Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1048/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 71838-2025-144-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 058/2025 de 10 de marzo, cursante de fs. 176 a 187, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por NN en representación de su hija menor de edad AA contra Martha Callejas Astete, Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; Leonardo García Álvarez, ex Presidente; y, Leydi Laura Carreño Paredes, ex Vicepresidenta, ambos de la Junta Escolar de la misma Unidad Educativa.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 27 de febrero de 2025, cursante de fs. 6 a 10 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Directora ahora accionada, negó la inscripción de su hija menor de edad AA, para la gestión 2025, sin brindar motivo razonable de tal negativa; circunstancia por la cual, acudió a la Dirección Departamental de Educación de Oruro; instancia que, emitió la Resolución Administrativa Departamental I-251 de 14 de febrero, ordenando se proceda a la inscripción de la mencionada menor a sexto de secundaria, determinación que fue incumplida, porque contrariamente, los entonces Presidente y Vicepresidenta hoy accionados, orquestaron la negativa con argumentos discriminatorios respecto a que su hija "que es mujer", podría influir negativamente en la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, cuando esa no era una razón suficiente para impedir el acceso de su hija menor a la educación.
Asimismo, el entonces Presidente ahora coaccionado, envió mensajes contra su persona y de la menor de edad AA vía WhatsApp, convocando a los padres de familia a constituirse en la Unidad Educativa Mariscal Sucre para impedir el ingreso de las nombradas. Ahora bien, el 20 de febrero de 2025, en ocasión de que su hija ingresaba al referido Colegio conjuntamente la Defensoría del Pueblo, los padres de familia reunidos bajo las instrucciones de los entonces Presidente y Vicepresidenta hoy coaccionados, procedieron a retirarla mediante gritos y empujones refiriéndole que su hija no debería estar allí por ser colegio de varones; hechos que grabó y al constatar aquello, le fue arrebatado el celular a la citada menor, razones suficientes que motivaron la presentación de esta acción de defensa, para lograr el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados de su hija menor de edad AA. correspondiendo la abstracción del principio de subsidiariedad, por pertenecer a un grupo vulnerable.
El art. 2.V de la Ley de la Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez" -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010- vinculado con el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), el "bloque de constitucionalidad" y el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), reconoce el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y en el mismo sentido, el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), respetan y reconocen el derecho preferente de los padres de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y escoger la unidad educativa, con el fin de materializar el derecho a la educación de sus hijas e hijos, teniendo la libertad de escoger una institución distinta a las establecidas por las autoridades públicas; en ese sentido, el derecho a la educación no puede ser interrumpido por las arbitrariedades de los entonces Presidente y Vicepresidenta hoy accionadas, que no permite ejercer el derecho a la educación en igualdad de oportunidades; ya que, se priva a su hija del acceso a la Unidad Educativa Mariscal Sucre, simplemente por ser mujer, fomentando de esta manera una sociedad injusta que la retrotrae a un estado arcaico y sin considerar que los derechos son progresivos.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos, a la educación, a la libertad y a no sufrir discriminación; citando al efecto los arts. 17, 23 y 77 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)Proceder a la inmediata inscripción de su hija menor de edad AA en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y se ordene a la Directora hoy accionada, adoptar las medidas educativas y psicopedagógicas para reponer las horas educativas perjudicadas; y,
- b)Prohibir a los miembros de la Junta Escolar de la citada Unidad Educativa, interrumpir, restringir o realizar cualquier acto en contra del derecho a la educación, en todos sus elementos.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 175, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo; manifestó que:
- 1)Su hija menor de edad AA cursó hasta el cuarto grado de secundaria en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, habiéndose trasladado a la ciudad de Cochabamba, por cambio de residencia; y al retornar nuevamente a Oruro, solicitó su inscripción en la misma Unidad Educativa, lo que desvirtúa que no exista infraestructura y que la menor no hubiese convivido en la misma; puesto que, la negativa a su ingreso emerge de los miembros de la Junta Escolar ahora accionados, quienes -reiteró-, fueron los que convocaron a reuniones tanto a padres de familia como a los alumnos del establecimiento educativo; y,
- 2)Quienes ocasionaron las ideas retrógradas que no condicen con la Constitución Política del Estado, fue la Directora hoy accionada de la referida Unidad Educativa, además de desconocer que los centros educativos deben ser mixtos; por lo que, la simple voluntad de los ahora coaccionados, no puede sobreponerse a la Norma Suprema.
I.2.2. Informe de la autoridad y personas particulares accionadas
Martha Callejas Astete, Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, a través de su abogado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, alegando que:
- i)El Ministerio de Educación anualmente emite diferentes instructivos y resoluciones ministeriales estableciendo el cronograma de inscripciones que debe aplicarse en todo el territorio nacional, y para la gestión 2025, la "Resolución Ministerial 0001/2025", que aprobó las Normas Generales para la citada Gestión Educativa del Subsistema de Educación Escolar, estableció el plazo para las inscripciones escolares del 20 al 24 de enero del citado año, en las unidades educativas; sin embargo, la parte accionante se constituyó en la citada Unidad Educativa fuera del plazo establecido para la inscripción, habiéndole explicado que precluyó el periodo de inscripciones, y aclarándole que no se negó el ingreso de la menor de edad AA por razón de sexo, edad, color y/u otra razón;
- ii)La parte accionante retornó a la referida Unidad Educativa, con la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, en cuyo cumplimiento se inscribió extraordinariamente a la referida menor, conforme lo dispuesto por el Director Distrital de Educación de Oruro, habiendo al efecto el 19 de igual mes y año, impreso el formulario de inscripción de estudiantes extemporáneos, aspecto que se hizo conocer el 24 del mismo mes y año, a la Dirección Departamental de Educación del citado departamento, para la habilitación del sistema de inscripción; es decir, que al momento de la interposición de esta acción de defensa ya se había procedido a la inscripción de la estudiante AA, probando con ello que su persona no coartó, amenazó ni vulneró el derecho a la educación denunciado; y,
- iii)Contestando a las interrogantes de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por qué la negativa de la inscripción de la citada menor, explicó que los padres de familia le transmitieron su molestia al conocer inicialmente que la madre de la menor de edad AA, tuvo denuncias de malos manejos y otros antecedentes, como de la "Resolución de 2020 de la DNA", en la que recomendó se autorice el cambio de colegio de la nombrada, porque tuvo roces con algunos compañeros, de cuyo resultado tres fueron expulsados, considerando que ello se debió a la falta de condiciones de infraestructura de la referida Unidad Educativa siendo la preocupación ese aspecto de los padres de familia, lo que ocasionaría mala interpretación con la estudiante, siendo esa la susceptibilidad de los progenitores, quienes no se oponen al tema del sexo, sino a la infraestructura.
Leonardo García Álvarez, entonces Presidente y Leydi Laura Carreño Paredes, entonces Vicepresidenta, ambos de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, en audiencia, manifestaron que:
- a)Se deniegue la tutela solicitada; puesto que, ya no son miembros de la Junta Escolar; sin embargo, ante la denuncia de que supuestamente tomaron medidas de hecho para impedir el ingreso a la citada Unidad Educativa a la parte accionante, habiendo para ello, convocado a los padres de familia, cabe señalar que se distorsionó la génesis del conflicto, que surgió porque la madre de la menor de edad AA realizó mal manejo de unos dineros; razón por la que, se auto convocaron y reunieron los padres de familia para poner el hecho en conocimiento de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, mediante tres notas y de ninguna manera con el fin de impedir el ingreso de la referida menor al establecimiento;
- b)Se convocó a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), para que intervengan en el conflicto, elaborándose los informes respectivos, en los que se recomendó a la progenitora de la menor de edad AA la transfiera a otra unidad educativa, al no contar la mencionada Unidad Educativa con la infraestructura adecuada para que ingrese entre quinientos alumnos varones; por cuanto, ni las profesoras cuentan con baños a los que acuden fuera del citado establecimiento educativo;
- c)Asumieron conocimiento de la emisión de la Resolución Administrativa Departamental 358/2025 de 6 de marzo; por la cual, la Dirección Departamental de Educación del citado departamento, dejó sin efecto a su similar que autorizó la inscripción de la referida menor a la referida Unidad Educativa, autorizando su transferencia a otra Unidad Educativa, considerando que la decisión adoptada se debió a la falta de condiciones, como por el interés superior de la estudiante;
- d)En respuesta a la pregunta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al entonces Presidente ahora coaccionado; manifestó que, la madre de la estudiante, es conflictiva, razón por la que, los padres de familia se oponen que se la inscriba en el mencionado Colegio, porque por alguna situación, presenta demandas, existiendo conflictos con la estudiante cuando estuvo en la referida Unidad Educativa de manera presencial el 2019, virtual en 2020 y semipresencial 2021, hasta que el 2022 se retiró de dicho Colegio; y,
- e)Por su parte, la entonces Vicepresidenta ahora coaccionada, absolviendo la consulta de la referida Sala Constitucional expresó que el 2020, la "D.I.O" -Dirección de Igualdad de Oportunidades-. recomendó el cambio de Unidad Educativa de la señalada menor de edad, porque cuatro estudiantes fueron expulsados por conflictos que se suscitaron, permaneciendo en la mencionada Unidad Educativa la estudiante, quien pasó clases virtuales por la pandemia, luego semipresencial y finalmente presencial hasta que se retiró del colegio el 2022; no siendo evidente, que fue objeto de bullying, sin tener en ese tiempo mucho contacto con los demás alumnos.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Germán Cardozo Olguín, Director Departamental de Educación de Oruro, por memorial presentado el 10 de marzo de 2025, cursante de fs. 37 a 40 vta., manifestó que:
- 1)En atención a la solicitud de la parte accionante, el 14 de febrero de igual año, pronunció la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, autorizando la inscripción excepcional de la estudiante menor de edad AA, al sexto grado de educación secundaria comunitaria productiva dentro de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria de la ciudad de Oruro;
- 2)Como resultado de esa autorización, surgieron cuestionamientos, observaciones y solicitudes de la comunidad educativa que consideraron inadecuado el ingreso de la estudiante a un colegio compuesto íntegramente por quinientos estudiantes varones, básicamente por los presuntos peligros a los que estaría expuesta la menor de edad AA, así también por temas vinculados a abusos y agresiones de carácter sexual, como a la carencia de infraestructura sanitaria y de vestidores adecuados para su comodidad y seguridad; y,
- 3)Transcurrido el tiempo, el conflicto fue creciendo, esencialmente por la posición que asumió la madre de la mencionada menor, quien a sabiendas del rechazo de la comunidad educativa, persistió en su propósito de mantenerla en la citada Unidad Educativa; por esa circunstancia, y velando por su interés superior, tuvieron que intervenir instituciones que resguardan derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, como la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que llegó a las siguientes conclusiones:
- i)Los padres de familia están preocupados por la presencia de la referida menor de edad y temen que por cualquier malentendido o conflicto sus hijos salgan perjudicados; además, tampoco existe infraestructura adecuada para ella, tanto en las aulas como en los baños porque la unidad educativa está en construcción;
- ii)Los profesores por la emergencia, comparten baños con los estudiantes y las profesoras salen del establecimiento a baños en el exterior, también se estableció que por esos actos de violencia se estaría generando un estado de aflicción e inestabilidad emocional en los estudiantes del plantel educativo;
- iii)La DIO, respaldándose en las disposiciones legales contenidas en los arts. 60 de la CPE, 12 del Código Niña, Niño y adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; y, 1 y 2 de la Ley de la Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez", bajo el precepto constitucional del vivir bien y velando por el interés superior de la referida menor, concluyó que por la carencia de infraestructura adecuada; por el conflicto social entre la citada menor y los estudiantes de sexo masculino que repercute en sus progenitores y que resulta en actos de violencia, recomienda a la progenitora tomar en cuenta esos antecedentes; a la Unidad Educativa mejorar su infraestructura; a la Dirección Distrital de Educación del citado departamento, considerar el análisis de la Resolución 001/2025 y una valoración psicológica a los estudiantes;
- iv)Por otra parte, el Informe Social evacuado por la DIO, advierte las mismas falencias y peligros, haciendo énfasis en que la estudiante ya habría tenido inconvenientes con sus compañeros en años pasados y ante la eventualidad de que los mismos se reactiven con consecuencias mucho más graves, recomendó a la progenitora que velando por el bien de su hija, la cambie a una unidad educativa cercana a su domicilio;
- v)Corresponde informar que la estudiante AA, anteriormente fue estudiante de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y por esas y otras causas, mediante Resolución Administrativa 001/2020 de 5 de marzo, emitida por la DIO del Gobierno Autónomo Municipal del mencionado departamento, se autorizó su transferencia a otra unidad educativa mixta cercana a su domicilio;
- vi)La Dirección de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, informó sobre la gravedad de los conflictos suscitados como emergencia de la inscripción de la estudiante AA, puntualizando que existe un total rechazo de los padres, estudiantes y comunidad a su ingreso, generándose en caso de confirmarse la inscripción, una espiral de violencia permanente en contra de la estudiante, además de la falta de infraestructura;
- vii)La Unidad de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, presentó un informe con placas fotográficas, que muestra el actual estado de los sanitarios en construcción, así como otras obras civiles, que permite objetivamente establecer que las condiciones físicas del establecimiento educativo no son las más adecuadas;
- viii)El 26 de febrero de 2025, la Junta de Padres de Familia de la citada Unidad Educativa, hizo llegar un pronunciamiento solicitando que se solucione el conflicto suscitado como resultado de la inscripción de la estudiante; y,
- ix)La Dirección Departamental de Educación del referido departamento, en ningún momento privó del derecho al estudio a la estudiante AA, en esa dimensión, es también su obligación, velar porque el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolle en un espacio y ambiente de calidad, calidez, seguridad física e intelectual; en ese antecedente, velando por el interés de la estudiante, el 6 de marzo del mismo año, se emitió la Resolución Administrativa Departamental 358/2025, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, que prioriza el bienestar intelectual y psicológico de la estudiante y dispone su traslado o inscripción inmediata en otra Unidad Educativa.
Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Delegado Defensorial Departamental de Oruro, mediante informe NE: DP/DDOR/035/2025 de 6 de marzo, cursante a fs. 27 y vta., y en audiencia, manifestó que:
- a)El 18 de febrero de 2025, se registró el caso DP/SSP/4128/2025, por el que la parte accionante solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para que su hija acceda a su derecho a la educación, luego de solicitar su inscripción excepcional y obtener la autorización dispuesta en la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025; sin embargo, señaló que la Directora ahora accionada, le dio largas y a la fecha de presentación de su solicitud, desconoce si se cumplió lo ordenado; por lo que, la menor de edad AA no pasa clases, igualmente refirió que existiría una oposición de los padres de familia, para que ingrese al establecimiento;
- b)Se efectuó el acompañamiento al padre de familia y a la referida menor, de manera que el 20 de febrero de 2025, a las 14:30 horas, se constituyeron en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y al pretender ingresar, se presentaron madres de familia que se pusieron en fila y no permitieron el ingreso de la estudiante señalando que es un establecimiento de varones y que no podía ingresar por ser mujer, añadiendo que la madre de la citada menor tiene deudas pendientes. Al indicarles que cuenta con toda la documentación para consolidar su inscripción, fueron empujados a la salida de la citada Unidad Educativa y luego cerraron las puertas impidiendo el ingreso de las personas, con excepción de los estudiantes varones que iban llegando al plantel educativo; motivo por el cual, la menor de edad y su padre, se retiraron, quedando únicamente el personal de la Defensoría del Pueblo, para pedir una reunión con la Junta de Padres de Familia, Dirección Departamental de Educación de Oruro y la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; y,
- c)Como Defensoría del Pueblo inició una investigación que seguramente va a determinar las responsabilidades que correspondan al sistema educativo y a los particulares que impiden que setecientos cincuenta y un estudiantes pasen clases de manera normal por la decisión de algunas personas.
Boris Delgado Gutiérrez, Director de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en audiencia, manifestó que:
- 1)Como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, nunca recibieron una denuncia de la parte accionante o de sus abogados pidiendo su intervención, y únicamente ante la convocatoria del Delegado de la Defensoría del Pueblo, tomaron conocimiento de la existencia de un conflicto en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, y en ese contexto, fueron consultados, desconociendo que la estudiante estaba inscrita, y enviaron especialmente a Trabajo Social para que efectúe las averiguaciones correspondientes y si existen condiciones para que realice las averiguaciones respectivas;
- 2)Cuestionó la competencia de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, para otorgar ese tipo de resoluciones porque rompió el conducto regular; ya que, inclusive, la Dirección Distrital de Educación del citado departamento, desconoce la solicitud de inscripción; puesto que, se saltó directamente a la citada Dirección Departamental de Educación; y,
- 3)En la última parte del informe social se recomienda claramente a la Directora hoy accionada realizar las gestiones necesarias para permitir el acceso a las estudiantes de sexo femenino y que no exista ningún percance en el momento de la inscripción; puesto que, el derecho a la educación está garantizado en la Constitución Política del Estado; sin embargo, deben existir condiciones, en este caso incluso el personal docente de sexo femenino debe acudir a un baño público fuera del establecimiento, habiendo tomado conocimiento la Dirección de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento, recientemente ingresó a restaurar los baños; es decir, que no existe una infraestructura adecuada para el plantel femenino; razón por la cual, se sugirió a la madre que vea la conveniencia de cambiar a su hija a otra unidad educativa; sin que con ello, se advierta la vulneración a su derecho a la educación.
I.2.4. Resolución
Mostrando 28 de 138 parrafos.