Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO ACLARATORIO DE LA Sucre, 3 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 29824-2019-60-AAC Departamento: Tarija
I. ANTECEDENTES
La suscrita Magistrada, al tiempo de suscribir la , pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional, manifiesta su conformidad con la decisión de conceder en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 83/2019 de 18 de junio; y determinando que los Vocales de la Sala Civil Comercial, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Tarija, emitan una nueva Resolución observando los argumentos expuestos en la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional; ante la evidente lesión del derecho -del accionante- al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y congruencia.
Sin embargo, a través de este Voto Aclaratorio, manifiesto mi desacuerdo con la falta de pronunciamiento respecto a la determinación de responsabilidad de las autoridades demandadas y el pago de costas, aspectos que también fueron solicitados por el peticionante de tutela; empero, a pesar de los criterios contrapuestos de ambos Magistrados respecto a este cuestionamiento, no sometí la presente causa a un trámite para dirimir la misma, ameritando la Aclaración de Voto, con la finalidad de viabilizar su emisión, respetando los razonamientos efectuados por el Magistrado Relator, en la , la cual, debió emitir pronunciamiento al respecto, tal cual se analizará a continuación:
II. FUNDAMENTOS
II.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
- a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
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