Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1065/2026-S2 Sucre, 6 de julio de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 68895-2024-138-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 11/2026 de 14 de enero, cursante de fs. 96 a 101, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franklin Mamani Guarachi contra Gonzalo Enrique Velasco Michel, Presidente; Álvaro Marcelo Flores López, entonces Presidente a.i.; Boris Benjamín Mendoza Méndez, Vocal Permanente; Miguel Ángel Moncada Mendieta, Vocal Suplente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Román Paco Rafael, Vocal Suplente, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; e, Iver Ramiro Esprella Kovacev, Fiscal Departamental Policial.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de febrero y 15 de abril de 2024; y, 17 de diciembre de 2025, cursantes de fs. 43 a 51; 54 a 55; y, 82 a 84, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se inició en su contra un proceso disciplinario policial por la presunta comisión de la falta inmersa en el art. 12.24 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), en el cual por Resolución Fiscal Policial de Rechazo -26 de noviembre de 2021- se procedió a su recalificación, sancionándosele conforme el art. 11.8 de la precitada Ley con el arresto de cuatro días, que cumplió del 27 al 30 de diciembre de 2021.
Como primer acto vulneratorio señaló que, tal determinación fue revocada mediante Resolución -Administrativa de la Fiscalía Departamental Policial 044/2021- de 20 de diciembre; empero, obviándose dejar sin efecto la sanción impuesta, la cual fue ejecutada a pesar de la revocatoria, dejando abierta la posibilidad de un nuevo procesamiento y sanción, lo que quebranto el derecho, la garantía y el principio del non bis in idem.
De esta manera, por el mismo hecho se le procesó y sancionó, primero conforme el art. 11.8 de la LRDPB, con cuatro días de arresto que cumplió; y, como consecuencia de la referida Resolución de revocatoria se abrió la posibilidad de una nueva investigación, acusación y sanción; aspecto que, fue expuesto en apelación ante la emisión de la Resolución sancionatoria -Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz 078/2022 de 8 de junio-, habiendo; posteriormente, Álvaro Marcelo Flores López, entonces Presidente a.i.; Boris Benjamín Mendoza Méndez, Vocal Permanente; Miguel Ángel Moncada Mendieta, Vocal Suplente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Román Paco Rafael, Vocal Suplente, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -hoy parte demandada- a través de la Resolución 382/2023 -de 26 de septiembre- desconocido los actuados del expediente.
El segundo acto vulneratorio está integrado por dos situaciones, la primera es la admisión de la impugnación formulada por el Comandante Departamental de Policía de La Paz contra la segunda Resolución Fiscal Policial de Rechazo -de 10 de enero de 2022-, cuando en el marco del art. 71 de la LRDPB, no se constituyó en parte procesal, tal como establece el art. 35 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN); y, la segunda, es la determinación del Fiscal Departamental Policial de revocar la referida Resolución de rechazo, ante la petición formulada en dicha impugnación, sin que se le hubiera notificado con tales actuados, contraponiéndose al derecho a un proceso contradictorio, a la igualdad de oportunidades y a la defensa; sumado a ello, se deben tener presentes los arts. 50, 51 y 53 de la LOPN, conforme a los cuales también se lesionó el derecho a un juez imparcial; aspectos que, fueron expuestos en el memorial del recurso de apelación; empero, la Resolución 382/2023 -hoy impugnada-, omitió un pronunciamiento expreso sobre este punto, limitándose a transcribir sus argumentos y parte de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; por lo que, adolece de una fundamentación omisiva.
Como tercer acto vulneratorio alegó que, la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) arbitrariamente decidió ampliar la investigación por el art. 12.8 de la LRDPB, por una falta ya prescrita conforme el art. 53 de la misma Ley; sin considerar que, pasaron más de dos años sin que se hubiese aperturado proceso alguno en su contra, esto con relación a esa falta, lo que provocó la lesión del derecho procesal de certeza jurídica, aspecto relacionado con la prescripción, que fue reclamado en memorial de apelación y que mereció pronunciamiento de la parte demandada, que tomó como inicio de la investigación el 12 de octubre de 2021, data de apertura el proceso por la comisión de la falta establecida en el art. 12.24 de la LRDPB, teniéndola también como inicio de la contenida en el art. 12.8 de la citada Ley.
También denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, "tipicidad, "taxatividad" y motivación; toda vez que, la parte demandada a momento de la subsunción que realizó de la falta disciplinaria, prevista en el art. 12.8 de la LRDPB, modificó los presupuestos normativos respecto al hecho material; puesto que, identificó que su persona habría brindado seguridad a cívicos del país u otras personalidades, sin contar con memorándum de designación de seguridad, cuando ninguno de sus elementos se acomodan al hecho que se le atribuyó; además, no identificó cuál el grado, cargo o prerrogativa que supuestamente usurpó y se le atribuyó; y, si bien se sostuvo la inexistencia de memorándum, ello implicaría una omisión; empero, la señalada falta requiere una conducta o acción, de esta manera se limitó a describir la normativa y la prueba relacionada con el extrañado memorándum, pese a que se alegó que se trató de una orden verbal de sus superiores en el marco de la convulsión social existente; por lo que, no cumplió con la debida motivación que responda al agravio planteado.
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