Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1041/2026-S3 Sucre, 22 de julio de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de protección de privacidad
Expediente: 81432-2026-163-APP Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 20/2026 de 30 de enero, cursante de fs. 95 a 102, pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Samuel Villca Martínez contra Hernán Chali Quispe Rodríguez, Presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro y José Sánchez Aguilar, Marco Antonia Goitia Brun, delegados políticos de Libertad y República Libre.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 27 de enero de 2026, cursantes de fs. 35 a 40 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de ciudadano oriundo del municipio de Huanuni del departamento de Oruro y en ejercicio de sus derechos políticos, pretendió inscribirse como candidato a Asambleísta Departamental por Territorio a través de una agrupación ciudadana; sin embargo, en la fecha límite de inscripción -26 de diciembre de 2025-, el delegado de esa agrupación, le manifestó que el sistema informático del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro rechazó su registro, señalando que su persona se encontraba registrado por otra organización política, omitiendo dicha base de datos referir cual la agrupación o partido político fue el que realizó tal registro.
Ante esta situación, el mismo 26 de diciembre de 2025, el accionante se constituyó de forma inmediata a instalaciones de la referida institución, con la finalidad de solicitar información y conocer la organización política que supuestamente habría efectuado su registro; sin embargo no pudo ingresar a dichas instalaciones, debido a que el personal policial encargado de la custodia le impidió el acceso, argumentando la existencia de aglomeraciones de personas con motivo del cierre del calendario electoral.
Recién el 29 de diciembre de 2025, pudo tener acceso al TED de Oruro, fecha en la que presentó un requerimiento escrito ante dicha entidad, denunciando el registro sin su autorización y a objeto de conocer que agrupación o partido político le habría inscrito; manuscrito que fue recepcionado por Presidencia de la referida Institución; sin embargo, los funcionarios de la misma le manifestaron de manera verbal, que ni ellos ni los delegados políticos podían eliminar dato alguno de la base de datos del sistema electoral, salvo orden judicial.
El 9 de enero de 2026, el TED de Oruro publicó la lista oficial de candidaturas, constatando que su nombre figuraba en calidad de candidato inhabilitado al cargo de Alcalde, por la Provincia de Eduardo Abaroa del Municipio Santuario de Quillacas del departamento de Oruro, bajo la postulación de la agrupación política "Libertad y República (LIBRE)", estando inhabilitado debido al supuesto incumplimiento de todos los requisitos mínimos exigidos por la normativa electoral; registro y exhibición de sus datos que a su criterio es arbitrario y violatorio a su intimidad y privacidad, porque nunca tuvo conversación alguna con dicha agrupación política menos radicó en dicho municipio.
Conocido del acto realizado en su contra, indagó por todos los medios sobre los responsables del citado registro, tomando contacto vía teléfono móvil específicamente con José Sánchez Aguilar (Presidente Departamental de LIBRE) y en ese entonces, Senador del Estado, quien calificó el hecho como un error, y le dijo que se comunicara con el delegado político departamental, Marco Antonio Goytia Brun, con quien se entrevistó personalmente, quien admitió la existencia de aquel error en la incorporación de sus datos; sin embargo, le presentó justificativos inconsistentes e intenciones de ayuda, pero con el transcurso de los días, ya no obtuvo respuesta y menos soluciones efectivas a dicha inserción de sus datos sin su consentimiento de la base de datos del TED de Oruro, que ingenuamente esperó tal posibilidad.
Afirma que dicha inscripción es inválida; toda vez que, su domicilio electoral no es en la por la Provincia de Eduardo Abaroa del Municipio Santuario de Quillacas, donde se hizo su inscripción, dado que de los nueve requisitos exigidos por el Reglamento de Inscripción de Candidaturas -Resolución 530/2025 del OEP-, la agrupación LIBRE no presentó ningún documento de respaldo, sobre ese extremo, habiendo utilizado sus datos de identidad de forma unilateral con el fin fraudulento de reservar espacios técnicos en la plataforma.
La inscripción unilateral realizada sin su consentimiento, vulneró sus derechos a la libre autodeterminación informática e identidad, al vincularlo públicamente a una ideología política conservadora contraria a su trayectoria social y sindical como representante del sector popular minero de Huanuni del departamento de Oruro, lo que generó cuestionamientos a su reputación en su comunidad, al ser calificado como un "traidor a la clase obrera".
Así también vulneró su derecho a la privacidad, puesto que la agrupación LIBRE tomó decisiones sobre sus datos personales sin su autorización, generando que su nombre sea expuesto en una lista de inhabilitados vinculada a una estructura partidaria que, según refiere, cuenta con antecedentes de denuncias penales por falsedad documental y que la postulación fraudulenta y la subsecuente inhabilitación del sistema bloquearon de forma definitiva su postulación legítima como asambleísta departamental, vulnerando sus derechos políticos a ser elegido.
Finalmente, solicitó que en su caso se aplique la abstracción del principio de subsidiariedad para el análisis de fondo de la presente acción tutelar, debido al inminente daño irreversible que se podría causar sobre sus derechos denunciados, considerando que ni la Ley de Régimen Electoral 026 de 30 de junio de 2010 ni el Reglamento para Inscripción, Registro, Inhabilitación, Renuncia y Sustitución de Candidaturas para las Elecciones Subnacionales de 2026, prevén la posibilidad administrativa que los delegados políticos así como los Tribunales Electorales Departamentales puedan en la vía administrativa, eliminar el registro de candidatos de la base de datos del registro electoral, por lo que el cumplimiento de subsidiariedad sería infructífero y dilatorio, pues podría recaer en un pronunciamiento negativo más aun cuando el plazo fatal para el registro de candidaturas fenecía el 5 de febrero de 2026, al margen de que el art. 27.II del referido reglamento estableció: "las candidaturas inhabilitadas no podrán ser registradas nuevamente por otro partido político o alianza, o por la misma organización política que postuló al candidato, en la misma o en otra candidatura".
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la autodeterminación informática en sus elementos de intimidad y privacidad, citando al efecto los art. 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
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