Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1069/2019-S1 Sucre, 14 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 29430-2019-59-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 73/2019 de 4 de junio, cursante de fs. 149 a 156; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Fernandez Quispe contra Orlando Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Francisco Rodríguez Mamani, Fiscal de Materia ambos de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2019, cursante de fs. 13 a 15 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -coimputado- por la presunta comisión del delito de avasallamiento, el 17 de mayo de 2018, la comisión de Fiscales de Materia compuesto por Erick Bruno Herrera Herrera, Luis Alberto Cruz Loza y Juan Carlos Yavi Cahuana, emitió Resolución de sobreseimiento en su favor; por lo que, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro, impugnaron dicho requerimiento conclusivo ante el Fiscal Departamental de Oruro, quien a través de la Resolución Jerárquica 22/2018 de 10 de diciembre, revocó la Resolución dictada por los mencionados Fiscales de Materia para que en el plazo de diez días presenten acusación formal en su contra.
Señala que de acuerdo a los antecedentes, se establece que el accionante nunca fue notificado con los memoriales de impugnación realizados por las referidas entidades para que en el marco del derecho a la defensa pueda contestar y con la contestación o sin ella, una vez vencido el plazo otorgado, recién puedan ser remitidos los antecedentes ante el citado Fiscal Departamental a objeto de que resuelva las impugnaciones, máxime si las mismas no fueron providenciadas por los Fiscales de Materia, ya que al no obrar en ese sentido se vulneró su derecho a la defensa; en el caso de la máxima autoridad departamental del Ministerio Público, en resguardo de su derecho previamente debió observar el aspecto de la falta de traslado con las impugnaciones y no directamente resolver las mismas, menos revocar el sobreseimiento.
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