Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1064/2019-S4 Sucre, 16 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 30124-2019-61-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 097/2019 de 24 de mayo, cursante de fs. 1101 a 1107, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bladimir Pablo Carrasco Quintana y Jaime Carlo Torrico Trujillo en representación legal de la empresa Minera San Cristóbal Sociedad Anónima (S.A) contra Miguel Ángel Albarracín Paredes y Mario Pacosillo Calsina, ex y actual Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y ex y actual Presidente del Tribunal Arbitral; y, Wilson Orlando Ingala Huaygua, Árbitro Laboral del referido Tribunal.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
Los accionantes, mediante memoriales presentados el 18 de abril de 2019, cursante de fs. 893 a 903 vta., y de subsanación el 8 y 16 de mayo de igual año (fs. 907 a 918 vta.; y, 922 a 925 vta.), señalaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La empresa Minera San Cristóbal S.A., en sometimiento a disposiciones sociales y laborales, otorgó de forma extra legal en favor de sus trabajadores, una serie de liberalidades; motivo por el cual, bajo una inadecuada comprensión de las mismas, el 9 de mayo de 2018, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros San Cristóbal, formuló un pliego petitorio de veintitrés puntos, impetrando la modificación en incremento de las dádivas otorgadas como si se tratasen de cuestiones de carácter obligatorio, exigiendo además la otorgación de otros conceptos totalmente extralegales y alejados de los derechos laborales que asisten a los trabajadores, dentro de los cuales se encuentra una petición injustificada de revisión a la forma de pago de los domingos trabajados, no obstante de que éste siempre fue de cabal y legal cumplimiento por parte de la empresa.
Ante la imposibilidad de dar curso a dichas pretensiones al ser manifiestamente improcedentes, el referido Sindicato, cual si se hubiera vulnerado algún derecho laboral, acudió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a efectos de que dicha instancia intervenga en las solicitudes planteadas; cartera ministerial que, no obstante haberse inobservado las previsiones normativas contenidas en los arts. 151 y 152 del Reglamentario a la Ley General de Trabajo -Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943-, sobre la aprobación por mayoría de votos de los interesados; la especificación del personal presuntamente afectado y otra serie de irregularidades, como el abandono de la mesa de diálogo por parte de la dirigencia sindical; mediante notas de 30 de agosto y aclaración de 3 de septiembre, ambas de 2018, convocó a la conformación de una Junta de Conciliación para la solución del conflicto; sin embargo y pese a ser clara la posición de la empresa de no someterse a dicha instancia y menos a un Tribunal Arbitral, el Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante nota de 22 de octubre de 2018, llamó a la designación de árbitros para conformar un Tribunal Arbitral, con la finalidad de tratar y resolver el conflicto emergente del Pliego Petitorio correspondiente a la gestión 2018, aplicando el mecanismo de solución de controversias inscrito en los arts. 105 a 113 de la Ley General del Trabajo (LGT), advirtiendo a la empresa que de no designar a su representante, sería la indicada autoridad la que procedería a hacerlo.
Es así, que a través de la misiva de 23 de octubre de 2018, la empresa Minera San Cristóbal S.A., hizo conocer al Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del referido Ministerio, las irregularidades del proceso de solución del conflicto, manifestando de forma expresa, que la señalada empresa no se encontraba de acuerdo con someterse a la competencia de un Tribunal Arbitral que decidiría sobre pretensiones ilegales e ilegítimas que debían ser tramitadas ante la judicatura de trabajo y seguridad social, en mérito a la facultad conferida por el art. "43.b)" del Código Procesal del Trabajo (CPT); no obstante, el Tribunal Arbitral conformado contra la voluntad de la empresa, mediante Acta de 12 de noviembre de 2018, se declaró autónomo y mecánicamente competente para conocer el Pliego Petitorio, señalando audiencia de prosecución del proceso arbitral para el 19 del mismo mes y año; oportunidad en la cual, se formuló excepción de incompetencia, que fue resuelta únicamente por su Presidente, como es el Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; autoridad que de manera ligera, dispuso que la empresa esté a los datos del proceso; determinación que fue objeto de incidente de nulidad planteado por escrito de 21 del indicado mes y año.
En sesión de 22 de noviembre de 2018, el Tribunal Arbitral rechazó la excepción de incompetencia interpuesta por su parte, en base a un actuado previo y anterior a la conformación del Tribunal, obligando en consecuencia a la empresa Minera San Cristóbal S.A. a someterse a un proceso arbitral laboral, pese a la inexistencia de voluntad de la institución minera, de someterse a una jurisdicción especial que requiere necesariamente la voluntad de ambas partes, y no obstante que contra dicha determinación plantearon recurso de apelación, éste les fue rechazado por no encontrarse legalmente previsto en el ordenamiento jurídico; dando lugar a la prosecución del proceso arbitral, el mismo que, al momento de interposición de la acción tutelar, se encuentra en etapa de emisión de Laudo Arbitral; situación que ocasionará un daño a la empresa empleadora, que nunca reconoció la competencia del Tribunal Arbitral; instancia esta última que claramente estaría usurpando funciones y competencias que le corresponden a un Juez de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto por el "art. 43.b)" del CPT, concordante con el art. 73.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); consiguientemente, existe la inminencia de dictarse una resolución que provocará un daño irreparable o irremediable a la empresa Minera San Cristóbal S.A., consumando actos vulneratorios de derechos constitucionales.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Los accionantes alegan la vulneración de los derechos de la empresa que representan, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; el derecho al juez natural y de acceso a la justicia, citando al efecto el art. 115I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se dejen sin efecto las Actas de 12 y 21 de noviembre de 2018, así como todos los actuados posteriores emitidos por el apócrifo Tribunal Arbitral; disponiendo que los demandados, al existir una controversia laboral y el rechazo del empleador de someterse a la jurisdicción arbitral, remitan antecedentes ante el órgano judicial a efectos de que la autoridad competente resuelva el conflicto colectivo de trabajo. Asimismo, se condene al pago de costas y se disponga el reconocimiento de daños y perjuicios.
Finalmente, impetraron la aplicación de medida cautelar de cese y suspensión de todo actuado de prosecución del proceso de arbitraje, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, emita pronunciamiento.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Por acta de 21 de mayo de 2019, cursante de fs. 1015 a 1016 vta., se evidencia que la audiencia pública de la acción de amparo constitucional fue suspendida debido a la falta de notificación del tercero interesado.
Celebrada la audiencia pública de 24 del citado mes y año, conforme consta en el acta cursante de fs. 1132 a 1147 vta., presentes los accionantes, el demandado Mario Pacosillo Calcina y el tercero interesado, y ausentes los demandados Wilson Orlando Ingala Huaygua y Miguel Ángel Albarracín Paredes, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
Los accionantes, a través de su abogado, se ratificaron en el tenor íntegro de la demanda de acción de amparo constitucional. En una segunda intervención, el abogado de los impetrantes de tutela manifestó que la legitimación activa se encontraba plenamente respaldada, habiéndose adjuntado todos los documentos requeridos; asimismo, refiriéndose a la legitimación pasiva, indicó que ésta fue debidamente cumplida y que con referencia al Árbitro Patronal, éste no fue demandado al haberse apartado en el primer acto. Posteriormente.
I.2.2. Informe de las actuales y ex autoridades demandadas
Mario Pacosillo Calsina, Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Presidente del Tribunal Arbitral, a través de sus representantes legales, en audiencia manifestó lo siguiente:
- a)Los accionantes carecen de legitimación pasiva, al no haber adjuntado poder específico y suficiente que les otorgue la facultad de representar legalmente a la empresa Minera San Cristóbal S.A., debido a que el poder presentado no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en la de mayo, respecto a la representación de personas jurídicas; por lo que, corresponde se declare la improcedencia de la demanda tutelar;
- b)No se cumplió con la legitimación pasiva; por cuanto, si bien se demanda contra el Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no queda claro si se lo hace en su calidad de funcionario de la señalada cartera de Estado o como Presidente del Tribunal Arbitral, instancia que tampoco fue demandada en su totalidad; aspecto que también determina la improcedencia de la acción de defensa;
- c)Existen actos consentidos por parte de la empresa accionante, toda vez que ésta inicialmente dio respuesta al Sindicato de Trabajadores respecto a su Pliego de Peticiones, independientemente si la respuesta fue favorable o no; además de ello, también consintió la competencia del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social al no haber efectuado observación alguna sobre su competencia cuando se ejecutó el primer acto ante dicha instancia; y, finalmente, al no haber impugnado la conformación del Tribunal Arbitral, cuando sus miembros fueron posesionados; último extremo este que establece que no existe impedimento legal para que dicho ente colegiado ejerza sus atribuciones dentro de la negociación, quedando claramente establecido que la empresa Minera San Cristóbal S.A., al haber adoptado una actitud pasiva, se sometió a esa jurisdicción desde el primer momento;
- d)Los impetrantes de tutela, manifestaron que ante la existencia de un Laudo Arbitral, se activaría la jurisdicción laboral; sin embargo, el referido Laudo aun no fue emitido, no siendo evidente que se hubiera promovido una demanda laboral, lo que implica que no se tiene pronunciamiento judicial a efectos de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, decline la competencia que ostenta;
- e)No se estableció con precisión el derecho vulnerado, siendo que el Acta de 21 de noviembre de 2018, es inexistente. Argumentos en mérito a los cuales, solicitó se deniegue la tutela impetrada;
- f)El procedimiento de conciliación fue desnaturalizado al pretender interponer excepciones y recursos que no se hallan previstos en la Ley General del Trabajo;
- g)En cuanto a la inexistencia de mecanismos de impugnación dentro del proceso arbitral, que daría por salvada la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, es preciso referir que, conforme a la jurisprudencia constitucional y a las normas laborales, dicho procedimiento concluye con la emisión del Laudo Arbitral que, evidentemente no cuenta con recurso alguno de objeción, lo que abre la jurisdicción constitucional de forma directa; sin embargo, en el presente caso, dicha resolución no ha sido pronunciada; por ende, la vía constitucional no puede ser aperturada;
- h)El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no ejerció abuso de poder al solicitar a la empresa que designe Árbitro Patronal, habiéndose abocado simplemente al cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley General del Trabajo, en cuyo desconocimiento es pretendido por los ahora accionantes; y,
- i)No se determinó con claridad si la demanda constitucional se dirige contra las actas emanadas del Tribunal Arbitral o contra el procedimiento establecido en la referida Ley, de ser así, debió formularse una acción de inconstitucionalidad. En mérito a tales argumentos, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Haciendo uso de la palabra, reiteraron los alegatos expuestos.
Miguel Ángel Albarracín Paredes, ex Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y ex Presidente del Tribunal Arbitral, no se hizo presente en audiencia y tampoco remitió informe escrito, pese a su legal citación cursante a fs. 1018.
Wilson Orlando Ingala Huaygua, Árbitro Laboral, mediante informe escrito presentado el 24 de mayo de 2019, cursante de fs. 1023 a 1027 vta., manifestó lo siguiente:
- 1)Ni antes ni después de su designación como Árbitro Laboral, la parte accionante cuestionó la competencia o el Juez natural, habiéndose abocado únicamente a manifestar su voluntad de no someterse al proceso, al cual ya se encontraba integrado conforme evidencia el decreto de 2 de octubre de 2018, por el cual, el Director General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispuso que esté a los datos del proceso;
- 2)El 23 de octubre de 2018, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero del departamento de La Paz, se declaró incompetente para conocer la demanda interpuesta por la empresa Minera San Cristóbal S.A., sobre uno de los veintitrés puntos que contiene el Pliego Petitorio formulado por el Sindicado de Trabajadores de la referida entidad;
- 3)Habiendo tomado conocimiento sobre la conformación y posesión del Tribunal Arbitral, la señalada sociedad no cuestionó ni objetó su participación y menos que se hubiera lesionado el derecho al juez natural;
- 4)El Tribunal Arbitral, el 7 de noviembre de 2018, dio curso a las solicitudes de la mencionada empresa sobre las certificaciones requeridas, resultando contradictorio que para algunos actos dicha instancia sea competente y para otros no;
- 5)Se solicitó la nulidad de obrados desde fs. 232, convalidando los actos ejecutados previamente, cuando sí se consideró que el funcionamiento del Tribunal Arbitral violentaba el derecho al juez natural, debió objetarse todo lo obrado y no solo reducirse a exigir la nulidad del acto de 12 del mes y año señalados, por una falta de fundamentación que hace al elemento de legalidad y no condice con el fondo de lo alegado respecto al juez natural;
- 6)En el acto de 12 de noviembre de 2018, no se deliberó respecto al juez natural, solo se consideró si el Tribunal Arbitral iba a conocer los veintitrés puntos del Pliego Petitorio, no habiéndose sometido a debate, pese a la participación de las partes en conflicto, dicho elemento del debido proceso;
- 7)El Árbitro Patronal, se declaró competente para conocer algunos puntos del Pliego Petitorio y no podía declarase incompetente al haber emitido con anterioridad, el acta de 7 de noviembre de 2018;
- 8)El Árbitro Patronal, manifestó que el proceso debía centrase en los puntos no conciliados y aquellos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial; motivo por el cual, dicho miembro del Tribunal Arbitral, también debió ser demandado en la presente vía; existiendo en consecuencia, falta de legitimación pasiva;
- 9)El 19 de noviembre de 2018, adjuntando la resolución judicial, por la cual, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero del departamento de La Paz, la empresa planteó incompetencia del Tribunal Arbitral, argumentando que la autoridad jurisdiccional tomó conocimiento primero del asunto, no obstante de que ésta se había apartado del conocimiento de la causa;
- 10)La excepción de incompetencia fue formulada a destiempo, debiendo haber sido interpuesta, conforme sucede en cualquier rama del derecho, al inicio del proceso y en la primera actuación de la empresa, por lo que la resolución no ameritaba mayor fundamentación que la propuesta;
- 11)La pretensión de la empresa Minera San Cristóbal S.A., se traduce en la intención de detener el proceso arbitral debido a que no quiere someterse al mismo;
- 12)La parte accionante solicitó la nulidad de las Actas de 12 y 21 de noviembre de 2018; sin embargo, la última nunca fue labrada y menos suscrita por los miembros del Tribunal Arbitral; existiendo en consecuencia, falta de legitimación pasiva respecto a dicho acto;
- 13)Se pidió que se remitan obrados a conocimiento del juez laboral, no obstante que quien conoció primero fue el Tribunal Arbitral y que la demanda ordinaria formulada por la empresa, mereció declaratoria de incompetencia por parte del juzgador;
- 14)Los impetrantes de tutela, si bien ampliaron su demanda respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, solicitando se emita nueva resolución; empero, de manera contradictoria, no impetran nulidad de obrados, sino la declinatoria de competencia; y,
- 15)Se solicitó que se dejen sin efecto las Actas de 12 y 21 de noviembre de 2018, sin que el proceso de arbitraje hubiera concluido, siendo que el Tribunal, de oficio o a pedido de parte, puede revisar sus actos, existiendo también la posibilidad de que el fallo sea favorable a la empresa, caso en el cual no necesitarían ningún recurso ordinario, de donde resulta sui generis que sin conocer los términos del fallo, se pretenda paralizar el proceso por un supuesto daño y por no existir recurso ulterior. En base a dichos argumentos, pidió se deniegue la tutela impetrada.
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