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TCP

1057/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de julio de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1057/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1057/2026-S2 Sucre, 6 de julio de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 84701-2026-170-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 160/2026 de 26 de mayo, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abby Jhazmin Guachalla Vásquez en representación sin mandato de Alexis Trepp Cadete representante de la menor de edad AA contra Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2026, cursante de fs. 11 a 13 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gleny Sandra Nogales Nava -progenitora de la menor víctima AA-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032501194; el Fiscal de Materia asignado al caso emitió la Resolución de Rechazo F.R.L.B. 009/2026 de 25 de febrero, que le fue notificada el 30 de marzo de 2026, por lo que el 6 de abril del mismo año, objetó dicha determinación; de igual forma, el 29 del similar mes y año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, también formuló objeción contra la referida Resolución.

Posteriormente, el 5 de mayo de igual año, el cuaderno de investigación fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz conforme constaba en el Formulario "RCIER 001", a efectos de que Luis Carlos Tórrez Alarcón, Fiscal Departamental del citado departamento -ahora demandado-, resuelva las objeciones planteadas; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa -25 de mismo mes y año-, dicha autoridad no emitió la correspondiente resolución jerárquica, pese a haberse sobrepasado el plazo de diez días hábiles dispuesto por el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ante tal incumplimiento, se mantuvo paralizada la tramitación del proceso penal, impidiéndole la continuidad de la investigación. En ese contexto, la omisión de pronunciamiento oportuno constituyó una dilación indebida atribuible a la autoridad demandada "...y deja sin efecto la TUTELA DE PROTECCION A LA MENOR, propiciando que se den a lugar mayores espacios para que se siga ejerciendo los cuadros de violencia en contra de la niña." (sic).

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