1051/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1051/2019-S4 Sucre, 10 de diciembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 29948-2019-60-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 135/19 de 5 de julio de 2019, cursante de fs. 1780 vta., a 1794, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Rosario Justiniano de Dabdoub contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 111 a 126 vta., la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ejecutó un procedimiento agrario bajo la modalidad de Saneamiento Simple de Oficio (SAN - SIM) sobre los polígonos 225 y 226, dentro de los cuáles se encuentra el fundo rústico denominado "El Porvenir" ubicado en el municipio de Pailón, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, dictándose después de realizado dicho trámite, la Resolución Suprema (RS) 17531 de 24 de diciembre de 2015, que atentó contra sus intereses y de los demás copropietarios del referido fundo; toda vez que, se cercenó su derecho propietario, reconociendo en su favor solo la superficie de 5 000 ha (cinco mil hectáreas), revirtiendo al Estado el derecho propietario legalmente adquirido sobre la superficie restante que era totalmente trabajada y cumplía con la Función Económico Social (FES); puesto que, dicho derecho fue obtenido por compra, dotación y sucesión hereditaria, cuyo datos agrarios provienen desde 1968, siendo anteriores a los ilegales procesos de dotación agraria denominados "BOLIBRAS I y II".

Es así que una vez notificada con la referida Resolución Suprema, de manera conjunta con los otros copropietarios, interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, proceso que una vez sustanciado mereció la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 82/2017 de 17 de agosto, que declaró improbada su demanda y subsistente la RS 17531; en el fallo que se cuestiona, las autoridades ahora demandadas, de manera simple y llana convalidaron los criterios expresados por el INRA, haciendo caso omiso a la obligatoriedad legal y jurisprudencial, vulnerando en consecuencia el debido proceso, por la excesiva arbitrariedad en que incurrieron, lesionando sus derechos a la defensa, a la propiedad privada, advirtiéndose además la falta de motivación y congruencia; al aplicarse de manera incorrecta y sesgada la normativa agraria en vigencia, como ser la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- y el Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, omitiendo además, considerar lo previsto en el art. 397 del Constitución Política del Estado (CPE), referente a la función económico social y lo establecido en los arts. 398 y 399 de la Norma Suprema.

Por otra parte, en relación a la determinación de las áreas denominadas "BOLIBRAS I y II", no se consideró que se tiene una total ausencia de precisión; toda vez que, claramente se determinó que respecto al trabajo técnico correspondiente a los expedientes 57125 y 57127 denominados BOLIBRAS I y II respectivamente, el informe técnico fue rechazado, existiendo duda razonable sobre la ubicación geográfica de dichas áreas ante la usencia de elementos precisos, puesto que, existen irregularidades tanto técnicas como jurídicas, que imposibilitaron la ubicación y posición geográfica exacta de las superficies correspondientes a los terrenos antes mencionados; asimismo, tampoco se consideró que los antecedentes de los referidos predios se encuentran anulados y sin valor legal; razón por la que, no correspondía aplicar el DS 1697 de 14 de agosto de 2013, que establece que no se reconocen posesiones legales dentro del área "BOLIBRAS I y II", infringiendo con dicha omisión, la primacía de aplicación de la Constitución Política del Estado, frente a cualquier otra disposición normativa, vulnerando el derecho a la propiedad privada previsto en el art. 56.I de la CPE, pues en lugar de administrar justicia en favor de los administrados conforme la buena fe y la verdad material, se afectaron los derechos que asisten a su persona y a los otros copropietarios del predio "El porvenir", en base a una supuesta sobreposición, que al margen de ser de ser inexacta en la determinación de su ubicación, se basó en antecedentes anulados y sin consideración alguna de que la tramitación de dichos predios son posteriores a su antecedente propietario.

Asimismo, no se fundamentó ni motivo respecto a que si se consideró a los beneficiarios del predio "El Porvenir" como poseedores respecto a cierta superficie, corresponde respetar el derecho posesorio que al margen de ser legal, existe antes de la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, teniendo además establecido el cumplimiento efectivo de la función económico social; se puede concluir, que lo considerado y dado por bien hecho, respecto a otorgar el derecho propietario únicamente sobre la superficie de 5 000 ha y declarar como tierra fiscal la superficie restante de 29 452,6844 ha, omisión que decantó en la errónea aplicación de lo dispuesto por el art. 396 de la CPE, sin considerar lo previsto en los arts. 398 y 399 de la misma Norma Suprema, conforme se tiene de las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Plurinacional y las mismas Sentencias pronunciadas por el Tribunal Agroambiental en procesos similares al presente, en cuanto a la temática de delimitación máxima de la propiedad, contemplada en la parte in fine del art. 395 de la Ley Fundamental.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso, en sus elementos de motivación y congruencia, aplicación objetiva de la ley y valoración razonable de la prueba, así como de los derecho a la defensa, a la propiedad privada y a la igualdad; citando al efecto, los arts. 56, 115.II, 180.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio