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TCP

1052/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
30 de julio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1052/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1052/2026-S3 Sucre, 30 de julio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción Popular

Expediente: 84459-2026-169-AP Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 02/26 de 6 de mayo de 2026, cursante de fs. 1372 a 1381 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Rolando Schrupp Rivero contra Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, ex Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; Juan José Subieta Claros y David Valda Terán, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) del referido municipio; y, Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 20 de febrero de 2026, cursante de fs. 64 a 75, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Mercado Mutualista, adquirió la calidad de propiedad municipal como resultado de la afectación y adjudicación de los predios que ocupa, mediante un procedimiento administrativo "...en el que el 13 de junio de 1984, se declaró la rebeldía de los presuntos propietarios, consolidando desde entonces un mercado" (sic).

Conforme al art. 34 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, todos los bienes del GAM de Santa Cruz de la Sierra, destinados a la prestación de un servicio público municipal -como los mercados- o a la administración municipal, son bienes patrimoniales del municipio.

Asimismo, en 1996, por determinación de la entonces Alcaldía del referido municipio, "...mediante la Resolución Municipal No.- 205/96, el año 7 de marzo de 1998, fueron trasladados todos los vendedores callejeros de alrededores del Mercado Los Pozos, luego por la Ordenanza Municipal N° 062/2002 de 7 de marzo de 1998 se ordenó que el resto de los vendedores del área de influencia del Mercado Los Pozos, sean trasladado al área municipal donde se edificó el mercado Mutualista tanto de forma física como de forma funcional" (sic).

En ese contexto, el Mercado Mutualista cumple doble función pública, por una parte, es un bien patrimonial municipal y por otra integra el patrimonio colectivo pues presta un servicio público.

Bajo este marco, el acto principal mediante el cual se lesionaron los derechos colectivos al "patrimonio colectivo" del municipio de Santa Cruz de la Sierra, de todos sus habitantes y del ente edil, es el "quebrantamiento" emergente de la emisión de la , "...para dejar sin efecto el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz sobre el mercado Mutualista; pues rebasando en dicha sentencia, el alcance de la acción de amparo constitucional interpuesta SE DEFINIÓ EL DERECHO PROPIETARIO SOBRE EL PREDIO..." (sic) a favor de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos -codemandado-, "...dejando expresamente sin efecto el derecho de la Alcaldía y de los habitantes de Santa Cruz sobre dicho predio; pues de forma prohibida se hizo análisis de prueba de documentos de propiedad, cuando esa labor sólo le corresponde a la justicia ordinaria" (sic).

Asimismo, los actos del entonces Alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos -codemandados-, vulneran el derecho colectivo al patrimonio y a la "moralidad administrativa"; por cuanto, el art. 135 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la acción popular protege derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salud pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, empero el referido Alcalde facilitó pasivamente la ilegal entrega del patrimonio colectivo.

Con relación al patrimonio público como derecho colectivo, este comprende el conjunto de bienes y recursos de titularidad estatal y de las entidades públicas para lograr el cumplimiento de sus fines. Por su naturaleza, constituye patrimonio del pueblo boliviano y es inembargable, imprescriptible e inexpropiable, por lo que no puede ser empleado para el provecho particular; en ese marco, su protección tiene por finalidad que dichos bienes y recurso sean utilizados conforme a su naturaleza y función, en procura del cumplimiento de la finalidad social del Estado, bajo criterios de eficiencia, oportunidad y responsabilidad, de acuerdo con las normas que rigen el Presupuesto General del Estado.

No obstante, el Alcalde demandado demostró inacción en la defensa del Mercado Mutualista, omitiendo de este modo su obligación de defender el patrimonio colectivo ejercido a través de la institución edil, "...ya que no existe ninguna acción interpuesta ante autoridades legales, jueces, para la defensa de los bienes del patrimonio colectivo dispuestos para la construcción del Mercado Mutualista, así como tampoco existe una demanda de reclamo del derecho propietario de los predios del Mercado Mutualista" (sic), teniendo en cuenta que, la construcción per se del mismo, supone una cuantiosa inversión municipal que debió ser protegida y reclamada mediante un proceso judicial de tipo contencioso de mejor derecho propietario, en el que se haga prevalecer el derecho colectivo al patrimonio.

Por último, el acto de "sustracción" del aludido bien municipal, lesionó el derecho a la moralidad administrativa; puesto que, al existir dos pretensiones identificadas por un lado en el título legal y legítimo del GAM de Santa Cruz de la Sierra, inscrito en Derechos Reales incluso con antecedentes dominiales y, por otro, en la pretensión de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos esta controversia no debió ser definida por los Magistrados que suscribieron la , quienes estaban impedidos de definir el derecho propietario sobre el Mercado Mutualista, "...al hacerlo se ha cometido un acto prohibido por el derecho a la moralidad administrativa, que obliga a todo funcionario a ABSTENERSE DE CIERTAS CONDUCTAS, como es definir derechos por vía del amparo constitucional" (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos al patrimonio colectivo y a la "moralidad administrativa", establecidos en el art. 232 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo:

  1. a)La vigencia del derecho colectivo al patrimonio sobre el Mercado Mutualista, mientras no sea desvirtuado mediante un proceso ordinario llevado en un debido proceso;
  2. b)La invalidez de toda prohibición a jueces y autoridades administrativas de conocer procesos judiciales de defensa de la propiedad colectiva del indicado Mercado, para que el Alcalde y otras autoridades legitimadas, así como terceros afectados puedan iniciar procesos de defensa del mismo;
  3. c)La invalidez de la en cuanto a la afectación del derecho colectivo al patrimonio "...y por haber sido firmada por la Abogada Isidora Jiménez Castro, quien nunca fue Magistrada legal para ejercer tal cargo" (sic); y,
  4. d)Se declare que la única forma de resolver el conflicto por el Mercado Mutualista entre el GAM de Santa Cruz de la Sierra y Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, es por vía del proceso de conocimiento de mejor derecho propietario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de 6 de mayo de 2026, según consta en acta cursante de fs. 1346 a 1372, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan José Subieta Claros y David Valda Terán, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito de 3 de marzo de 2026, cursante de fs. 86 a 87, manifestaron que:

  1. 1)La acción de amparo constitucional fue resuelta mediante la Resolución 189/2023 de 8 de noviembre, pronunciada por los entonces Vocales Alain Núñez Rojas y Diego Ramírez Cruz, quienes en ese entonces integraban las Sala Constitucional;
  2. 2)Elevados los antecedentes en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la , mediante la cual confirmó ka Resolución 189/2023,y en consecuencia concedió la tutela solicitada;
  3. 3)La indicada Sentencia Constitucional Plurinacional adquirió autoridad de cosa juzgada constitucional, lo que implica su inmutabilidad, obligatoriedad y fuerza vinculante; y,
  4. 4)Encontrándose la causa en fase de ejecución, no corresponde emitir criterio u opinión sobre el fondo de la decisión constitucional.

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