1064/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1064/2019-S1 Sucre, 14 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 29328-2019-59-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 80/2019 de 3 de junio, cursante de fs. 2215 a 2221 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristina Martínez Ríos por sí y en representación legal de Luis Choque Flores contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales de 3 y 14 de mayo de 2019, cursantes de fs. 2059 a 2112 vta. y 2215 a 2218 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Adquirieron de buena fe a título de compra un inmueble originalmente de naturaleza agrícola con una extensión superficial de 12 ha con 3 984 m2, ubicado en la zona urbana de la localidad de Chimoré de la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, en proximidades del Centro Integrado de Justicia, lo cual se evidencia a partir de la Escritura Pública 071/2003 de 4 de diciembre y registrada en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 3.12.4.01.0001995; sin embargo, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Chimoré del indicado departamento -entidad ahora tercera interesada- interpuso contra el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sus personas y otros, demanda de nulidad de documentos de tracto sucesivo del citado inmueble, en la que se suscitaron diversas anomalías así por ejemplo la inadecuada emisión del Auto de relación procesal de 29 de mayo y complementado por Auto de 12 de junio, ambos de 2014, el cual fue apelado en el efecto diferido el 23 de junio de ese año; asimismo, formuló nulidad de obrados por falta de competencia por razón de materia, mismo que fue rechazado por Auto de 27 de enero de 2015, sobre el cual de igual forma se planteó recurso de apelación en el efecto diferido; por otra parte, también presentaron incidente de nulidad por falta de citación con la demanda al anterior propietario del inmueble objeto del litigio, el cual fue nuevamente rechazado mediante Auto de 27 de agosto de similar año, lo que motivó a que interpusieran nuevamente apelación en el efecto diferido; posteriormente, de la producción de diferentes medios probatorios, solicitaron una serie de actuados a realizarse; empero, de la misma forma dicha petición fue rechazada por providencia de 1 de junio de 2016, que fue objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación que generó el Auto de 22 del indicado mes y año; así, desarrollado de este modo el referido proceso ordinario, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba, adoptando determinaciones muy distintas a lo impetrado, emitió la Sentencia de 27 de julio de 2016, declarando probada la demanda y en consecuencia disponiendo la nulidad de todos los documentos y testimonios correspondientes a las transferencias efectuadas sobre dicho inmueble, además de la cancelación de todos los registros del tracto sucesivo de las oficinas de DD.RR.

Ante la referida determinación, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a través del Auto de Vista de 2 de diciembre de 2016 y el Auto complementario de 2 de febrero de 2017, confirmando sin explicación alguna, los Autos de 29 de mayo y 12 de junio, ambos de 2014, 27 de enero y 27 de agosto, ambos de 2015 y providencia de 1 de junio de 2016, así como la Sentencia de 27 de julio de dicho año y el Auto de 15 de septiembre de igual año.

A consecuencia de las determinaciones señaladas, el 6 de marzo de 2017 formularon recurso de casación en la forma y en el fondo, denunciando de manera precisa tanto la incuestionable casación en la forma de los Autos de Vista de 2 de diciembre de 2016 y el complementario de 2 de febrero de 2017, por inobservancia y quebrantamiento de las formas esenciales del proceso relativas a la sistemática falta de pronunciamiento y fundamentación, como la aplicabilidad de oficio por el Tribunal de casación, del deliberado error in procedendo por violación de las formas esenciales del proceso cometidas por los Jueces de primera y segunda instancia, como la aplicabilidad en el fondo de la Sentencia de 27 de julio de 2016 y Auto de Vista de 2 de diciembre de igual año y el complementario de 2 de febrero de 2017, por la manifiesta violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley; sin embargo, los Magistrados ahora demandados asumiendo el mismo camino del Juez de instancia y el Tribunal ad quem, mediante el Auto Supremo (AS) 1005/2018 de 5 de octubre, declararon infundado el recurso, vulnerando de este modo sus derechos al acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso.

En ese contexto, las autoridades demandadas en dicho fallo no realizaron una adecuada identificación de la problemática planteada al no tomar en cuenta todos sus reclamos, dando validez a las actividades irregulares efectuadas en base a una serie de argumentos absolutamente indeterminados y carentes de motivación y fundamentación; toda vez que, manifestaron que el recurso de casación carecería de requisitos de fundamentación sosteniendo simultáneamente sobre los agravios observados a los cuatro recursos de apelación diferida y a la apelación de la Sentencia de 27 de julio de 2016, que el Tribunal ad quem se habría referido al respecto, sosteniendo que el Juez a quo cumplió con los arts. 1286 del Código Civil (CC) y 397 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) al valorar la prueba conforme a la sana crítica y al prudente criterio; y, por otro lado que los apelantes no fundamentaron de manera puntual los agravios sufridos, no precisando el daño y perjuicio ocasionado, ni argumentando el nexo de causalidad con la norma legal considerada incumplida, sosteniendo que por lo probado durante el proceso se tuvo la suficiente convicción para declarar probada la demanda; sin embargo, del recurso de apelación se puede advertir que los puntos de agravio fueron precisados y fundamentados a partir del punto I al IV, en los que se hizo referencia a los diferentes recursos de apelación; empero, el Tribunal ad quem solo se limitó a confirmar los Autos y Sentencia apelados, bajo el fundamento de que los recursos no habrían cumplido con el requisito de fundamentación de agravios; por lo que, a partir de ello el Tribunal de casación al igual que el ad quem incurrió en una falta de pronunciamiento respecto a los puntos de competencia del punto I del recurso de casación.

Asimismo, respecto a su solicitud de nulidad de oficio -por error "improcedendo", punto II del recurso de casación-, las autoridades demandadas se dignaron a resolver las nulidades de oficio descritas en el punto II del recurso de casación de forma absolutamente escueta, discrecional y a su conveniencia, con una evidente falta de fundamentación; toda vez que, rechazaron su reclamo de nulidad de oficio por inobservancia y quebrantamiento de las formas esenciales del proceso respecto al Auto de relación procesal de 29 de mayo y su complementario de 12 de junio, ambos de 2014, afirmando que no sería evidente que se hubiese restringido su derecho de probar sus alegaciones y que tampoco se habría señalado de manera precisa qué punto de hecho fue irracionalmente omitido por el Juez a quo, sin tomar en cuenta que al realizar ese reclamo identificaron de manera correcta no solo las omisiones insubsanables sino hasta la evidencia de restricción de su derecho a la defensa, puesto que les denegaron proponer y producir pruebas como la inspección de visu al lugar del inmueble, y otras pruebas complementarias de descargo, todo ello a partir del irregular Auto de relación procesal referido que además permitió que se produzca la prueba pericial de cargo, sin que dicho informe sea pertinente en relación a los puntos de hecho de la demanda.

Lo propio ocurrió, en cuanto a la nulidad de obrados de oficio por falta de competencia por razón de materia; respecto al cual, los Magistrados ahora demandados reconociendo y desechando la singular teoría que el Juez a quo sostuvo para el rechazo del mismo, refirieron que los actos administrativos son exclusivamente unilaterales y que no requieren de protocolización alguna para su ejecución, volviendo a rechazar su incidente sin la debida fundamentación, arguyendo que el testimonio no sería ningún acto administrativo sino un contrato civil cuyo cuestionamiento corresponde a la jurisdicción civil, sin considerar que el asunto de la incompetencia en razón de materia no puede ser subsanado por consentimiento de las partes, falta de contestación o prórroga, sino solo por razón de territorio, desconociendo asimismo el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y desechando considerar todos sus argumentos referidos a la adjudicación realizada por el INRA al primer dueño del inmueble Franz Suárez Paredes, así como respecto a que la Escritura Pública y el registro en DD.RR., se constituyen en actos administrativos y como tal, no pueden ser declaradas judicialmente nulas todas las transferencias pues la naturaleza de su existencia deriva de un acto administrativo; y, en consecuencia, este acto administrativo de adjudicación realizado por el Instituto Nacional de Colonización, son discutibles en sede administrativa, pero no en la justicia ordinaria.

Respecto a la nulidad de obrados de oficio por falta de citación a los demás codemandados, las autoridades demandadas en total apatía rehusaron considerar sus argumentos, sosteniendo simplemente que estos serían intrascendentes si se toman en cuenta las citaciones practicadas mediante edicto de "Franz Emilio Suárez" y Rodolfo Guillermo Costas Sánchez y/o a sus herederos respectivamente.

En cuanto a la nulidad de obrados de oficio por inobservancia de la potestad jurisdiccional sobre producción de pruebas, los Magistrados demandados solo se limitaron a rechazar bajo un breve fundamento de que ello constituye en una potestad de la autoridad judicial, no habiendo considerado sus argumentos referidos en su memorial de solicitud, negando así sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa, a la legalidad y verdad material, aspecto que tampoco fue considerado por el Tribunal ad quem, ni en el fallo ahora cuestionado pese a que fue expresamente denunciado.

Sobre la nulidad de obrados de oficio de la Sentencia de 27 de julio de 2016, de la misma forma negaron considerar todos los reclamos referidos a su nulidad, bajo la indeterminada explicación de que el Juez a quo no habría incurrido en una equivocada valoración de la prueba ni tampoco en la falta de pronunciamiento expreso de las excepciones, negando rotundamente considerar los puntos de competencia identificados en los numerales 1, 2, 3 y 4 del punto II del recurso de casación, cuando de la Sentencia de primera instancia, se advierte que esta únicamente se limita a pronunciar la parte resolutiva del fallo, sin efectuar una evaluación de los motivos y fundamentos de las pruebas y la cita de leyes que determinan adoptar la concreta solución para decidir la causa y menos interesarse por realizar una debida valoración de la prueba, aspecto tampoco desarrollado en segunda instancia ni menos por las autoridades demandadas, no habiendo considerado los Magistrados demandados que todos los incidentes, excepciones y hasta la reconvención interpuesta de su parte, no fueron analizados por el Juez a quo, limitándose a declararlas improbadas.