1062/2022-S4

Mencionando los arts. 9, 13, 99.III y 346 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que el derecho al patrimonio como derecho colectivo, permite establecer dos variables: conservación y aprovechamiento, lo que lleva a señalar las siguientes razones que justifican conservar y preservar el Cerro de Potosí como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad:

1. a)Por su valor universal excepcional, conforme señala la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 1972, que ha permitido que en la 17ª Reunión Celebrada en París, naciera el Acuerdo de 23 de noviembre de 1972, definiendo el patrimonio cultural y obligando a los Estados parte, a proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio;
2. b)Por su autenticidad, porque la ciudad de Potosí es auténtica en cuanto a las formas y diseños del conjunto de los materiales y sustancias, la ubicación y el entorno; sin embargo, años de minería dejaron el Cerro de Potosí, poroso e inestable, y a pesar que la COMIBOL incluyó como uno de sus objetivos, la preservación de la forma, topografía y ambiente natural de la montaña, y las recomendaciones de una misión técnica del Centro del Patrimonio Mundial/ICOMOS efectuada en 2005, no fueron atendidas y partes de la cumbre de la montaña se han derrumbado; por lo que, corresponde tomar medidas urgentes y apropiadas para proteger vidas humanas;
3. c)Por el riesgo de pérdida del título de patrimonio mundial, debido a que el 2014, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, inscribió a la ciudad de Potosí en la lista del patrimonio mundial en peligro, debido a las operaciones mineras continuas y descontroladas que ponen en riesgo al Cerro de Potosí, degradando el sitio, así consta en la Decisión 40 COM 7ª.1.2014;
4. d)Porque existiría una última esperanza, a través del cumplimiento del documento, Estado de Conservación Deseado en cuya elaboración participaron los tres niveles del Estado Plurinacional, junto al Centro del Patrimonio Mundial WHC y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), precisando bajo su Valor Universal Excepcional (DVUE), que bajo determinadas medidas, se puede corregir de manera sistemática y holística quitando de la lista de patrimonio mundial en peligro, los tres hitos, incluido el Cerro de Potosí y uno de los aspectos a considerar es el tema ambiental; y,
5. e)El art. 22 de la Ley Municipal 055/2014, declaró al Cerro de Potosí como área monumental; es decir, comprende el cerro, a partir de la cumbre en su configuración actual hasta la base, y también, el cerro menor Huayna Potosí, la Capilla del Minero, los antiguos Socavones, el Socavón del Rey y todos los signos externos que dejó la minería, conforme a lo previsto y declarado en la Ley 1197 de 9 de noviembre de 1990.

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene:

1. 1)Al Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL, la paralización de actividades de todas las Cooperativas mineras que se encuentran en el Cerro de Potosí, que no cuenten con licencia ambiental;
2. 2)Se ordene, que las mismas entidades públicas, paralicen las actividades mineras arriba de la cota 4 700 m.s.n.m., y se deje sin efecto cualquier autorización al respecto; igualmente, por debajo de la cota 4 400 m.s.n.m., se dejen sin efecto todas las autorizaciones y permisos otorgados por la COMIBOL para evitar cualquier daño contingente;
3. 3)Se ordene a la COMIBOL que los contratos de arrendamiento que hayan culminado con áreas arriba de la cota 4 400, y se hayan adecuado bajo nuevos contratos cooperativos, se declaren nulos de pleno derecho por contradecir el DS 27787;
4. 4)Se instruya a la citada Corporación, de no otorgar o emitir tornaguías de óxidos, procedentes de yacimientos arriba de la cota 4 400 m.s.n.m. del Cerro de Potosí; toda vez, que su autorización amenaza la estabilidad del Cerro de Potosí y pone en riesgo su carácter de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad;
5. 5)Se ordene a EMMSA, cumplir los compromisos asumidos en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación a la restauración de las bocaminas comprometidas y el desarrollo del circuito interpretativo turístico en el Cerro de Potosí, con miras a mantener la estructura cónica y conservación comprometida en la consulta pública así como que las áreas removidas vuelvan a bocaminas abandonadas, otorgando plazos determinados;
6. 6)Se ordene también, que EMMSA, por su compromiso social con el medio ambiente y de mantener la estructura cónica del Cerro de Potosí, no recibir vía tornaguías ni comprar cargas de óxidos que sean transportadas en vehículos cuya procedencia sea del indicado cerro y que conforme a su estudio de evaluación de impacto ambiental, tiene totalmente prohibido afectar directa o indirectamente la roca dura;
7. 7)Considerando que el Cerro de Potosí es un componente de la madre tierra y por ende, sujeto de derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, el Ministerio de Minería y Metalurgia y sus dependencias, debe garantizar el derecho de las futuras generaciones de gozar de dicho Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad; y,
8. 8)En cumplimiento de las garantías de restauración de la madre tierra, de regeneración de la misma y de responsabilidad histórica, debe establecerse un monto para una efectiva restauración o rehabilitación de la estructura cónica del Cerro de Potosí, a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia, COMIBOL y EMMSA.

Juan Carlos Manuel Huallpa, Roxana Cecilia Graz Iporre y Nelson Gutiérrez Fuertes, representantes de COMCIPO, a través de sus abogados Rafael Montoya y Camilo Vera, en audiencia, efectuaron las siguientes aclaraciones:

1. i)En relación al informe emitido por la Cooperativa 10 de Noviembre, señalaron que el art. 131 de la LMM, no es aplicable al caso concreto, porque se trataría de una área nacionalizada; es decir, aquí solo involucraría a la COMIBOL, de manera que la Autoridad Jurisdiccional Minera no tiene ninguna competencia;
2. ii)Respecto al informe presentado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, y la COMIBOL, conforme al art. 61 de la citada Ley, tienen la posición de garantes en el caso del Cerro de Potosí y de los contratos de arrendamiento, que fueron suscritos en vigencia de la etapa de adecuación, se transformarían en contratos cooperativos mineros, correspondiendo preguntarse, por qué, en dicha fase, la COMIBOL renovó los mismos, vulnerando la Constitución Política del Estado; puesto que, era una especie de saneamiento para que las actividades mineras se enmarquen en la normativa ambiental, de manera que lo que se buscaría es que la entidad demandada, cumpla el DS 27787;
3. iii)La condición de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad del Cerro de Potosí, estaría demostrada a través de la prueba que presentaron, y de acuerdo a la Declaración de la UNESCO; ya que, la actividad minera está generando una degradación del sitio histórico, porque no se cumplirán las leyes de protección y conservación según la BBC Mundo; considerándose asimismo, que el Comité de la UNESCO, incorporó al Cerro de Potosí, en la lista de patrimonio en peligro;
4. iv)La COMIBOL argumentaría en sus informes y memoriales, que el DS 27787, estaría tácitamente abrogado, lo cual no es evidente como se puede leer de los propios informes de dicha entidad, evacuados en respuesta a peticiones de informe de los Asambleístas nacionales, de manera que es evidente que la afectación del Cerro de Potosí, afecta el derecho colectivo de presentes y futuras generaciones; y,
5. v)La COMIBOL seguramente pretenderá la aplicación del art. 8 de la LMM, y seguramente argüirá el carácter estratégico de la minería, el cual debe entenderse desde tres facetas, siendo uno de ellos, que los trabajos en bocamina, fuera de áreas prohibidas, beneficia a más trabajadores y no solo a una empresa o algunos cuantos; empero, el carácter estratégico de la minería debe ser entendido no solo desde el punto de vista de la importancia de la explotación en sí sino también, que esas fuentes de empleos se ejecuten en zonas seguras para no afectar un derecho mayor como es el derecho a la vida, de manera que la presente acción popular, también tiene como objetivo resguardar la seguridad de los cooperativistas; por lo que, solicitarían, se realice inspección al Cerro de Potosí.

Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Ministro de Minería y Metalurgia, a través de sus representantes legales, Lourdes Nancy Tarqui Blanco, Carla Andrea Vedia Acebey y Álbaro Fernández Plata, mediante memorial de 31 de enero de 2022, cursante de fs. 644 a 651 vta., informó que:

1. a)La acción popular planteada, sería improcedente; porque, además de que su contenido es confuso y poco claro, la causa petendi no desarrolla un acto u omisión atribuible al Ministerio de Minería y Metalurgia que podría vulnerar derechos e intereses colectivos;
2. b)En relación al conflicto de fondo, la acción popular, tendría como pretensión evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza y la vulneración o agravio sobre los derechos colectivos e identifica a la COMIBOL como administradora y operadora de las minas nacionalizadas, sin cuestionar su titularidad sobre el Cerro de Potosí; sin embargo, no realizó un análisis sobre las facultades y competencias que tiene dicha empresa pública y especialmente, omiten establecer y delimitar su relación con el Ministerio de Minería y Metalurgia; puesto que, ambas son independientes en su manejo y desarrollo institucional en el marco de sus atribuciones, funciones y competencias;
3. c)De acuerdo a la previsión del art. 75 inc. h) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, el citado Ministerio ejerce tuición sobre la empresa autárquica minero metalúrgica nacional, empresas de función, metalúrgicas, siderúrgicas y las entidades de servicio y de asistencia para la minería, entre ellas, la COMIBOL, lo que no significaría iguales o similares funciones, atribuciones y competencias entre las entidades involucradas;
4. d)Conforme prevé el art. 61.V inc. a) de la LMM, la COMIBOL ejerce derechos mineros sobre las áreas de los grupos mineros nacionalizados de acuerdo con el DS 3223, entre los que se hallaba la compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí, norma que encomienda a dicha entidad su administración y operación; con lo cual, se advertiría las funciones específicas de la empresa minera estatal;
5. e)Con relación de las atribuciones, respecto al ejercicio de la tuición desempeñada del Ministerio de Minería y Metalurgia sobre la COMIBOL, como empresa pública, las mismas se hallan dentro el marco de lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 1178; de lo cual, se emitió la RM 293/2014 de 8 de diciembre, señalando que, ante la necesidad de reglamentar en lo que corresponde a las actividades mineras preexistentes, conciliando los intereses económicos y sociales de la región con la preservación del Cerro Rico de Potosí como patrimonio histórico y monumento nacional, es que el 4 de julio de 2014, dictó la RM 135/2014, que aprobó el Reglamento para la Regulación de Actividades Mineras en el Cerro Rico de Potosí, regulando la actividad minera a través de la suscripción de contratos entre los actores productivos mineros y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), asumiendo una explotación planificada, sistematizada y racionalizada, con medidas de sostenimiento y ambientalmente responsable a partir de la cota 4 400 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) hacia los niveles inferiores, tomando en cuenta la preservación y conservación estructural y geomorfológica del cerro, determinándose que de ese punto hacia la cúspide solo se realizarán estudios geomorfológicos;
6. f)Asimismo, durante el 2017, se emitió la RM 099/2017 de 29 de mayo; por el cual, se tomaron disposiciones concretas de control sobre las actividades mineras desarrolladas en el área nacionalizada -Cerro Rico de Potosí- para su conservación y preservación debido a su situación de alto riesgo;
7. g)A todo lo anteriormente descrito, se suman las acciones que se desarrollaron desde hace varios años; así, el 2008, se conformó el Comité Interinstitucional para la Preservación del Cerro Rico de Potosí, en el que inicialmente, participaron doce instituciones, y luego se integraron el Ministerio de Minería y Metalurgia, Ministerio de Culturas, Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, COMCIPO, UATF, COMIBOL, SERGEOMIN, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, FEDECOMIN Potosí, EMMSA, Sociedad de Ingenieros de Bolivia (Potosí), Central Obrera Departamental, CADEMIN y la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí;
8. h)El 2010 y 2011, se realizaron trabajos tales como un estudio geotécnico realizado por la Consultora Ecoingeniería, levantamiento topográfico ejecutado por la Consultora SGT Ltda., estudio geofísico de la Consultora GECOH Exploration Bolivia; el 2012, se inició el proyecto de relleno hormigón aligerado H60, financiado por COMIBOL y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, ejecutado por la empresa Constructora Q&Q S.R.L.; el 2016, se inició la Fase II del proyecto de relleno, sector ejecutado por la empresa MUSOJORCO; En marzo de 2020, se realizó la última inspección por la Unidad de Geología y Minería dependiente de la Dirección de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico del Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico;
9. i)En mérito a todo ello, en mayo de 2021, el Ministerio al que representa, junto a los Viceministros de Política Minera, Regulación y Fiscalización y de Desarrollo Productivo Minero y el Presidente de la Corporación Minera de Bolivia, presentaron un proyecto para preservar el Cerro, en la reunión técnica convocada por el Gobernador de Potosí y la dirigencia del COMCIPO; y, realizada el 27 de mayo de 2021, oportunidad en la que se consideró evitar dañar la morfología del Cerro de Potosí, proyectando una solución a nivel mundial, que se ve particularmente en Chuquicamata, mina subterránea, que a criterio del citado Ministerio, sobre la base de la solución técnica que se pretendería encarar, tendría un costo de hasta $us20 000 000.- (veinte millones de dólares estadounidenses); y,
10. j)En relación a la afirmación relativa a que son escasas las cooperativas que cuentan con licencia ambiental, es la autoridad ambiental competente a quien corresponde suspender una actividad; de manera que, no concierne tal acción popular contra el Ministerio al que representa.

Eugenio Mendoza Tapia, Presidente de la COMIBOL, por memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 460 a 463, señaló que:

1. 1)Desde el punto de vista del derecho minero, el Cerro de Potosí se constituye en un yacimiento minero milenario, por la naturaleza no renovable de la riqueza minera y la importancia de su explotación para la economía nacional se constituye en fuente primordial de generación de recursos y fuente generadora de empleo y trabajo, mostrándose su carácter estratégico de utilidad pública para el desarrollo del país y el pueblo boliviano como señala el art. 8 de la LMM; precisamente, debido a las actividades mineras continuas e ininterrumpidas y a las bondades que ofrece, fue reconocido a nivel mundial, que desde un punto de vista estrictamente socio-económico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, de ninguna manera como un objeto intangible, inmaterial y vernacular, pues al contrario se reconoce al Cerro de Potosí por su historia de explotación y trabajo desarrollado por la mano del hombre, de ahí que el 9 de noviembre de 1990, se promulgó la Ley 1197, declarándolo monumento histórico, incluyendo al Cerro Chico-Huayna Potosí, la Capilla del Minero y todas las bocaminas explotadas desde la colonia; es decir, se entiende que su carácter patrimonial deviene de la propia explotación minera y el potencial de yacimiento minero que constituye en la historia de la humanidad y Bolivia;
2. 2)En cuanto al marco legal para la explotación minera, desde el ámbito cultural y legal, sin la necesidad de ingresar a una ponderación de derechos, prohibida por el art. 13.III de la CPE, se concibe al Cerro de Potosí, en primera instancia como yacimiento minero regulado por la Ley Minera, y como un momento histórico del pueblo boliviano y la humanidad; así, la Ley Minería y Metalurgia, en su artículo 8, reconoce su carácter estratégico y lo concibe como una fuente de riqueza y consiguiente desarrollo económico, social y cultural de las familias potosinas, de manera que reconociendo esa cualidad dual, se promulgó la Ley 1777 de 7 de marzo de 1997, Código de Minería, cuyo art. 44 inc. c), que prohíbe la realización de actividades mineras en la vecindad de los monumentos históricos, facultándose la continuidad de las actividades mineras preexistentes a dicha norma legal con relación a la Ley 1197, constituyéndose en excepción a la regla prohibitiva establecida en el art. 44 inc. a) del citado Código; empero la citada norma, es reglamentada en el DS 27787 de 8 de octubre de 2004, que en su artículo 2, prohíbría la realización de nuevas actividades mineras de exploración y explotación del Cerro de Potosí, con excepción de las actividades mineras preexistentes;
3. 3)Puntualizó que los contratos de arrendamiento minero suscrito con las cooperativas mineras, data de 1997, no obstante, de la vigencia positiva del DS 27787, a lo largo de ocho años aproximadamente, se promulgó la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, abrogando el contenido del Código Minero (Ley 1777), incluyendo por efecto extensivo, el DS 27787, reproduciéndose en el contenido normativo de la Ley Minería y Metalurgia, específicamente en el artículo 93.III inc. f), la indicada prohibición; no obstante, tratándose de la realización de actividades mineras preconstituidas o preexistentes (art. 130 inc. b), dicha prohibición genérica, no fue objeto de reglamentación especial para actividades mineras en el Cerro de Potosí, y menos puede reputarse una vigencia positiva por costumbre como pretende la parte accionante, siendo que el DS 27787 no fue objeto de validación y homologación por norma expresa que la mantenga en vigencia y/o se constituya en nuevo reglamento del art. 93 inc. f) de la LMM, concluyendo en definitiva, que no existe norma legal general o especial que regule las actividades mineras preconstituidas en toda la configuración del Cerro de Potosí;
4. 4)Ante dicho vacío legal, dentro de un Estado de Derecho, no pueden existir acciones u omisiones no regladas por norma legal positiva y vigente, en observancia al principio de legalidad y seguridad jurídica, menos pueden alegarse vulneración de derechos colectivos y/o difusos no reglados, como parecieran pretender los accionantes en cuanto al cumplimiento del DS 27787, actualmente abrogado; y,
5. 5)Con relación al cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente, desde la óptica estatal, los impetrantes de tutela no justificaron ni acreditaron de qué manera y cómo, la COMIBOL estaría vulnerando la ley ambiental y sus reglamentos; puesto que, la estatal minera no se constituiría en actor productivo y/o operador minero, que asiste a las cooperativas mineras.

Antonino Torrico, representante legal de EMMSA, a través de sus mandatarios, Sergio Iporre y José Luis Dávalos, en audiencia, informó que:

1. i)Exhibiendo el documento identificado como Estudio Operativo y Técnico y de Estabilización del Cerro de Potosí, primera fase, acreditaría el cumplimiento de los acuerdos verbales emergentes de las reuniones correspondientes; de manera que, la nombrada empresa, financió y elaboró los estudios pertinentes para la garantizar la estabilidad y presentación del mismo, siendo dicho estudio evacuado por la Consultora Independiente Eco Ingeniería S.A., consultores en geotécnica y medio ambiente; y, cumplieron con los compromisos asumidos;
2. ii)Presentaron el plan semestral aprobado, la licencia ambiental y todos los documentos; y, para un mejor seguimiento, expusieron también, el Programa de Seguridad, salud y trabajo, así como el plan semanal de operaciones, aprobado por la COMIBOL, reportadas e informadas a dicha entidad; además, de un informe de Geología General del depósito mineralógico del Cerro de Potosí, que da cuenta de cuáles son los trabajos que hace la precitada empresa, solamente en sectores con desmontes y pallacos; puesto que, no trabajarían en interior mina, elementos importantes que deben tenerse en cuenta para identificar que no existiría un acto u omisión comprobado o sustentado por los accionantes que permita conceder la tutela solicitada; y,
3. iii)Observaría la ausencia de hechos en relación a las acciones u omisiones en relación a EMMSA; ya que, de acuerdo al contrato, únicamente remueve material superficial, suelo, pallacos, sucos, parcelas y desmontes oxidados "nominara el mineral contenido en la roca dura del Cerro Rico" (sic), no utiliza explosivos y simplemente, levanta el material suelto cuidando la superficie del Cerro de Potosí, de manera que no es posible declarar la nulidad del mismo.

Magin Herrera López, Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, a través de memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 316 a 319 vta., informando lo siguiente:

1. a)Mencionando normativa de la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento, señaló que, respecto del fundamento expresado en la acción popular, detallado y la solicitud de inspección ocular solicitada por los accionantes; sin embargo, es pertinente señalar que de acuerdo al art. 110 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras aprobado por DS 24782 de 31 de julio de 1997, y lo dispuesto en el art. 5 del DS 28592 de 17 de enero de 2006, de darse el caso de la realización de la inspección, corresponderá que se efectúe la misma con la participación de la Autoridad Ambiental Competente Departamental de Potosí del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí;
2. b)Teniendo en cuenta los resultados que puedan obtenerse, relativos a la identificación de las cooperativas mineras que operan en el Cerro de Potosí (que pudieran tener observaciones respecto de las licencias ambientales), deben verificarse las mismas, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales; y,
3. c)En el caso de que no cuenten con licencia ambiental, es pertinente que se remita la información correspondiente al Ministerio de Minería y Metalurgia, para que se proceda a la verificación de los derechos mineros y contratos administrativos mineros, así como a la verificación del cumplimiento de los mismos, a efectos de que la AJAM, disponga lo que corresponda, debiendo considerarse al efecto, lo establecido en el art. 104 de la LMM.

Mariano Oquendo Tacuri, Presidente de la Cooperativa Minera "10 de Noviembre" de Responsabilidad Limitada (R.L.), representado por Noemí Coria Rentería, por escrito presentado el 13 de diciembre de 2021, cursante de fs. 525 a 531, señaló que:

1. 1)La Cooperativa que representa cumplió con todas las formalidades para la suscripción, con la COMIBOL, de una adenda de contrato de arrendamiento minero vigente y ampliado de 2007, y cuyo objeto legal, es permitir la explotación y extracción de minerales en el Cerro de Potosí, conforme al art. 10 inc. e) de la LMM, que se encuentra establecido en la Resolución de Directorio General de COMIBOL 3637/2007 de 24 de julio; en ese sentido, no pueden observarse los trabajos realizados por la entidad, que se encuentra trabajando legalmente, amparada por la Ley Minería y Metalurgia, especialmente por el artículo 94, que regula los derechos adquiridos y preconstituidos;
2. 2)Teniendo presente que la acción popular planteada tiene como finalidad la protección del patrimonio cultural y no el medio ambiente, no existe un informe técnico en el que participen todas las instituciones, que acredite que efectivamente, la citada Cooperativa es responsable de algún deterioro en el Cerro de Potosí, que pueda afectar su estructura, a efecto de determinar responsabilidad conforme señala la Ley Minería y Metalurgia, lo contrario, vulneraría la presunción de inocencia;
3. 3)A decir de los accionantes, que existiría amenaza y vulneración del derecho e interés colectivo en relación con el patrimonio cultural y natural del Cerro de Potosí; debido a que, muchas de las cooperativas mineras trabajan arriba de la cota 4 400 m.s.n.m., dañando su estructura cónica por afectar la roca dura e igualmente, porque no se cumple el Plan de Adecuación Ambiental y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, menos con un adecuado programa de seguridad industrial que originan un mayor hundimiento en diversas áreas del mencionado Cerro, aspecto demostrable en las inspecciones de 25 de mayo, 9 y 12 de agosto, 2, 22 y 23 de septiembre de 2021; empero, la COMIBOL, en su Informe Técnico OTP-EMUCP-554/2021, detalla las cooperativas y secciones responsables para la generación e incremento de los hundimientos, como ser: UNIFICADA, CADEMIN, CKACCHAS LIBRES y PALLIRIS, 9 DE ABRIL, EL PROGRESO, VILLA IMPERIAL, CENTRAL MIXTO y 10 DE NOVIEMBRE; por lo que, en aplicación del DS 27787, deben paralizarse actividades arriba de la cota 4 400, acreditándose así, la grave amenaza de violación del derecho e interés colectivo que ostenta el Cerro de Potosí, como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad;
4. 4)La Cooperativa Minera "10 de Noviembre" R.L. cumplió con el Plan de Adecuación Ambiental y el Plan de Aplicación y seguimiento ambiental por la COMIBOL, aspecto objetivamente demostrado en la última inspección técnica realizada el 20 de septiembre de 2021, por funcionarios de dicha Corporación, la Comisión de FEDECOMIN Potosí y la propia Cooperativa, respecto a las labores subterráneas realizadas en sus diferentes secciones, concluyendo que las labores mineras se realizan en sentido horizontal, los topes y recortes no presentan características de desarrollo vertical en positivo, haciendo constar que dicha inspección fue posterior a la señalada por los impetrante de tutela que fue realizada el 10 de agosto del mismo año; por lo que, el Informe Técnico mencionado, no puede ser considerado y valorado, al existir uno posterior y actualizado; y,
5. 5)El petitorio formulado por los solicitantes de tutela, carece de coherencia respecto a la legitimación pasiva de la Cooperativa a la que representa, deficiencia que obliga a aclarar respecto a la solicitud de anular los contratos de arrendamiento de las cooperativas que no cuenten con licencia ambiental, que el derecho cuya vulneración se acusa es el patrimonio y no el cumplimiento de requisitos legales para la suscripción del contrato de arrendamiento minero; en cuanto, a la paralización de actividades, contarían con un contrato vigente; por lo que, cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley, no pudiendo desconocerse dicho documento. Por otra parte, se solicitó la paralización de actividades mineras arriba de la cota 4 700 y por debajo de la cota 4 400 m.s.n.m.; empero, lo solicitado no se enmarca en las atribuciones de las entidades que integran la estructura institucional del sector minero, pues dicha atribución corresponde a la AJAM.

Patricia Soliz, representante de la Dirección de Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en audiencia, señaló que:

1. i)Ratificando el Informe Técnico GAMDDH-200/2001, que en su parte conclusiva, establecería y evidenciaría que el daño al Cerro de Potosí es de larga data; puesto que, desde el 2014, cuando el patrimonio declarado estaba en la categoría de estado de conservación deseado para salir de la lista patrimonio en peligro, se fue gestando la primera normativa a nivel nacional, recalcando que se presentó el Plan de Manejo de la ciudad de Potosí, patrimonio mundial UNESCO, que también fue socializado; misma que se encontraría ajustado hasta la fecha y, adjuntaría recomendaciones de íconos internacionales y el Centro de Patrimonio Mundial para un trabajo interinstitucional involucrando a actores y entidades públicas, privadas y sociedad civil;
2. ii)La Dirección de Patrimonio Histórico, a través de la Unidad de Paisaje Cultural y Natural, estaría poniendo a conocimiento las acciones y lineamientos que describe dicho Plan de Manejo y se contaría con la RM 279/2018 del Ministerio de Minería y Metalurgia, que propone acciones para preservar la morfología del Cerro de Potosí, dejando claro que también existen otros componentes que forman parte de la declaratoria de patrimonio mundial, de manera que preocupa la situación evidenciada mediante documentación escrita;
3. iii)Según la normativa de respaldo que deviene de la Constitución Política del Estado hasta la Ley 530 -Ley del Patrimonio Cultural Boliviano de 23 de marzo de 2012-, y finalmente, una norma especializada como es la Ley Municipal 055/2014, sobre la preservación de las áreas históricas de Potosí, y toda una normativa que protege lo que es la depredación del Cerro de Potosí, que se ha evidenciado a través de varios informes técnicos, de varias instituciones como es el caso de la Dirección de Patrimonio Histórico, que en este momento está saliendo en defensa del mismo a raíz del nivel de degradación y alto grado de contaminación que existe en sus alrededores que ha lastrado su valoración patrimonial y a la población; en tal virtud, el declarar patrimonio cultural de Potosí es una medida efectiva tendiente a revalorizar el Cerro de Potosí que tiene una inconmensurable riqueza histórica y arquitectónica que permitió la existencia de la ciudad de Potosí; y,
4. iv)Es incuestionable la titularidad de derecho minero que corresponde a la COMIBOL, y según un criterio ya institucional, puede establecerse que la mencionada ciudad, con la declaración de patrimonio cultural de la humanidad, deben defender a uno de sus pilares, que en realidad es un monumento nacional; por lo que, correspondería una revisión minuciosa del marco legal sobre el patrimonio cultural boliviano.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante la Resolución 05/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 946 a 970 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que:

1. a)No haber lugar a la acción popular contra la EMMSA;
2. b)Concediendo la tutela impetrada, en relación a la presencia del Cerro de Potosí, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad; en consecuencia, el "Ministerio de Culturas", en el plazo de ciento ochenta días, debe cumplir la normativa y organizar a las entidades correspondientes para la preservación;
3. c)Ordenando al Ministerio de Minería y Metalurgia, migrar a los cooperativistas que están trabajando arriba de la cota 4 400 m.s.n.m., a otros sectores; y,
4. d)Denegando la tutela solicitada, en todos los puntos que no tuviesen relación con todo el argumento expuesto por la Sala Constitucional; basando su decisión en los siguientes fundamentos:
5. 1)En relación a la legitimación pasiva de la EMMSA, no se cumplieron los presupuestos correspondientes sobre hechos, derechos, petitorio y nexo causal;
6. 2)Previo análisis de la normativa correspondiente, concluyó que el Ministerio de Culturas y Turismo es el órgano rector del patrimonio cultural boliviano;
7. 3)Respecto a los hundimientos, consideró el informe técnico dirigido al Gerente Regional de la COMIBOL Potosí, elaborado por su Oficina Técnica, el cual evidenciaría la existencia de destrucciones sobre la cota 4 400 m.s.n.m., e identificaría a las cooperativas involucradas; y, concluyendo que, la explotación continua y no planificada del Cerro de Potosí, generó la inestabilidad de las masas rocosas de los hundimientos, existiendo diferentes zonas que son inaccesibles por ese motivo; asimismo, no existe una norma actual vigente que regule las actividades mineras sobre la indicada cota, siendo necesaria su actualización;
8. 4)A decir del Ministerio de Minería y Metalurgia, que conformó un comité para lograr la preservación del Cerro de Potosí, sobre la base de la Ley Minería y Metalurgia y el DS 27787, que establece la prohibición de realizar actividades mineras sobre la cota mencionada; asimismo, durante la gestión 2017, se emitió la RM 099/2017 de 21 de mayo; por la que, se asumieron medidas de control de actividades mineras para su conservación y preservación debido a su situación de alto riesgo;
9. 5)Igualmente, por RM 279/2018 de 6 de noviembre, se dispuso la adopción de medidas extraordinarias y de emergencia para resguardar tanto la vida y la seguridad de los trabajadores mineros cooperativistas, como para la conservación ese patrimonio histórico y monumento nacional;
10. 6)En la inspección efectuada, se pudo verificar tres hundimientos en el lugar de Santa Rita, sobre la cota 4 400, aspecto que está corroborado por la prueba literal; y,
11. 7)Considerando el derecho al trabajo y que la Sala Constitucional no podría ordenar la suspensión de actividades de las cooperativas mineras; la parte accionante, debería de acudir a las instancias correspondientes.

En virtud a los preceptos normativos precedentemente glosados, la jurisdicción constitucional estableció un amplio entendimiento respecto a la naturaleza jurídica y objeto de la acción popular. En este entendido, según se refiere en la SCP 1018/2011-R de 22 de junio, la acción popular se caracteriza por una triple finalidad: "1) Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección;

1. 2)Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y,
2. 3)Restitutoria, al restablecer el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior".

1. a)Los derechos e intereses colectivos objeto de protección constitucional explícita por la acción popular son: el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública y el medio ambiente referidos expresamente por los arts. 135 de la CPE y 94 de la LTCP. En este sentido, el concepto de derecho colectivo latu sensu incorpora e implica a los derechos colectivos propiamente tales y a los derechos difusos, así la SC 1018/2011-R de 22 de junio, sostuvo que: 'Como se ha señalado la Constitución Política del Estado sostiene que la acción popular procede contra actos u omisiones que amenacen violar o violen derechos e intereses colectivos, sin hacer referencia a los intereses difusos; sin embargo dicha norma debe ser interpretada sistemáticamente y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que el mismo art. 135 de la CPE, hace referencia, como derechos e intereses protegidos, al patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, los cuales, con base en la distinción efectuada en el punto anterior, son específicamente considerados difusos y no así colectivos.

1. ii)Derechos o intereses difusos, que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, lo que puede suceder por ejemplo cuando la distribución de un medicamento dañado amenaza a todo potencial usuario. Asimismo, por la naturaleza de estas circunstancias no existe la posibilidad de concebir que la pluralidad de sujetos esté organizada mediante mecanismos de coordinación de voluntades y menos que tengan una relación orgánica entre sí;