Texto del fallo
Sintesis del caso
En una acción de amparo constitucional, el accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, la aplicación objetiva de la ley, la tutela jurisdiccional eficaz, y los principios de la doble instancia y de la igualdad, por cuanto las autoridades demandadas, a su turno, rechazaron el recurso de nulidad de Laudo Arbitral, que declaró improbada su demanda de cumplimiento de contrato y probada la demanda reconvencional de resolución de contrato y declararon ilegal la compulsa planteada contra el rechazo, con el argumento de no estar el mismo fundado en ninguna de las causales señaladas en el art. 63.I y II de la Ley de arbitraje y conciliación. Con dichos argumentos solicitó la concesión del recurso de anulación. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la resolución revisada y concedió la tutela, con el argumento que se vulneró el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, por cuanto el recurso de anulación fue presentado dentro del plazo legal y por las causales establecidas en la Ley de arbitraje y conciliación.
Sintesis de la ratio decidendi
Concede la acción de amparo constitucional por vulneración al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, por cuanto se rechazó la anulación del aludo arbitral y se declaró ilegal la compulsa interpuesta contra el rechazo, no obstante que el recurso de anulación fue presentado dentro del plazo legal y por las causales establecidas en la Ley de arbitraje y conciliación
Extracto de la ratio decidendi
FJ. III.4. "En el caso en análisis, de acuerdo al documento, cuyo contenido fue extractado en la Conclusión II.1 del presente fallo, el 28 de junio de 2006, el accionante suscribió contrato de compraventa de cosa futura con los propietarios -ahora terceros interesados- de un departamento y dos garajes, estableciendo como forma de pago, el anticipo del $us9000.-, para luego ser cancelado el saldo de $us57 000.-, a través de un préstamo bancario, el cual debía ser desembolsado directamente a favor de los vendedores, crédito que sería tramitado cuando éstos presentaran todos los documentos de propiedad de dicho departamento y garajes a la entidad bancaria correspondiente, así como los respectivos planos, documentos que eran necesarios para que sea concedido dicho préstamo. Con la permisión de la cláusula décima primera de dicho contrato, que estipulaba que en casos de existir controversias emergentes de la ejecución o interpretación del mismo, se podía acudir a la vía arbitral, el accionante lo hizo, demandando a los vendedores el cumplimiento del referido contrato, argumentando que él había cancelado el monto de $us9000.-, y aprobado el préstamo bancario, los vendedores no quisieron suscribir el contrato de venta definitiva, solicitando, éstos, en todo caso un incremento al precio total acordado en primera instancia. Desarrollado el proceso arbitral, el Árbitro Único, ahora demandado, declaró, a través de la emisión del Laudo Arbitral de 21 de agosto de 2009 (extractado en la Conclusión II.12 del presente fallo), improbada la demanda de cumplimiento de contrato, mientras que declaró probada la contrademanda reconvencional de resolución de contrato que habían interpuesto los vendedores dentro del referido proceso arbitral, disponiendo entregas y devoluciones de dineros entre ambas partes. No estando conforme con dicho Laudo Arbitral el accionante interpuso, dentro del plazo estipulado por la LAC, la anulación del referido Laudo, señalado en la Conclusión II.14 del presente fallo. Sin embargo, el Árbitro Único determinó el rechazo de la concesión del mismo, mediante Auto dictado el 21 de septiembre de 2009, citado en la misma Conclusión indicada, con los argumentos ya referidos ut supra. Ahora bien, contra dicho Auto de 21 de septiembre de 2009, el accionante indica que interpuso recurso de compulsa, el cual fue declarado ilegal por la autoridad judicial, y que habiendo sido interpuesto recurso de complementación y enmienda, fue notificado con la correspondiente Resolución el 5 de febrero de 2011. Al respecto, la autoridad codemandada, ex-Jueza Sexta de Partido en lo Civil y Comercial, que en su oportunidad resolvió dicho recurso de compulsa, al momento de presentar su informe dentro de la presente acción, admitió que rechazó la compulsa por no hallarse fundamentada en ninguna de las causales de anulación previstas en el art. 63 de dicha Ley, así como porque el accionante no realizó la correspondiente protesta sobre la concurrencia de la causal de anulación, de modo que, una vez dictado el laudo arbitral, le hubiera legitimado para invocar dicha causal. En base a lo indicado, se tiene a bien remitirse a la normativa citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, específicamente al art. 64.III de la LAC, el cual indica que se rechazará el recurso de anulación por estar presentado el mismo fuera de plazo o por no estar fundado en las causales señaladas en el art. 63 de la LAC. Asimismo, el art. 65 prescribe que si el rechazo de recurso de anulación fuera realizado al margen de los motivos referidos, se tiene previsto el recurso de compulsa ante el Juez de Partido en lo Civil de turno. En base a ambos artículos se concluye que el rechazo de la concesión del recurso de anulación sólo será posible cuando se den las causales previstas en el art. 64.III de la mencionada Ley y no por otros motivos. En el presente caso y de acuerdo a lo señalado en la Conclusión II.14 del mismo, el accionante basó su recurso de anulación en la causal del art. 63.I.2 de la indicada ley; y, además, el mismo, de acuerdo a lo referido en la Conclusión II.13 del presente fallo, fue presentado el día en que fue notificado con el Auto complementario del Laudo Arbitral, no estando, por ende, dicho recurso dentro del alcance de lo previsto por el art. 64.III de la LAC, ya referido supra; es decir, que el recurso de anulación del accionante fue presentado dentro del plazo establecido por el art. 64.I de la mencionada Ley y está fundado en las causales establecidas en el art. 63 del citado cuerpo legal. Sin embargo, el Árbitro Único, en atención a la presentación del mencionado recurso, emitió el ya indicado Auto de 21 de septiembre de 2009, citado en la Conclusión II.14, rechazando la concesión del recurso de anulación, con los fundamentos de que el accionante, durante la tramitación del proceso arbitral no habría realizado la protesta formal de las causales previstas en el art. 63; y, asimismo, porque el recurso de anulación no habría esgrimido las causales del referido art. 63 de la LAC, actuado procesal que contraviene el debido proceso, pues la primera causal de rechazo argüida por el Árbitro Único no estaba prevista por el art. 64.III, que establece las causales únicas de rechazo del recurso de anulación de laudo arbitral, y respecto al segundo fundamento, el mismo no responde a la verdad de los hechos, pues como se precisó previamente, de la lectura del recurso referido, el accionante invocó la causal señalada en el art. 63.I.2 de la indicada Ley, no correspondiendo, por ende, aplicar el art. 64.III de la misma. Por todo lo referido, se advierte que no existía motivo legal alguno para disponer el rechazo de la concesión del recurso de anulación, siendo, en consecuencia, ilegal la actuación del Árbitro Único al haber emitido el Auto de 21 de septiembre de 2009. Posteriormente, interpuesta la compulsa por parte del accionante, la Jueza ahora demandada, que conoció dicha compulsa en suplencia legal, la declaró ilegal con los mismos fundamentos con los que el Árbitro Único rechazó conceder el recurso de anulación; por lo que, a pesar de haber tenido la facultad de tramitar correctamente la compulsa, a efectos de corregir el ilegal rechazo de la concesión del recurso de anulación, no lo hizo, restringiendo evidentemente el derecho del accionante a la doble instancia y con ello del debido proceso (derechos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo), pues no aplicó correctamente las causales de rechazo del recurso de anulación, previstas en el art. 64.III de la LAC, consecuentemente, también se le negó el acceso a la justica efectiva -desarrollado en el referido Fundamento Jurídico-, pues su recurso de anulación no pudo ser considerado por la autoridad jurisdiccional; finalmente, tampoco se respetó el derecho a la igualdad del accionante -analizado en el mismo Fundamento indicado- pues, no se le permitió gozar de la igualdad de oportunidades que tienen las partes durante el proceso, para ejercer las facultades y derechos que le asistían, en este caso de acceder a una instancia de revisión del laudo arbitral impugnado, recibiendo el accionante, por ende, un trato desigual que lo perjudicó, al no haber sido escuchados sus oportunos reclamos. Por todo ello, se debe anular la Resolución judicial que declaró ilegal la compulsa presentada contra el Auto de rechazo de concesión de recurso de 21 de septiembre de 2009, dictado por el Árbitro Único, debiendo emitirse una nueva Resolución judicial de recurso de compulsa, de acuerdo a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional".
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1042/2013-L Sucre, 28 de agosto de 2013
SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA Magistrada Relatora: Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi Acción de amparo constitucional
Expediente: 2011-24867-50-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 83 de 23 de septiembre de 2011, cursante de fs. 393 vta. a 397, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eddy Gerson De La Fuente Serrano y Juan Wálter Rocha Anna en representación legal de Adolfo Rafael Pérez Camacho contra Rosmery Alcázar Almeida, ex-Jueza Sexta de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Quinto; y Juan Carlos Urenda Díaz, Árbitro Único del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO) de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de junio de 2011, cursante de fs. 331 a 335 vta., el accionante, a través de sus representantes, expuso los siguientes fundamentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se sustanció proceso arbitral “096/2008”, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO de Santa Cruz de la Sierra, interpuesto por el accionante contra Alberto Mosciaro Márquez y Delia Gil de Mosciaro, como efecto de la aplicación del contrato de compromiso de compra venta de cosa futura de un inmueble tipo departamento, suscrito con los mismos.
Dicho contrato data del 28 de junio de 2006, habiéndole dado valor de documento privado, reconocido el 29 del mismo mes y año ante Notaria de Fe Pública 14, María del Carmen Dávila, el inmueble objeto de dicho documento, consiste en un departamento actualmente construido y terminado, ubicado en el condominio “San Martín”, 3er. piso, con una superficie de 126,03 m², más una fracción común de 46,46 m², haciendo un total de 172,49 m², por el precio final acordado de $us66 000.- (sesenta y seis mil dólares estadounidenses), de los cuales debían ser cancelados $us9000.- (nueve mil dólares estadounidenses), en calidad de seña o anticipo para la reserva del departamento y garaje, que fueron entregados y cancelados a los vendedores a tiempo de la suscripción del contrato y el saldo de $us57 000.- (cincuenta y siete mil dólares estadounidenses), debían ser cancelados con financiamiento bancario y previo el desembolso de un préstamo por una institución bancaria que resultaba siendo el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
El accionante se vio imposibilitado de cancelar el saldo del precio convenido en un tiempo prudencial, debido al incumplimiento de los vendedores en la entrega de la documentación y titulación propietaria del inmueble, condición imprescindible para la obtención del crédito o financiamiento de la institución bancaria, no obstante que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. aprobó el crédito y así lo certificó en forma escrita, debiendo el mismo ser desembolsado a favor de los vendedores. Debido a dichas desavenencias y a la negativa de los vendedores de aceptar el pago del precio convenido en estas condiciones, se vieron obligados a acudir al proceso arbitral, referido supra, en base al convenio contenido en la cláusula undécima.
El Laudo Arbitral “96/08” de 21 de agosto de 2009, declaró improbada la demanda principal de cumplimiento de contrato y resarcimiento de los daños ocasionados, planteada por el accionante contra los vendedores (Alberto Mosciaro Márquez y Delia Gil de Mosciario), y probada la reconvención interpuesta por éstos en cuanto a la resolución del contrato de compromiso de venta, así como declaró improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, legitimación activa y oscuridad, contradicción e imprecisión planteadas por Adolfo Rafael Pérez Camacho, condenando a éste al pago de $us4689.- (cuatro mil seiscientos ochenta y nueve dólares estadounidenses) a favor de Alberto Mosciaro Márquez y Delia Gil de Mosciaro a efectos de reacondicionar el departamento a su estado original. Asimismo, condenó al accionante al pago de $us1050.- (mil cincuenta dólares estadounidenses), correspondientes a veintiún meses de expensas impagas al condominio, el cual debía ser realizado a favor de los vendedores. Por otro lado, se dispuso que el accionante, devolviera toda la documentación relativa al derecho propietario del departamento y de los dos garajes. Asimismo, dispuso la devolución de $us9000.-, por parte de Alberto Mosciaro Márquez y Delia Gil de Mosciaro a favor del accionante, recibidos en su momento por aquéllos en calidad de anticipo, cancelación que se debía realizar en el término de tres días computables a partir de su notificación con dicho laudo arbitral.
Considerando la manifiesta ilegalidad del Laudo Arbitral referido, conteniendo el mismo una serie de vicios procesales, dentro del término previsto por los arts. 63 “Cap.I parágrafo 2” (sic) de la Ley de Arbitraje y Conciliación (LAC) y 83, 86 y 87 del Reglamento al Procedimiento Arbitral, el accionante, interpuso recurso de anulación contra dicho Laudo en base a los agravios y fundamentos contenidos en el memorial de 2 de septiembre de 2009. El referido recurso fue corrido en traslado a la parte adversa mediante decreto de 4 de septiembre del mismo año, habiendo sido el mismo respondido el 21 de ese mes y año. En la misma fecha, el Árbitro Único, dictó el Auto Interlocutorio definitivo que resolvía rechazar la impugnación y el recurso de anulación de Laudo Arbitral con el argumento de no estar el mismo fundado en ninguna de las causales señaladas en el art. 63. I y II de la LAC. El Auto de referencia, alude al hecho de que las partes no plantearon protesta formal con relación a las causales de anulación referidas en el art. 63 de la LAC, por lo que no se ha cumplido con el requisito exigido en el parágrafo III de dicho artículo. Por el contrario ambas partes, manifestaron en forma expresa en la audiencia de alegatos en conclusiones que no había protesta con relación al proceso.
Ante la negativa de concedérsele el recurso de anulación, el accionante, interpuso contra el Auto de 21 de septiembre de 2009, recurso de compulsa presentado ante el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz, resuelto en suplencia legal por el Juzgado Sexto de Partido en lo Civil, declarando el mismo ilegal, argumentando que el recurso de anulación no se encontraba fundamentado en ninguna de las causales de anulación previstas por el art. 63 de la LAC, y que dicha omisión se había pretendido subsanar a través del memorial de compulsa, alegando extemporáneamente que el recurso de anulación se sustentaba y fundamentaba en la causal señalada en el art. 63.I.2; es decir, que el citado Laudo Arbitral resultaría ser contrario al orden público, concluyendo que el rechazo al recurso se ajustaba al precepto legal establecido en el art. 64.III de la LAC.
El Árbitro Único excedió sus atribuciones al disponer la resolución del contrato, no constituyendo la misma parte de la materia del arbitraje, sino que, por el contrario, la determinación de la referida resolución de contrato, le correspondía realizar a tribunales ordinarios.
El Laudo Arbitral o resolución final tiene como único medio de impugnación el recurso de anulación sobre la concurrencia expresa de causales que taxativamente se identifican en el art. 63 de la LAC, que en los hechos y dada la naturaleza, resulta ser una acción impugnatoria de carácter extraordinario sobre la base de expresos motivos tasados, en dicho artículo y en los casos en los que corresponda declarar la ineficacia del laudo.
El orden público, cuya vulneración es causal de anulación de laudo arbitral pronunciado en un proceso de arbitraje, comprende todos los principios que lo configuran, ya sea en su noción material, cuanto en la procesal.
Finalmente, expresó que el expediente que tramitó el recurso de compulsa “-supuestamente extraviado-” (sic), recién fue ubicado el 5 de febrero de 2011; es decir, que la notificación que resuelve la complementación fue realizada legalmente en dicha fecha.
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