Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1052/2019-S1 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 29787-2019-60-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 3 de julio de 2019, cursante de fs. 417 vta. a 424, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Gabriela Ortega Sarmiento y Ademar Giovanni Gonzales Paniagua en representación sin mandato de Jorge Alberto Vargas Rojas contra José Eddy Mejía Montaño, Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, María Amparo Zapata Soliz, German Saúl Pardo Uribe y Samuel Vargas Siles, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 2 de julio de 2019, cursante de fs. 381 a 391 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y otra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 7 de marzo de 2019 se ordenó su detención preventiva por la existencia de los requisitos exigidos en los arts. 233.1 y 2, así como el riesgo de fuga inmerso en el 234 numerales 1, 2, 8 y 10; y peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP); considerando vulnerado su derecho al debido proceso; toda vez que, en cada audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó, en lugar de mejorar su situación jurídica, las autoridades demandadas empeoraron la misma.
Así, los fundamentos de los riesgos procesales para determinar su detención preventiva en la audiencia de aplicación de medidas cautelares fueron los siguientes:
- a)En relación al art. 234.1 y 2 del CPP y los elementos de arraigo natural, se dio por acreditado el presupuesto de familia, más no así los de trabajo y domicilio debido a que la documentación que presentó fue insuficiente;
- b)Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.8 y 10 del citado Código, éstos fueron sustentados en que sobre su persona existían diferentes denuncias y la declaración de la víctima quien indicó que fue agredida en dos oportunidades, y bajo el principio de verdad material establecida en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que implica que la verdad plasmada en el certificado de antecedentes, lo aseverado en la entrevista informativa realizada a la víctima menor, dicha prueba fue valorada en el contexto del art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, razones que determinaron por concurrentes dichos riesgos procesales; y,
- c)En cuanto al peligro de obstaculización dispuesto en el art. 235.2 del CPP, este fue sustentando en que supuestamente su persona habría abordado en una oportunidad a la víctima razón por la cual se razonó que en libertad tendría facilidad para influir de manera negativa en la víctima.
En ejercicio de su derecho a la defensa, en aplicación de lo establecido en el art. 251 del CPP interpuso apelación incidental contra la nombrada Resolución que dispuso su detención preventiva, misma que fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 26 de marzo de 2019, en el cual se determinó por acreditado el elemento de domicilio, más no logró acreditar el presupuesto de trabajo, debido a que debía demostrar objetivamente que el puesto de trabajo para el cual fue contratado se halle materialmente disponible. Tampoco se determinó como superados los riesgos procesales previstos en los arts. 234.8 y 10; y, 235.2 del aludido Código; sin embargo, en su criterio se mejoró la fundamentación de dichos peligros procesales.
Al amparo de lo determinado en el art. 239.1 del CPP, solicitó la cesación de la detención preventiva, audiencia que se desarrolló el 8 de mayo de 2019 ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba -cuyos integrantes ahora son demandados-, dicho precepto legal establece que únicamente debe demostrar que existen nuevos elementos que acrediten que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva, es así que al invertirse la carga de la prueba, no resulta posible que el Ministerio Público o la acusación particular, menos la autoridad jurisdiccional pueda empeorar dicha situación; por tal razón interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelta por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -hoy demandados- mediante Auto de Vista de 21 de mayo de 2019; quienes como los Jueces codemandados, se dieron a la tarea de empeorar su situación jurídica, adhiriendo a la fundamentación de los riesgos procesales mayores fundamentos inexistentes a momento de la aplicación de los mismos, que a la fecha le impidieron acceder a su derecho a la libertad, ello conforme a los siguientes argumentos:
- 1)En relación al presupuesto de trabajo, mediante Auto de Vista de 26 de marzo de 2019, la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal ya habría determinado que lo único que necesitaba acreditar era que dicho trabajo se encuentre disponible; sin embargo, en audiencia de cesación de la detención preventiva los Jueces codemandados, señalaron que de la prueba presentada no se podía establecer que el propietario de la tienda comercial en la que prestará sus servicios tenga la capacidad económica para poder asegurarlo en el trabajo por el tiempo de un año, o mantenerlo en esa fuente laboral, al margen de que el sueldo que percibirá se encuentra por debajo del salario mínimo nacional; razón por la cual, la documentación presentada no cumpliría con los requisitos establecidos para acreditar eficazmente el elemento trabajo, considerando además que dichas observaciones surgieron del propio debate y la declaración prestada por el propio propietario de la tienda comercial.
Al respecto, los Vocales demandados resolviendo la apelación interpuesta de su parte, en el Auto de Vista de 21 de mayo de 2019 señalaron que, con relación al elemento de arraigo natural de trabajo, no advirtieron un fundamento, real, idóneo ni objetivo respecto a la acreditación de este presupuesto, además que no se desvirtuó el fundamento expuesto por el Tribunal a quo en cuanto al ingreso económico mensual de la empresa Moto Mundo y el salario que percibiría el imputado; por lo que, consideraron que para acreditar la ocupación lícita, primero deben absolverse las observaciones efectuadas por el Tribunal de instancia, máxime si se tiene en cuenta que los elementos arraigadores de familia, domicilio y ocupación lícita hacen a un riesgo de fuga y consecuentemente deben estar debidamente sustentados y acreditados conforme a derecho.
De lo señalado, se puede evidenciar que para darse por acreditada la existencia de este arraigo natural solamente debía demostrar que el puesto al que pretendía ingresar se encontraba libre; empero, las autoridades "recurridas" ampliaron los fundamentos en sentido de que las facturas presentadas por el empleador no coincidían con sus declaraciones en relación a sus ingresos, cual si se tratasen de funcionarios de Impuestos Internos, o que pueda o no ser asegurado en la Caja -entiéndase Caja Nacional de Salud-; sin embargo, se debe considerar que existe un contrato de trabajo que debe ser respetado tanto por el empleador como por el trabajador; es decir, que será el propio empleador quien tendrá la responsabilidad de cancelar los salarios comprometidos, independientemente de que cuente o no con ingresos; respecto a posibilidad o no de que se le pueda asegurar en la "Caja" o pagar los beneficios en la "AFPs", es necesario remitirse al documento que firmó con su empleador, y en su caso tiene los medios a hacer que se respeten sus derechos ante el Ministerio del Trabajo; fundamentos en su criterio equivocados con los cuales se pretende mantener su detención preventiva; lo que evidencia que las autoridades "recurridas" vulneraron su derecho al debido proceso desde su vertiente de valoración de la prueba y motivación;
- 2)Respecto al riesgo procesal establecido en el art. 234.8 del CPP, en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 8 de mayo de 2019, los Jueces ahora codemandados, señalaron que el acusado cuenta con actividad delictiva reiterada, acreditado con la existencia de un proceso penal por el delito previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), y la defensa no presentó nuevos elementos de convicción para demostrar que dicho riesgo procesal de fuga ya no existe.
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