarrieta contra Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2019, cursante de fs. 10 a 16 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que cumplía funciones de Fiscal de Materia en la ciudad de Oruro y que en ejercicio de sus funciones dispuso el arresto de Luis Alberto Guzmán Terceros; quien a raíz de ello presentó una acción de libertad que declaró ilegal el arresto ordenado, por tal motivo se remitieron antecedentes ante la Fiscalía General del Estado a efectos del inicio de un sumario en su contra.

Manifestó que por Resolución de Admisión ABC-18/2012 de 7 de noviembre, régimen disciplinario de la ciudad de La Paz dio inicio a un proceso interno por la supuesta comisión de la falta prevista por el art. 121.8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); que concluyó con la Resolución Final ABC-09/2013 de 22 de febrero, que dispuso su destitución definitiva del cargo y su retiro de la carrera fiscal. El ahora accionante, alegó que posteriormente mediante escrito de 23 de abril de 2019, solicitó a la Fiscalía General del Estado la cancelación de los antecedentes disciplinarios y la rehabilitación de sus derechos restringidos; toda vez que, se le impedía buscar trabajo, postularse o acceder a uno, empero, la autoridad hoy demandada a través del Proveído FGE/JLP/DAJ 15/2019 de 29 de abril, con un fundamento ilógico y arbitrario respondió no ha lugar a lo solicitado, bajo el argumento que existiría norma que regule el procedimiento para cancelar los antecedentes disciplinarios, sin considerar que el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) dispone que las infracciones prescriben en el término de dos años y las sanciones en uno.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados