Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a los principios de dirección judicial del proceso, a la seguridad jurídica, legalidad y celeridad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, pidió en reiteradas veces al Juez demandado, disponga audiencia de cesación de su detención preventiva, señalándolo en varias ocasiones fuera del plazo previsto en el art. 239 del CPP, siendo que el 18 de junio de 2019 ya se cumplió los seis meses del plazo de la etapa preparatoria, agravando de esa manera su situación jurídica al no haberse llevado adelante ninguna de las audiencias programadas contando la autoridad demandada con la competencia para llevar adelante dichas solicitudes, pese a que el Ministerio Público ya habría presentado acusación formal.
Sintesis de la ratio decidendi
Se concede la acción de libertad por dilación indebida, toda vez que el juez demandado que tenía el control jurisdiccional de la causa, debe conocer y resolver dicha solicitud pese a la presentación de la acusación, tomándose en cuenta que esta última no fue radicada en el tribunal correspondiente; consiguientemente, el proceso penal en cuestión aún se halla bajo competencia del juez ahora demandado.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.3 “…el impetrante de tutela en reiteradas oportunidades solicitó se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo que ninguna de ellas se llevó adelante para resolver su situación jurídica; al respecto, se constata que la audiencia de 11 de junio de 2019, se suspendió porque todos los Jueces asistieron a la visita carcelaria al Centro Penitenciario Palmasola; empero, la nueva audiencia señalada por la autoridad judicial demandada, debió ser dentro los plazos de Ley y no fuera del mismo; es decir, tal como establece el art. 239 del CPP, lo que es vulneratorio a los derechos del ahora accionante; en tal sentido, se concluye en virtud el plazo de los cinco días, no solamente en la audiencia del 11 de junio de 2019, sino también en la del 24 de igual mes y año, que la autoridad demandada tenía la obligación de llevar adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva, la que no debió suspenderse por ningún motivo. Al respecto, el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, señala que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En ese sentido, los hechos mencionados, claramente denotan una flagrante dilación por parte de la autoridad judicial demandada, al no evidenciarse de los antecedentes del exordio, que se hubiera materializado las reiteradas audiencias solicitadas por el impetrante de tutela para poder definir su situación jurídica durante un tiempo considerable; es decir, desde la primera solicitud que data del 17 de enero de 2019, hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa –18 de junio de similar año– sumado a ello la reprogramación realizada fuera de plazo establecido por Ley. Por otro lado, si bien la autoridad demandada en el informe presentado dentro de esta acción de defensa afirma que, dentro el proceso penal en cuestión, ya existe acusación formal presentada por el Ministerio Público, aspecto que también fue advertido por el peticionante de tutela en su memorial de demanda alegando que la presentación de dicho requerimiento motivará la no efectivización de la audiencia reprogramada; al respecto, corresponde tener presente el razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.2. de éste fallo constitucional que sostiene que, cuando se trata de una solicitud de cesación de la detención preventiva, es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional de conformidad al art. 54.1 del CPP resuelva dicha solicitud, aún ya se hubiera presentado la acusación, siempre y cuando, no se hubiera radicado la causa en un determinado Tribunal o Juez de Sentencia, aspecto que no aconteció en el presente caso, pues del informe presentado por la autoridad demandada, éste aseveró que “…solo hemos traído los dos últimos cuerpos (…), porque lo están alistando para remitirlo al Tribunal de Sentencia en virtud de que se ha presentado la acusación y como dice la norma, llegada la acusación debe remitirse al juez o tribunal de turno (sic); consecuentemente, el proceso penal en cuestión aún estaba bajo su conocimiento y competencia al momento de las reiteradas solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación, pues la acusación no había sido radicada en otra instancia; en ese entendido, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de éste fallo, por cuanto el Juez demandado que tenía el control jurisdiccional de la causa, debe conocer y resolver dicha solicitud pese a la presentación de la acusación, tomándose en cuenta que esta última no fue radicada en el Tribunal correspondiente; consiguientemente, el proceso penal en cuestión aún se halla bajo competencia del Juez demandado; por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1049/2019-S1 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 29819-2019-60-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 24/19 de 19 de junio de 2019, cursante de fs. 50 vta. a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Téllez en representación sin mandato de José Antonio Rosales Franco, contra Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz.
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