1055/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1055/2019-S2 Sucre, 3 de diciembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 29786-2019-60-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 0043/2019 de 2 de julio, cursante de fs. 371 a 375, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Misael Agustín de la Colina Palomino contra Rubén Marcelo Leiva Lazcano, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 y 19 de junio de 2019, cursantes de fs. 345 a 359; y, 363 a 365, el accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la comisión del delito de robo agravado; el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso el 17 de julio de 2017, su detención preventiva en el Centro Penitenciario "San Sebastián Varones" de esa ciudad; causa en la que se emitió a su vez la Sentencia 14/2018 de 19 de abril, condenándolo a la pena de cuatro años de presidio.

El 15 de noviembre de 2018, se suscitó una pelea en el interior del Centro Penitenciario en la que no tuvo participación alguna, detallándose incluso en el informe policial de 16 de ese mes y año, emitido por el Jefe de Seguridad del Penal, que se advirtió al acercarse al mezanine donde se estaban protagonizando riñas y peleas entre internos, que gran parte de la población penitenciaria se encontraba alterada e intentando agredir a internos entre los que se refirió a su persona, habiendo podido evitar la agresión y llevarlos a celdas de aislamiento. Por otra parte, mediante Voto Resolutivo de 16 de igual mes y año, el Consejo de Delegados del recinto carcelario solicitó que él y otros internos sean trasladados a otro Penal por haber estado en distintos establecimientos penitenciarios, siendo trasladados por su mal comportamiento, resultando dicha aseveración falsa respecto a su persona, por cuanto en el único Penal en el que fue recluido es en el de "San Sebastián Varones".

Precisa que, mediante Resolución Disciplinaria 047/2018 de 26 de noviembre, el Director a.i. del Recinto Penitenciario invocó que se hizo cargo de la función de Jefe de Seguridad del Penal, detallando los hechos suscitados el 15 del mes y año señalados; aseveración contradictoria porque no realizó tal labor menos presenció los hechos de ese día, evidenciándose que en dicho fallo disciplinario el indicado transcribió textualmente el informe policial de 16 del mes y año precitados, de riñas y peleas, expedido efectivamente por el Jefe de Seguridad del Penal, no habiendo explicado ni aclarado, sin embargo, que hacía referencia o transcripción de dicho actuado policial; sancionándolo a partir de dicha Resolución por la comisión de faltas muy graves previstas en el art. 130.4 y 5 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), con relación al art. 133.5 de esa Ley.

En virtud a lo descrito, formuló recurso de apelación contra la Resolución Disciplinaria mencionada, indicando en lo esencial como puntos de agravio que no se hizo constar qué elementos de prueba existen en su contra para mantener la "hipótesis de los policías y el Gobernador" ni cómo se adecuó su conducta a las faltas aludidas sancionándolo de forma ilegal con sesenta días de aislamiento, careciendo el fallo de fundamentación y motivación al ser procesado por faltas respecto a las que no se identificaron pruebas ni se individualizó su conducta al efecto. No obstante, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, demandado, emitió el Auto de 8 de enero de 2019, confirmando la Resolución apelada, con una evidente falta de fundamentación, motivación y congruencia. Así consignó incluso una Resolución "018/18", dictada por la Directora del Centro Penitenciario "San Sebastián Mujeres", sin corresponder dicho fallo al impugnado y dictado en su contra; de otro lado, se refirió a la sanción disciplinaria impuesta en virtud al art. 130.4 de la LEPS, obviando que la Resolución Disciplinaria 047/2018, lo sancionó por supuestamente enmarcar su conducta en el art. 130.4 y 5 de la Ley mencionada, omitiéndose en ese sentido un numeral respecto al que debía también efectuarse un análisis.

Enfatiza que el fallo cuestionado no identificó claramente los puntos de agravio reclamados en alzada, indicando que éstos serían únicamente que la sanción disciplinaria carece de elementos de prueba y que él sería la víctima, resultando ello diferente a lo expuesto en su apelación, lo que llevó a que no se resuelvan todos los aspectos impugnados. Adicionalmente, debe considerarse que el Auto impugnado hizo referencia al informe de 26 de noviembre de 2019, como única prueba en la que se sustentó, sin que el mismo hubiera sido considerado o mencionado en la Resolución Disciplinaria o en la apelación, sustentándose por ende en una prueba "que no había sido nombrada, valorada ni consignada" (sic), extendiendo su pronunciamiento a cuestiones no sometidas a su conocimiento, no habiendo efectuado siquiera una valoración de la misma en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba.

Finalmente, resalta que en virtud a lo descrito es evidente que el Juez demandado no determinó con claridad cuáles son los hechos atribuidos a su persona para que sea sancionado por la comisión de faltas muy graves, no identificando cuál fue su conducta en los hechos acaecidos el 15 de noviembre de 2018, sin individualizar tampoco todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, en específico la solicitud de traslado de penitenciaria de forma urgente y acta de declaración policial que prestó; a más del informe social 019/2019 de 7 de enero, por el que la Trabajadora Social del Juzgado informó que de la entrevista del Delegado y Sub Delegado del Centro Penitenciario, éstos desconocían su participación en los hechos que le fueron atribuidos. Teniendo su pedido de dejar sin efecto el Auto de 8 de enero de 2019, relevancia constitucional, considerando que se encuentra cumpliendo condena un año, diez meses y veintiséis días, respecto a una condena de cuatro años; encontrándose en consecuencia habilitado para tramitar el beneficio penitenciario de redención al haber cumplido las dos quintas partes de su pena y así poder acogerse al beneficio de extra muro o libertad condicional con una "nueva pena o pena disminuida"; empero, al ser sancionado por faltas muy graves no puede efectuar el trámite de redención señalado en virtud al art. 138.7 de la LEPS, que prevé como requisito a ese fin no haber sido condenado por faltas graves o muy graves en el último año.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Estima lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio