Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1042/2019-S2 Sucre, 27 de noviembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 28104-2019-57-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 15/2019 de 19 de marzo, cursante de fs. 252 a 256 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Dolores Martínez Carvajal de Amonzabel contra Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Natalio Tarifa Herrera, Vocales de Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de febrero y 12 de marzo, ambos de 2019, cursantes de fs. 214 a 224; y, 227 a 229, respectivamente, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El proceso civil ordinario sobre reivindicación de terreno en la superficie perdida, por compensación o pago por el valor del terreno afectado con el resarcimiento de daños y perjuicios causados que sigue contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, concluyó con la emisión del Auto de Vista SCII-373/2011 de 10 noviembre, que revocó la sentencia y en su lugar declaró probada en parte de la demanda, por ende, le reconoce el derecho a reivindicar el valor de la fracción de 1.481,62 m2 en la zona de Horno Ck'asa de la ciudad de Sucre, afectada por la Av. de Circunvalación y peajes peatonal en las dimensiones antes anotadas; empero, solo para efectos de los trámites previstos en el "Reglamento de Urbanizaciones, Lotificaciones de Propiedades Urbanas y Reordenamiento de Áreas Urbanizadas"; el fallo de segunda instancia fue declarado ejecutoriado por Auto 15/2012 de 26 de enero, al no haberse recurrido de casación.
En ejecución de fallos, por memorial de 25 de febrero de 2014, le propuso a la entidad demandada que le compense los 1.481,62 m2, que le expropió, con otra propiedad en el mismo lugar, sin respuesta alguna. Entonces por memorial el 7 de abril de 2014, solicitó a la autoridad judicial el pago del valor real de su terreno, sin obtener respuesta. Hasta junio del 2018, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, le exigieron hacer varias gestiones, trámites, presentación de documentos, avalúos, concurrir a reuniones, pero fueron infructuosas.
Asimismo, obligada por las circunstancias, en la vía incidental solicitó a la autoridad judicial que determine el monto indemnizatorio y su pago; previo trámite concluyó con el Auto 179 de 26 de enero de 2018, que declaró probado el incidente de fijación de monto indemnizable y fijación de fecha de pago, en ejecución de sentencia, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre cancele el monto de "...$us. 393.488,64.- Dólares Americanos Bs. 2.738.680,93.- Bolivianos..." (sic), sea en el tercer día de ejecutoriada dicha Resolución.
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre apeló el Auto precedentemente señalado, con afirmaciones falsas, incluso indicaron que "...jamás se resolvió que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre tenga que indemnizar económicamente por afectación..." (sic); en respuesta solicitó la aplicación de los principios que rigen la función de impartir justicia, la protección que merece como persona adulta mayor y prohíben toda forma de maltrato que soporta por este asunto a fin de que le paguen una indemnización justa, así como el respeto a su estado de salud, ya que padece una enfermedad cardiaca; por lo que, los Vocales demandados pronunciaron el Auto de Vista SCCI-0254/2018 de 11 septiembre, que "REVOCA" totalmente el Auto 179, disponiendo en el fondo no haber lugar a la cuantificación del monto indemnizable, porque el Auto de Vista SCII-373/2011, establece la necesidad de que las partes deban dirimir ese aspecto en vía administrativa, sometiendo el inmueble a proceso de urbanización o lotificación, el indicado Auto de Vista SCCI-0254/2018:
- a)Obvió varios antecedentes documentales que constituyen verdades materiales como ser la duración de más de nueve años del proceso ordinario, cuatro años de trámites en sede administrativa (2014 a 2018), para la indemnización por afectación de terreno en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con Hoja de Ruta C-4546 (realización de varias gestiones, tramites, presentar documentos, avalúos, concurrir a reuniones), entidad que se rehusó a pagar la indemnización justa reconocida en la Constitución Política del Estado (art. 57);
- b)Omitió que es una persona adulta mayor con 77 años de edad, que goza de protección constitucional y legal, y que se encuentra afectada por una enfermedad cardiaca;
- c)Es una determinación dilatoria e indebida, pues en lugar de protegerla oportuna y efectivamente el derecho a una indemnización justa por la expropiación, la sometieron a tener que seguir resistiendo el trato ilegal e injusto, que viene soportando por más de nueve años en el referido ente municipal; por lo que, no es una Resolución que la resguarde en su derecho a una indemnización;
- d)Postergaron ilegal e injustamente el cumplimiento efectivo del fallo judicial que tiene autoridad de cosa juzgada (Auto de Vista SCII-373/2011) en el que ya se reconoció su derecho a reivindicar el valor de la fracción expropiada por dicha entidad municipal, haciendo prevalecer un proceso de urbanización o lotificación, que no corresponde en su caso, porque ya se lo hizo antes;
- e)Dejaron sin efecto todo el proceso incidental que promovió con el fin de que fije el monto indemnizatorio y se ordene al mencionado Gobierno Municipal su correspondiente pago; por cuanto, qué sentido tienen los procesos judiciales si las propias autoridades judiciales impiden o imposibilitan el cumplimiento efectivo de un fallo judicial que tiene autoridad de cosa juzgada;
- f)Incurrieron en inobservancia de los principios de celeridad, legalidad, eficacia, eficiencia, verdad material, debido proceso y armonía social, vinculados al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, con la única pretensión de su parte traducido en el pago de la indemnización justa por la expropiación, impuesto por mandato constitucional (art. 57 de la CPE); sin embargo, por Auto de Vista cuestionado, todo quedó como antes, sin solución durante los ya mencionados nueve años, en punto cero, prolongando la injusticia indefinidamente de que el nombrado ente municipal no pague su indemnización; por tanto, no cumplieron con la obligación de resolver su controversia con dicho ente municipal, que rehúsa cumplir su obligación de pagarle la indemnización a pesar de la existencia de una sentencia ejecutoriada, reprochable desde todo punto de vista;
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