Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1070/2019-S1 Sucre, 14 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 29385-2019-59-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 83/2019 de 5 de junio, cursante de fs. 374 a 385, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oswaldo Fong Roca y Skarlyn Mariely Palma Verduguez en representación de Bacilia Torrez Calani de Paco, Beatriz Yolanda Paco Torrez, Florentina Ojeda Lovera, Willy Díaz Araca, Rose Mary Heredia Torres de Yucra, Alejandra Torres Calani de Heredia, Ponciano Cuellar Cruz, Eusebio Janco Janco, Andrés Ramos Taboada, Isaac Canaviri Huanca, Simón Condori Copa, Ana Espíndola Romero de Martínez, Luciano Torrez Bohorquez, Severino Chocllu Gonzales, Simón Molina Rojas, Juan Alvarado Bonifacio, Benito Estrada Alarcón, Benito Vedia Garnica, Donato Llaveta Calle, Eusebio Coa Alejandro, Francisco Camiño Bohorquez, Nicolás Seko Acarapi, Francisco Puma Arancivia, Gabriel Laureano Torrez Bohórquez, Julián Muñoz Dorado, Antonio Chocllu, Guadalupe Quispe Nuñez, Sabina Parina Mora de Montalvo, Oscar Camiño Bohorquez, Eloy Muñoz Ramos, Carlos Estrada Alarcón, Santiago Duran Vargas, Luis Fernando Ali Mamani, José David Caype Sarzuri, Celso Cruz Colque, Néstor Calle García, Francisco Muñoz Coyllo, Martha Saigua Barahona, Gregoria Barahona Duran de Saigua, Justino Cruz Taboada, Isidro Pacsi Mendo, Nicolás Campos Osorio, Adolfo Santos, Javier Yarhui Huallpa, Luis Torres Calani, Francisco Romero Quispe, Patricio Villca Sánchez, Pacífica Quispe Montalvo de Colque, Fausto Meza Esquivel, Anastacio Chumacero Ramos, Mario Chumacero Ramos, Humberto Chávez Suyu, German Ugarte Muñoz, Faustina Villca Ramos, Ruth Sara Mamani Chambi, Pedro Chocllu Torrez, Daniel Chojllu Mamani, Máximo Mamani Bautista, Casimiro Flores Mamani, Juan de la Cruz Calle Quispe, Eulogio Tito Quispe, Martina Mamani Montalvo, Justo Flores Chirari, Santiago Ramos Esquivel, Telesforo Chojllu Paco, Primitivo Quispe Gonzales, Enrique Ramos Gonzales, Alejo Quispe Romero, Pedro Mamani Tito, Juan Coronado Estrada, María Hinojosa Cayo, Tiburcio Luna Cuizara, Enrique Muñoz Mostacedo, Miguel Casimiro Salazar, Bertha Taquichiri Salazar, Amalia Taquichiri Salazar, Albertina Campos Peñas, Andrés Tito Quispe, Eduardo Bernal Poveda, Isaac Vargas Barrozo, Máximo Copa Caguana, Fernando Muñoz Cruz, Francisco Legua Mamani, Alejandro Paco Puma, Eulalia Portugal Alfaro de Michaga, Andrés Condori Flores, Alejandro Condori Copa, Lucia Mamani Soliz de Alata, Martina Alejandro, Leandro Flores Condori, Nicolás Puma Pacaja, Gregorio Morales Flores, Leonarda Canchari Ramírez, Dionicio Lima Cruz, Andrés Murillo Fernández, Carlos Quispe Mamani, Mario Lugones Condori, German Mamani Suyo, Zacarías Camiño Flores, Vacilio Muños Poma, Dionicio Camiño Fernández, Medardo Camiño Flores, Sebastián Choque Llaveta, Marcelina Hinojosa Canaviri de Puma, Raymundo Mamani Isla, Félix Celestino Rodríguez Choque, Julián Mamani Canaviri, Feliciano Colquechambi Fernández, Eulogio Caballero Casimiro, Jhonny Caballero Casimiro, Fabio Callahuara Huarachi, Sabino Campos Villaca, Ruperto Higueras Manchego, Gregoria Hinojosa Laime de Cruz, Teófilo Luna Quispe, Adolfo Bautista Alejandro, Andrés Campos Colque, Agustín Quispe Cuno, Basilio Mendoza Fernández, Doroteo Gonzales Colque, Isaac Callahuara Chui, Benancio Flores Cuizara, Beltrán Taboada Limachi de Lugones, Herminio Paco Montalvo, Martin Pacaja Nogueda, German Montaño Mamani, Juana Araca Choque de Casimiro, Serapio Cuno Paco, Basilia Parina Mora, Carlos Esquivel Gonzales, Seberina Casimiro Aguilar, Damián Lima Onblito, Julio Mamani Colque, Carlos Nicasio Barahona, Demetrio Mamani Condori, Pedro Huaranca Salazar, Paulino Espinoza Carbajal, Ermogenes Paino Ramos, Severina Ponce Silva de Duran, Elvira Pacaja Noguera de Choque, Martina Chojllu Flores, Romualdo Delgado Paredes, Hilarión Mamani Morales, Juan Carlos Maguiña Porcel, Agustina Cruz Llaveta, Elvira Choque Yupari de Casimiro, Filomeno Chumacero Ramos, Eugenia Campos Osorio de Sanabria, Sebastián Sanabria Campos, Hugo Muñoz Mostacedo, Cornelia Cruz Campos, Cristóbal Garnica Mamani, Saúl Valda Calcina, Humberto Aja Rodríguez, Mario Mora Estrada, Max Emiliano Quispe Saigua, Juan Carlos Callahuara Chucapaya, Luis Casimiro Santuni, Juan Choque Torihuano, Feliciano Luna Mamani, Zenón Koso Copa, Lourdes Guzmán Levito, Edwin Soto Mamani, Salecio Mamani Mamani, Rita Chile Flores, Oscar Quispe Gutiérrez, Esteban Campos Villca, Lucia Campos Villaca, Angélica Casimiro Choque de Canllagua, Basilio Carme Murillo, Julio Yampa Potosí, Juana Carmona Ali, Santos Mamani Villca, Cleofé Barrios Flores, Carmelo Caballero Dias, Martin Flores Copa, Santiago Flores Cuno, Silverio Zambrana Aguilar, Primitiva Soza Huezo, Alejandro Caballero Dias, Martin Mamani Soto, Pedro Mesa Pacaja, Felipa Mamani Condori, Ernesto Carmona Canaviri, Vicente Paino Colque, Margarita Oporto de Marca, Basilio Albarado Garnica, José Santos Muñoz Choque, Anacleto García Colque, José Paino Peñas, Martin Ramos Condori, Román Paco Montalvo, Cilver Dávalos Bernal, Ana Manrrique López, Balbino Ramos Taboada, Martin Nicacio Quispe, Grover Soto Condori, Genaro Espinoza Garrón, Emiliana Ubaldez Mamani de Lugones, Moisés Andrade Saavedra, Bernabel Lugones Salazar, Gavino Mamani Flores, Feliz Cruz Oscosiri, Juliana Choque Hinojosa de Serrudo, Alejandro Tito Quispe, Reynaldo Quispe Ugarte, José Nicacio Barahona, Dionicio Yucra Puma, Leoncio Curo Fernández, Juana Chucamani Hermosillas, Juan Mamani Huanca, Carmen Soliz Medrano Vda. de Duran, Basilio Duran Rodríguez, Emiliano Cardozo Gallardo, Francisca Solamayo Guzmán, Elena Lezano Chui de Montalvo, Ambrocio Yucra Puma, Marcelino Flores Navarro, Mario Mamani Yucra, José Gonzales Rojas, Benigno Oscosiri Calle, Canuto Choque Paco, Francisca Campos Osorio, Emeliano Mamani Condori, Simón Ugarte Quispe, Ciprian Serrudo Puma, Felipe Garnica Paco, Nasario Llanque León, Silverio Muñoz Montalvo, Alejandro Yucra Pacheco, Domingo Flores Chocllo, María Romero Estrada, Inocencia Marca Callapino Vda. de Tapia y Alvina Gutiérrez Vedia Vda. de Corasi contra Ángela Sánchez Panozo y Elva Terceros Cuellar, Magistrados de la Sala Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2019, cursante de fs. 201 a 214; la parte accionante a través de sus representantes expresan los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Escritura Pública "361/97", con el objeto de desarrollar proyectos urbanísticos sin fines de lucro, para beneficiar a familias de escasos recursos económicos, el Servicio Nacional de Desarrollo Social (SENDES) adquirió la superficie de "19.2200 ha.", que registró en Derechos Reales (DD.RR.) el 7 de mayo de 1997, a fojas 145 del Libro de propiedades de la provincia Oropeza, derecho propietario que deviene del Titulo Ejecutorial 48291 a favor de Armando Solares y otra, correspondiente al ex fundo Pata Lajastambo; bajo este antecedente dominial Jhonny Miranda Gamboa, representante legal de SENDES, transfirió la superficie adquirida en lotes fraccionados de 250 m2 a familias de escasos recursos, quienes fueron asentándose con actividad agrícola y otros construyeron sus viviendas.
No obstante, del derecho propietario y posesorio que ostentan sobre esos lotes de terreno, fueron sorprendidos con el saneamiento de tierras que fue completamente irregular, bajo el nombre de Comunidad Campesina Kuchu Tambo, Polígono 566, pese a no pertenecer a dicha comunidad ni ser afiliados, tampoco fueron citados para el inicio de las pericias de campo, menos se socializó los resultados del informe de cierre, lo que impidió puedan reclamar cualquier omisión en las mensuras, así como el irregular trabajo técnico de mensura que demuestra desplazamiento de más de 3 m en todos los vértices, aspectos que vulneran las normas técnicas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), generando sobreposición de derechos, afectando inclusive parcelas al interior con lotes colindantes, viciando de nulidad el proceso de saneamiento; de esa forma fueron coartados de su derecho de participar en las etapas del mismo, dejándoles en total estado de indefensión a los cientos de subadquirientes de lotes de terreno, lo que concluyó con la emisión de la Resolución final de saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que declaró a dichos terrenos como tierra fiscal.
Refieren que SENDES presentó la demanda contencioso administrativa, que fue resuelta mediante la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 070/2018 de 16 de noviembre, declarando improbada la demanda y subsistente la Resolución Suprema 11986 de 15 de abril de 2014, con argumentos que tergiversan los hechos, para justificar los vicios cometidos durante el indicado saneamiento, vulnerando sus derechos constitucionales. En ese sentido, reclaman que existe una errónea valoración de la prueba, lesionándose por ello sus derechos constitucionales a la debida fundamentación y motivación.
Denuncian que estuvieron sometidos a un estado de indefensión permanente, primero por el INRA y luego por las autoridades demandadas, ya que no repararon el daño causado que deviene de una errónea valoración de la prueba, puesto que el saneamiento se ejecutó bajo la denominación de Comunidad Campesina Kuchu Tambo; es decir, que sus lotes de terreno habían sido incluidos inconsultamente dentro del proceso de saneamiento de la referida comunidad, a la cual ninguno de ellos es afiliado; además, como propietarios manifestaron que tenían convencimiento de que sus lotes formaban parte del área urbana correspondiente al municipio de Sucre, prueba de ello es la certificación 204/06 de 31 de julio de 2007, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la cual establece que el predio Pata Lajastambo se encuentra dentro del radio urbano, pero el INRA en su informe de relevamiento de información en gabinete de septiembre de 2010, señaló que únicamente el 13.35% de la Ex Hacienda Pata Lajastambo estaría sobrepuesto al polígono 566 y el restante dentro del radio urbano.
Manifiestan que uno de los argumentos centrales de dicha demanda contenciosa administrativa, fue precisamente el estado de indefensión que se encontraron por no haber sido citados por el INRA para participar del proceso de saneamiento, prueba de ello es la carta "cursante a fs. 413", por la cual los dirigentes de la propia Comunidad Campesina Kuchu Tambo, reconocen irregularidades en el proceso, pidiendo se reconozca también el derecho propietario a 29 personas que adquirieron pequeños lotes que cumplen la función social, pero fue arbitrariamente rechazada mediante el Informe Legal 367/2011 de 1 de julio, donde se evidencia el incorrecto trabajo de campo del INRA. Al respecto las autoridades ahora demandadas entienden que publicar en "periódico" la Resolución Administrativa del Inicio de Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 097/2010 de 20 de agosto, constituiría suficiente prueba para desvirtuar el estado de indefensión, obviando que estos instrumentos no se encuentran al alcance de los interesados quienes viven en el área rural, que inclusive muchos de ellos no saben leer ni escribir, sumado a ello que dicha Resolución sólo señala coordenadas del área a someterse al saneamiento, lo que no puede sustituir la obligación de esa administración como es el INRA de citar a los propietarios quienes con previo conocimiento de la fecha en la que estará dicha institución en sus predios, pueden munirse y presentar la documentación que acredita su derecho propietario para que sea valorada, e incluso si no se apersonan a las pericias de campo, corresponde a la nombrada institución que levante la información de campo, conforme dispone la guía para la verificación de la función social y económico social; por lo que, la irregularidad de no mensurar parcelas que a simple vista cumplen con la función social, aspecto observado por los mismos dirigentes de la Comunidad Campesina Kuchu Tambo, no se justifica bajo el argumento de que la solicitud fue extemporánea y que no les correspondía a las autoridades campesinas; en ese sentido, las autoridades ahora demandadas debieron realizar un control de legalidad del proceso de saneamiento y en aplicación de la verdad material corroborar si el INRA cumplió a cabalidad con la normativa agraria reglamentaria; es decir, si se cumplió con la publicidad del proceso de saneamiento y que no se dejó en indefensión a ningún interesado del mismo; consecuentemente, al no haber merecido una respuesta fundamentada sobre lo cuestionado, las autoridades demandadas se apartaron de los marcos legales, de razonabilidad y de la propia normativa agraria, así como de su propia jurisprudencia, así se tiene la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 15/2018 de 11 de mayo, que determina sobre los plazos procesales en sede administrativa, que debido a su carácter social, no son fatales ni perentorios.
En un caso similar en que funcionarios del INRA iniciaron un proceso de saneamiento con la emisión y posterior publicación por edicto de la Resolución de inicio de procedimiento, pero no procedieron con la debida citación al propietario del predio, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP "0990/2017" de 11 de septiembre, concedió la tutela impetrada y dispuso nulidad de obrados hasta la citación legal del accionante con el inicio del proceso de saneamiento instaurado por el INRA.
Reiteró que en el proceso contencioso administrativo se demandó la vulneración del art. 305 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, el cual prevé que una vez emitido el informe su resultado debe ser socializado con el informe de cierre en el respectivo polígono, se debe poner en conocimiento de los propietarios, beneficiarios, poseedores y terceros interesados para que puedan efectuar los reclamos u observaciones pertinentes en observancia estricta del derecho a la defensa, etapa procedimental incumplida por parte del INRA. Por lo que, conscientes de dicha omisión que coartó la posibilidad de que los adquirientes del SENDES asuman conocimiento de que sus lotes fueron sometidos dentro del área de saneamiento de la Comunidad Campesina Kuchu Tambo, y posteriormente hacen conocer sus reclamos respecto a los resultados de saneamiento, el INRA decidió camuflar tal omisión insertando "a fs. 392" del expediente de saneamiento del polígono 566, una fotocopia legalizada que corresponde al Acta de socialización de Resultados del polígono 563, pretendiendo hacer valer que se hubiera realizado la socialización de resultados en el polígono 566, siendo este acto una prueba fehaciente de que no se efectuó la socialización en el área de trabajo, infringiendo el art. 305 del DS 29215 y sus derechos constitucionales, además viciando de nulidad el referido proceso de saneamiento; no obstante, las autoridades ahora demandadas en su Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 070/2018, entendieron erróneamente que el reclamo anterior se dirige a la falta de realización de aviso público, difusión radial para la etapa de socialización de resultados, cuando reclamó en dicha demanda contencioso administrativa que no se llevó a cabo esa importante etapa para el polígono 566 que es donde se encuentran las propiedades de los ahora accionantes, no garantizando de esa manera la participación de los verdaderos interesados, ya que de una revisión y valoración de la prueba constituida en cuaderno de saneamiento sólo se cumplió con la socialización de resultados en el polígono 563 de la Comunidad Campesina Kuchu Tambo, pero no en el polígono 566, lo que impidió que los interesados se apersonen al proceso de saneamiento, pues de existir reclamos respecto del resultado se hará constar en el acta de socialización, con el objeto de subsanar cualquier irregularidad, ya que este resultado plasmado en el informe de conclusiones constituye la base para la emisión de la resolución final de saneamiento, de donde radica su importancia, demostrando transparencia por ello el simple hecho de que las autoridades demandadas señalen que cursaría avisos radiales para la realización de la socialización de resultados y que también se habría notificado con el informe de cierre mediante cédula al representante del SENDES, como si fuese propietario y único demandante, pero no se pronunciaron sobre los verdaderos perjudicados con ese irregular saneamiento, ya que el SENDES transfirió ese terreno en lotes de 250 m a cientos de familias de escasos recursos. Asimismo, sobre la omisión de socialización de resultados con el informe de cierre respecto al polígono 566, las autoridades hoy demandadas justificaron señalando que ambos polígonos se tratan de la misma Comunidad Campesina Kuchu Tambo; por lo que, no correspondía la socialización de resultados con el informe de cierre, evidenciando con ello que los nombrados se percatan de la no socialización de resultados, argumentos de los que hacen notar dos aspectos:
- a)De ser evidente que tanto el área del polígono 563 y 566 pertenecerían a la misma comunidad, entonces por qué durante las pericias de campo no se mensuró como un solo predio las superficies de ambos polígonos y de esa manera reconocerse la totalidad de superficie; y,
- b)Si la Comunidad Campesina Kuchu Tambo hubiese sido dueña también del polígono 566, como directos perjudicados con la declaratoria de tierra fiscal, no hubieran sido ellos los que hubiesen impugnado en contencioso administrativo contra la Resolución final de saneamiento. Cuestionantes que muestran la valoración totalmente apartada de los marcos legales de razonabilidad; por lo que, la actividad probatoria es inadecuada, irrazonable y arbitraria provocando una resolución infundada y "desmotivada", vulnerando su derecho al debido proceso.
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