Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2019-S1 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 30150-2019-61-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 54/2019 de 11 de julio, cursante de fs. 324 a 334; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Silvia Arancibia Vargas, Directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) Beni contra Esteban Miranda Terán y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; Pazzis Grover Vega Méndez y Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocales de la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, Julio César Suárez Dorado, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo del aludido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de julio de 2019, cursante de fs. 242 a 252 vta., la parte accionante manifiestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el fenecido proceso laboral seguido en su contra por pago de vacaciones a instancia de Tyrone Tordoya Bejarano en representación de José Eduardo Hidalgo Rocha, con el argumento que el antes mencionado prestó sus servicios en el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) Beni, de manera ininterrumpida desde el 2 de mayo de 2006 hasta el 7 de marzo de 2013, cumpliendo al efecto, un tiempo de servicio de seis años, diecinueve meses y cinco días, sin que se le hubiera dado descanso físico y mental. Se contestó negativamente a la demanda, por cuanto el demandante fue designado como psicólogo de la Unidad de Asistencia Social y Familia de la referida Institución con un haber mensual de Bs4 500.- (cuatro mil quinientos bolivianos) que dependía de la partida presupuestaria 12100 correspondiente a la planilla de inversión de la referida Unidad. Además dicha contratación se realizó en virtud de la Resolución Ministerial (RM) 432 de 10 de julio de 2012, que aprobó los clasificadores presupuestarios para el 2013, que hace referencia al clasificador por objeto del gasto en el que se encuentra la partida presupuestaria 12000 "empleados no permanentes'' que tiene por objeto gastos para remunerar los servicios prestados y otros beneficios a personas sujetas a contrato en forma transitoria o eventual para misiones específicas programas u proyectos de inversión, considerando para el efecto la equivalencia de funciones y la escala salarial de acuerdo a la normativa vigente, del mismo modo dentro de ésta clasificación se deriva la partida 12100 (personal eventual), por lo que, se adjuntó prueba que no fue valorada, documentales que demuestran que el demandante -hoy accionante- no fue contratado como funcionario público ya que jamás cumplió un año ininterrumpido de prestación de servicios siendo que su contratación era por cada gestión.
Agregó que, concluido el proceso laboral en primera instancia el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo del departamento de Beni -autoridad ahora codemandada- emitió Sentencia 96/2016 estableciendo que el SEDEGES Beni no demostró que el actor fue contratado conforme al art. 6 del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y más bien por el contrario se evidenció que este estaba comprendido en una de las categorías de los servidores públicos prevista en el art. 5 inc. b) de la antes mencionada Ley, ya que era designado anualmente para prestar sus servicios en la aludida Institución conforme se tiene de la prueba documental de cargo y de descargo.
Señaló que, siendo evidente que la referida Sentencia causó agravios al SEDEGES Beni, el 12 de octubre de 2016, interpuso recurso de apelación, debido a que existió una errónea aplicación e interpretación de la Ley 2027 al determinarse la calidad de funcionario provisorio (art. 5) descartando que sea personal eventual bajo la partida 12100 como se demostró por informe y certificación -no refiere fechas-, pues el hecho de no haberse adjuntado contrato alguno por el cual a decir del Juez de primera instancia, no sería personal eventual, sino más bien, al ser designado vía memorándum se constituiría en funcionario de libre designación, sin importar la partida presupuestaria prevista en el clasificador presupuestario del 2013, no correspondiera beneficios como vacaciones a este personal según el antes mencionado clasificador estando sus derechos y obligaciones previstos en el contrato, de igual manera tampoco se consideró que la contratación es anual, pues cada año se lo nombraba en el cargo, por lo que, no se acumulaba el año para el cómputo de la vacación, debido a que se interrumpía; consiguientemente, el agravio radica en que el Juez de primera instancia concluyó señalando que el demandante -ahora tercero interesado- era funcionario provisorio y por ello le correspondía beneficio de las vacaciones, aspecto que no es evidente conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional contenida en la .
El recurso de apelación que fue resuelto a través de Auto de Vista 21/2017 de 13 de marzo, confirmó la Sentencia impugnada con el fundamento que el SEDEGES Beni no enervó lo reclamado por el demandante, toda vez, que el contrato es el origen de la relación con la cual podría en su momento procesal desvirtuar la pretensión del demandante y ante la no presentación del mismo configura la existencia y calidad de funcionario provisorio como lo establece la normativa legal.
Manifestó que, siendo evidente que nuevamente no se realizó una valoración correcta de la contratación de José Eduardo Hidalgo Rocha -ahora tercero interesado- interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo el 26 de abril de 2017, contra el Auto de Vista 21/2017, con base a las siguientes consideraciones:
- a)Casación en la forma: Existió errónea aplicación e interpretación de la Ley 2027, por parte del Juez de primera instancia al determinarse la calidad de funcionario provisorio, respecto al demandante -ahora tercero interesado- quien a todas luces no tiene dicha calidad, ya que no se encuentra en el marco de lo previsto por el art. 57 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 -Normas Básicas de Administración de Personal- sino más bien a lo que establece el art. 6 de la Ley 2027, no obstante no vincularse vía contratos pero si mediante memorándums sucesivos con fecha de inicio y fin, sin sobrepasar la gestión o año fiscal bajo la partida 12100, por lo que, no le asiste el derecho a la vacación al no completarse el año y al no ser funcionario público; consiguientemente, el Auto de Vista recurrido no consideró los puntos apelados, pues no resolvió el cuestionamiento relativo a que si el demandante es o no considerado funcionario provisorio y como se llega a esta conclusión sin respaldo legal alguno de parte del Juez de primera instancia; y,
- b)Casación en el fondo: El demandante -ahora tercero interesado- no estaba en un cargo que corresponda a la estructura formal de cargos, ni era aspirante a la carrera administrativa, ya que, su ingreso es posterior a la vigencia de la Ley 2027, tampoco se encuentra en la previsión normativa contenida en el art. 70 de la citada Ley, en relación al art. 57 del DS 26115 pues se demostró con las pruebas de cargo -certificaciones varias- que jamás ocupo un cargo formal dentro de la planilla y escala salarial del SEDEGES Beni; es más, ni siquiera dentro de su estructura organizacional definida por el DS 25287 de 30 de enero de 1999 referida a las atribuciones y funciones del SEDEGES ya que, específicamente se aplicó indebidamente el art. 71 de la Ley 2027 en relación al art. 6 del mismo cuerpo normativo que determina las características del personal eventual, debiendo considerarse que sus derechos y obligaciones estaban pactados no solo en el contrato sino en el ordenamiento legal aplicable, para este caso los clasificadores presupuestarios que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que cada año establecen que el personal eventual bajo la partida 12100 con cargos a proyectos de inversión no deben generar ningún otro emolumento adicional que no sea su sueldo, y de manera excepcional se les viene reconociendo el aguinaldo más no así las vacaciones. Siendo esta normativa administrativa la que se inobserva en el Auto de Vista 21/2017.
Así también, el art. 7 de la mencionada Ley refiere que tratándose de personal eventual cargado a programas y proyectos de inversión, puede o no existir contrato, la eventualidad viene dada porque no existe un cargo permanente y formal dentro de la estructura organizacional de la entidad y que los recursos que se asignan a los proyectos de inversión por una gestión fiscal, una vez terminado el ejercicio fiscal anual, se otorga nuevamente memorándums de designación en la gestión siguiente, esta clase de personal no permanente se encuentra prevista en el art. 60 del DS 26115 que refiere que no están sometidos a la Ley 2027 aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos se vinculen contractualmente con una entidad pública estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyo procedimiento se regula por las Normas Básicas de Administración de Personal, presentada por el demandante en las que se evidencia de las certificaciones emitidas por Recursos Humanos (RR.HH.) del SEDEGES Beni, que los puestos ocupados por el demandante eran temporales y con cargo a la partida 12100 definido como personal eventual por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, denotándose que su nombramiento era por una gestión fiscal usualmente desde 2 de enero al 31 de diciembre, no generando antigüedad para el cómputo de vacaciones; es decir, que no cumplía el año de trabajo, lo cual se corrobora con la abundante prueba de descargo, limitándose a extrañar la no existencia de un contrato cuando el art. 60 del DS 26115 indica que para personal contratado para programas y proyectos como es el caso presente, este vínculo contractual podría o no darse, siendo que la normativa los memorándums de designación y sobre todo la no existencia formal en planilla permanente de los cargos desempeñados por el demandante denotan que era personal eventual cargado a programas y proyectos de inversión omitiéndose deliberadamente apreciar objetivamente las pruebas aportadas.
Señaló que, en virtud del recurso de casación interpuesto, el Tribunal Supremo de Justicia emitió el , confirmando en todo el Auto de Vista 21/2017; señalando que, la entidad recurrente debe establecer el nexo causal entre el hecho y la supuesta vulneración en que hubiere incurrido el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista impugnado, pues no puede limitarse a formular una simple denuncia de supuesta vulneración de derechos sin la debida fundamentación. Así también respecto a que el Tribunal ad quem incurrió en errónea interpretación de la Ley 2027 al determinar que el demandante -ahora tercero interesado- tiene la calidad de funcionario provisorio sin considerar la prueba de cargo y descargo que demostró que cumplió un trabajo eventual y con cargo a la partida 12100; se tiene de los antecedentes del caso que ejerció sus funciones como psicólogo de los Centros Maná, Chetequije, Esperanza de la Unidad de Asistencia social y Familia dependiente del SEDEGES Beni, a partir del 2 de mayo de 2006 hasta el 7 de marzo de 2013 evidenciándose mediante la documental que el mismo fue designado mediante memorándum con un haber mensual de Bs4 500 y si bien fue asignado con un nivel 3 de la planilla de personal eventual de la aludida Unidad, sin embargo, conforme establece el art. 71 de la Ley 2027 al existir diferencia entre los funcionarios de carrera y provisorios se debe considerar que la entidad recurrente no desvirtuó con prueba alguna que el actor no este comprendido como funcionario provisorio limitándose a señalar que es un trabajador eventual, cuando en los hechos el demandante trabajó en la entidad por más de seis años, asimismo, se debe considerar que conforme el memorándum de designación, el demandante era personal eventual encargado de proyectos y programas de inversión; empero, conforme lo establecido en el art. 10 del DS 27327 de 31 de enero de 2004 en caso de personal eventual que está bajo la partida 12100, es necesario que exista un contrato y que el mismo no tenga un plazo mayor a noventa días lo que no sucedió en el caso, más aun si se advierte que la parte recurrente persigue que se efectúe una nueva valoración de las pruebas aportadas por las partes, sin percatarse que la valoración y compulsa de las pruebas es atribución privativa de los jueces de instancia, incensurable en casación, a menos que se demuestra fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto aspecto que en la especie no concurrieron toda vez que la documental presentada fue debidamente valorada. En consecuencia, no se evidencia que el Tribunal de alzada haya incurrido en valoración errónea de la prueba.
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