Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1066/2019-S4 Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 25852-2018-52-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 96/2019 de 24 de septiembre, cursante de fs. 134 a 146 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iris Judith Baptista Gutiérrez contra Reynaldo Freddy Sangüeza Ortuño y José Luis Choque Navía, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Oruro y Victoria Cecilia Bernal Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Décima Primera, todos de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2019, cursante de fs. 33 a 38, y el de subsanación el 1 de septiembre (fs. 41 a 42), la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Durante la gestión 2015, Beatriz Mendivil Coca de Terrazas inició un proceso de regularización de derecho propietario del inmueble mediante acción dirigida contra su padre Esteban Baptista Ossio, correspondiendo su conocimiento a la Jueza Pública Civil y Comercial Décima Primera del departamento de Oruro, quien emitió la Sentencia 48/2016 de 26 de abril, por la que declaró probada la demanda y ordenó la inscripción del derecho propietario de la actora sobre el inmueble ubicado en la calle Ayacucho 442 entre Tejerina y Tarapaca, zona este de la ciudad de Oruro.
Agrega que dicho proceso se tramitó con vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que, el 5 de julio de 2016 planteó un incidente de nulidad, en el que denunció los siguientes extremos:
- a)La acción fue dirigida contra su padre Esteban Baptista Ossio como propietario nominal, a sabiendas que éste había fallecido, por lo que, todo lo actuado es nulo hasta la providencia de admisión de la demanda;
- b)La Jueza de la causa interpretó en forma incorrecta el art. 55 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), porque no podía iniciarse contra una persona que había fallecido anteriormente, por lo que, correspondía que la demanda se dirija contra sus herederos o causahabientes legitimados a través de una sucesión hereditaria;
- c)El trámite procesal exigía la suspensión del proceso por treinta días para que los herederos asuman la sucesión procesal del fallecido; empero, además de no haberse cumplido la indicada formalidad, tampoco se citó a los herederos en forma directa porque no fueron debidamente identificados; y,
- d)No se cumplió el precepto legal relativo a la declaratoria de rebeldía en caso de que los herederos no asuman su defensa y se designó a un abogado defensor de oficio, que no efectuó ninguna actividad de defensa.
Afirmó que el incidente planteado por su parte, fue resuelto por la Jueza de primera instancia mediante Auto Interlocutorio de 5 de agosto de 2016, bajo simples argumentos que no respondieron a sus denuncias, limitándose a señalar que no se mencionó de forma expresa, norma legal alguna que sancione con nulidad lo denunciado en relación al principio de legalidad; y añadió, que no obstante su irregularidad, el acto había logrado la finalidad a la que estaba destinado y que no se probó que se le hubiera ocasionado perjuicio cierto e irreparable que solo pudiera subsanarse con la declaratoria de nulidad, apuntando además, que al no haber impugnado dicha Resolución ejecutoriada, hubiera convalidado el acto defectuoso.
Ante dicha infundada e incongruente Resolución planteó recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Civil Primera demandada, que desconoció, obvió, omitió y tergiversó todos los fundamentos, preceptos legales y jurisprudenciales por ella planteados, y con Auto de Vista 18/2017 de 16 de febrero, sin fundamentación y motivación que explicara la razón de la negativa a conceder la nulidad de obrados solicitados, se limitó a señalar que el medio idóneo para impugnar lo denunciado era un recurso oportuno y no un incidente y que por ello, su derecho había precluido, rehusando a responder respecto a la denunciada indefensión y aplicando erróneamente la jurisprudencia contenida en el .
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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