Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1048/2019-S2 Sucre, 3 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción popular
Expediente: 27711-2019-56-AP Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 02/2019 de 18 de febrero, cursante de fs. 1243 a 1247 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Carlos Daniel Mostacedo Eyzaguirre en representación legal de la Cooperativa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones de "Tarija" Responsabilidad Limitada (COSETT R.L.) contra Pablo Daniel Guardia Vásquez y Juan Pablo Sánchez Orsini, Gerente General y Gerente Legal, respectivamente, de la empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima (TELECEL S.A.) -ahora TIGO S.A.-.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de febrero de 2019, cursante de fs. 413 a 444 vta., el representante de la entidad accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
COSETT R.L. y la empresa TIGO S.A. -ahora demandada-; en la gestión 2001 suscribieron un contrato por el cual dicha Cooperativa brindó el uso de sus redes públicas e infraestructura para la interconexión de sus redes de comunicaciones, estableciéndose un precio determinado para el efecto de Bs14 000.- (catorce mil bolivianos) mensuales; empero, dicho documento nunca alcanzó calidad de documento público por falta de protocolización; razón por la cual, no podía considerarse como un acuerdo entre operadores, conforme los requisitos establecidos en el art. 23 del Decreto Supremo (DS) 26011 de 1 de diciembre de 2000. Consecuentemente, en virtud al art. 32 del mismo cuerpo legal, regía la Oferta Básica de Interconexión (OBI); en cuyo mérito TIGO S.A. debió pagar a la entidad accionante, sumas ostentosamente mayores a las que canceló en observancia de la nombrada minuta; provocando una crisis grave en cuanto a la situación financiera de la Cooperativa, que a su vez generó decadencia en la prestación de sus servicios, imposibilidad de modernizar sus redes e incluso insolvencia para el pago de salarios a sus trabajadores.
Agrega, que COSETT R.L. cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales asumidas con TIGO S.A., en relación al uso y disposición por parte de la entidad ahora demandada, de su espacio físico para la instalación de sus equipos de telefonía celular, tanto en su edificio central, como en sus Subcentrales de Tabladita y Morros Blancos; empero TIGO S.A., no cumplió con el pago correspondiente por el uso del espacio otorgado, de fibra óptica, energía y postes; acumulando una deuda total de Bs109 032 199,34.- (ciento nueve millones treinta y dos mil ciento noventa y nueve 34/100 bolivianos) de los cuales Bs39 078 600.- (treinta y nueve millones setenta y ocho mil seiscientos bolivianos) corresponden al lucro cesante; por lo que, en abril de 2017 la Cooperativa instauró un proceso de controversia ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) -por incumplimiento de la OBI-; y, posteriormente inició un proceso ordinario en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a efectos de recuperar lo adeudado; empero, retiró su demanda, considerando todos los medios de impugnación existentes que podían interponerse, cuya resolución podría durar años; por lo que, recurrió a la justicia constitucional considerando la existencia del peligro de quiebra de la Cooperativa, que constituye -a su criterio- un daño irreparable, que afectaría a la población de Tarija (asociados y usuarios), además de entidades públicas como los Ministerios de Gobierno, Educación y Defensa, Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Correos de Bolivia, Gobiernos Autónomos Departamental y Municipal del mencionado departamento, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) y otras entidades.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Consideró lesionados el derecho colectivo al espacio público en relación con la "...provisión de servicios públicos como ser el de las telecomunicaciones..." (sic).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, restableciendo los derechos de COSETT R.L., los de la sociedad en general y de los usuarios a las telecomunicaciones; y, en consecuencia se ordene:
- a)Que los demandados, como representantes de TIGO S.A., procedan al pago de la suma de Bs109 032 199,34.- más actualizaciones y demás consecuencias emergentes;
- b)A TIGO S.A., el pago de costas procesales;
- c)El pago de los citados montos en el tiempo perentorio que no exceda cuarenta y ocho horas; y,
- d)Se dispongan las siguientes medidas cautelares: Anotación preventiva "de la presente demanda" en oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) de todo el país; el congelamiento de las cuentas que posea TIGO S.A. en los bancos o cualquier entidad financiera del Estado Plurinacional de Bolivia, expidiendo "las ejecutoriales de ley" para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entidades financieras y "demás autoridades según corresponda" (sic); y, se ordene el embargo de todos los bienes de entidad demandada, expidiendo "las ejecutoriales" para todas las oficinas de DD.RR., Direcciones Departamentales de Tránsito y/o Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), cooperativas de teléfonos de todo el país, procediendo de igual forma en cuanto a los bienes muebles e inmuebles que posea la entidad demandada en el extranjero.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción popular, se realizó el 18 de febrero de 2019, según consta en acta -corregida- cursante de fs. 1370 a 1389 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado, ratificaron in extenso los términos de su demanda tutelar; y, ampliándola señalaron que:
- 1)Respecto a las notificaciones, correspondía la aplicación del principio de eficacia. En cuyo mérito no podía existir nulidad por nulidad; sino que, si el acto de comunicación tuvo eficacia, era improcedente declararlo nulo. Un entendimiento similar se encontraba en la línea jurisprudencial que -sobre el tópico-, desarrolló el Tribunal Constitucional Plurinacional;
- 2)Acerca de la presentación de la acción popular, aclaró que la misma fue anterior al funcionamiento de las Salas Constitucionales; por lo que, no podía aplicarse su competencia de forma retroactiva;
- 3)La acusada omisión de pago, provocó "...un montón de defectos..." (sic) a la Cooperativa, especialmente en lo que hace a la privación de la inversión para mejorar su desenvolvimiento;
- 4)Los servicios que provee COSETT R.L. no beneficiaban únicamente a sus asociados y copropietarios; sino a toda la sociedad tarijeña e inclusive al Estado Plurinacional de Bolivia, que contaba con trescientos ochenta y ocho acciones por líneas telefónicas;
- 5)La acción popular podía interponerse contra cualquier persona natural o jurídica;
- 6)A través de esta acción de tutela, se pretendía la protección de derechos colectivos y difusos, correspondiendo considerar que COSETT R.L. activó la vía constitucional en representación "...de todas las colectividades..." (sic);
- 7)A su criterio, a diferencia de las acciones tutelares, en los casos en que se deniega una acción popular no existía un impedimento para que posteriormente pueda presentarse una nueva demanda -según su parecer así se hubiera o no ingresado al análisis de fondo-, cuando exista una necesidad de "...efectuar un nuevo análisis de la causa en el caso en particular... no se ha presentado absolutamente ninguna acción popular previa... por lo tanto tampoco existe ningún tipo de determinación judicial previa..." (sic [las negrillas nos corresponden]);
- 8)Sobre la inmediatez, era posible que se plantee la acción mientras subsista el daño a los derechos colectivos y difusos, como ocurría en su caso; y, el principio de subsidiariedad debía flexibilizarse en mérito al riesgo de quiebra de la Cooperativa y en observancia al carácter o alcance preventivo de la acción popular; y,
- 9)Según afirmó el derecho al espacio público se traduce en la satisfacción de necesidades de circulación y la provisión de servicios públicos como el de telecomunicaciones, debiendo considerarse por ejemplo el desarrollo específico de "este derecho" por la Corte Constitucional de Colombia desarrolló específicamente "este derecho". Razones por las cuales se reiteró el petitorio.
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