Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1065/2019-S4 Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 30152-2019-61-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 78/2019 de 3 de junio, cursante de fs. 400 a 404 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Antonio Suarez Suarez y Freddy Gutiérrez Gutiérrez en representación legal de Mary Selva Vaca León de Suarez contra Ángela Sánchez Panozo, María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de abril de 2019, cursante de fs. 235 a 245, la accionante, por intermedio de sus representantes legales manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Inició un proceso de saneamiento del predio "La Estrella" el 2009, con una extensión de 7 814,3392 ha, cuyo origen devino de la fusión de tres predios "Sarace", "San Javier" y "La Estrella", ubicados en la provincia Itenéz, Tercera sección, cantón El Carmen del departamento de Beni; encontrándose en trámite el mismo y después de ocho años de pericia, los personeros del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), convalidando unos Informes amañados, sesgados y lacónicos y aplicando retroactivamente el art. 398 de la Constitución Política del Estado (CPE), dispusieron mediante la ilegal Resolución Administrativa (RA) RA-DN-UCSS 024/2010 de 26 de agosto, la nulidad del proceso de saneamiento incluidos el Informe de Evaluación Técnico y Legal, los Formularios de "Registro FES" de 28 de octubre de 2003 y los datos plasmados en la Ficha Catastral, alegando fraude por simulación de actividad ganadera.
Posteriormente, una vez pronunciada dicha Resolución Administrativa, se dictó el Informe en Conclusiones de 25 de noviembre de 2010, con el fin de realizar el informe de cierre y respectiva socialización, momento en el cual era posible presentar observaciones, reclamos o denuncias; sin embargo, el mismo, nunca fue notificado ni socializado, ni se hizo un comunicado público; dictándose así la RS 09318, que declaró la improcedencia de la titulación -del predio "La Estrella" -, el archivo de obrados del expediente agrario de dotación signado 27265, la anulación del Título Ejecutorial Individual 663511, con antecedente en la RS 178303 de 13 de octubre de 1975, y el respectivo expediente de dotación agraria signada 27263 -que se encontraba en trámite-, reportando 7 741,4507 ha, que declaró como tierra fiscal sujeta a desalojo y en la que se encontraba su predio, adjudicándole 50 0000 ha, en calidad de pequeña propiedad ganadera; determinación que fue dictada sin analizar lo dispuesto por los arts. 397 de la CPE, y 46.IV de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, modificado por la ley 3545 de Reconducción Comunitaria, causándole agravios a sus derechos a la tierra, al trabajo, a la propiedad y posesión agrario.
En conocimiento de la referida Resolución Suprema, el 22 de agosto de 2017, interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, que la calificó como de puro derecho, dirigiendo la misma contra Juan Evo Morales Ayma, entonces Presidente del Estado Plurinacional y César Hugo Cocarico Yana, hoy ex Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la referida Resolución Suprema; reclamando que en el proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAM-TCO), se incurrió en las siguientes irregularidades:
- a)Si bien los arts. 266.I, III y IV, las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 -Reglamento de la Ley 1715, Modificada por la Ley 3545 de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria? establecieron que de oficio o a petición de parte puede disponerse la investigación de hechos irregulares o fraudulentos incluyendo los controles de calidad; sin embargo, en el presente caso de oficio el INRA cambio las reglas de saneamiento después de siete años de trámite, aplicando leyes retroactivas, anulando las fases precluidas, sin permitirle realizar otras pericias de campo;
- b)Son ilegales los Informes: Técnicos UCSS/INF-TEC 074/2010 de 16 de agosto y Legal UCSS/INF-LEG 082/2010 de 23 de agosto, obtenidos de manera oficiosa amparándose en los arts. 266.I, III y IV; y, las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del DS 29215 -Reglamento de la Ley 1715, Modificada por la Ley 3545-; y de manera incongruente e injusta, señalan que en su predio no hubiera desarrollado una real y efectiva actividad productiva ganadera, sin darle la posibilidad a la duda razonable;
- c)Refuta el Informe Legal UCSS/INF-LEG 082/2010, que modificó todo el resultado del saneamiento pericial de siete años, ya que el mismo señaló que las mejoras realizadas en el predio "La Estrella", entre ellas la construcción de una poza artificial, no fue suficiente para la carga animal; sin considerar que en época de inundación el ganado es llevado a tierras altas, al predio "Algodonal" que es también de su propiedad; tampoco se examinó el plano de ubicación de los terrenos que a simple vista de cuya apreciación se tiene que el Río Blanco y los arroyos Paraqui, Sarace y Amaropaui, Colorado, así como una docena de criches y humedales atraviesan su predio; y,
- d)La igualdad en la aplicación de la ley, es un derecho fundamental, de modo que su infracción genera una contravención conforme se desarrolló en la , entre otras; entonces, la aplicación de la ley no impide el cambio del entendimiento, y exige que el apartamiento del precedente no solo sea razonado y motivado, sino que se encuentre dentro de los marcos de razonabilidad, evitando decisiones discrecionales y arbitrarias que tengan como consecuencia la afectación de valores supremos como los de justicia e igualdad.
Una vez, radicado el proceso en la Sala Primera del referido Tribunal, las Magistradas demandadas, pronunciaron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 54/2018 de 27 de septiembre, que declaró improbada la demanda y sin fundamentación ni motivación y con argumentos contradictorios y ambiguos, mantuvo firme la Resolución Suprema impugnada, lesionando sus derechos constitucionales, ya que convalidó las irregularidades realizadas por el INRA en el proceso de saneamiento, en atentado a su derecho a la propiedad privada.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación y a la defensa; y los principios de legalidad, de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva e igualdad jurídica; citando al efecto los arts. 109.I, 115, 117.I, 119.I, 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.1, 24,25.1, 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.3 incs. a) y b), 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se anule o se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 54/2018, disponiendo se dicte nueva resolución y sea conforme a derecho.
Mostrando 17 de 83 parrafos.