1071/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1071/2019-S1 Sucre, 14 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrado Relator: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29401-2019-59-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 35/2019 de 6 de junio, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Guillermo Jimenez Ribera y David Carlos Hinojosa Mejia contra Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba y Richard Rafael Villaca Torrico, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 de mayo de 2019, cursante de fs. 12 a 18 vta., y el de subsanación de 22 del mismo mes y año, cursante de fs. 22 a 23 vta., la parte accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Alex Ariel Vega Revollo en representación de Juliana Torrez Dávila de Ticona y otros, presentaron denuncia en su contra el "26" de octubre de 2018, por la presunta comisión de los delitos de estafa y abuso de confianza, la cual fue complementada por los denunciantes el "26" de noviembre del citado año; consecuentemente, el 27 del referido mes y año, se puso en conocimiento de la autoridad encargada del control jurisdiccional, quien emitió la providencia de "29" de noviembre de similar año, dando por conocido el inicio de la investigación preliminar por el plazo de veinte días, advirtiendo a los Fiscales de Materia que en caso de existir la necesidad de ampliar las diligencias policiales más allá del plazo fijado para dicho efecto, debería ser comunicado al órgano jurisdiccional a los fines de un efectivo control jurisdiccional, antes del vencimiento, que fenecía por el simple cómputo el 26 de diciembre de ese año.

Por memorial de 21 de enero de 2019, la autoridad Fiscal demandada de manera extemporánea dispuso la ampliación y complementación de las diligencias preliminares por sesenta días más, señalando que a la culminación de ese plazo se emitiría el "requerimiento fiscal pertinente" en una de las formas establecidas en el art. 301 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin observar el principio procesal de preclusión, cuya ampliación también venció el 15 de abril de similar año; sin embargo, hasta la presente fecha continúan realizando de manera arbitraria e ilegal actos de investigación.

El 8 de mayo de 2019, solicitó al Juez -ahora demandado-, la nulidad de las actuaciones investigativas del Ministerio Público, por no ajustarse a la Constitución Política del Estado, tratados y convenciones internacionales y al Código de Procedimiento Penal; lo cual dio lugar a que la autoridad jurisdiccional citada emita la infundada Resolución de 9 de similar mes y año, rechazando in límine su incidente, haciendo referencia al principio de trascendencia y efectuando un análisis parcial y sesgado de los fundamentos legales expuestos en el petitorio, siendo que citó sentencias constitucionales plurinacionales las cuales son de cumplimiento obligatorio, además de tener fuerza vinculante para todas las autoridades del país, quienes sostienen que en el incidente solamente se habrían expuesto criterios personales, deducciones y suposiciones, cuando con absoluta lucidez jurídica el memorial presentado expone los fundamentos fácticos, legales, doctrinales y jurisprudenciales que sustentan la petición de nulidad.

Con el propósito de adecuar su ilegal e injusta Resolución de rechazo al incidente a la previsión del art. 315.II del CPP, la autoridad judicial -ahora accionada- arguyó que no habría fundamentación y prueba, ignorando los fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales que sustentaron su incidente y los informes elevados por el Ministerio Público, que señalan con claridad el inicio de la investigación, la ampliación del plazo de la investigación preliminar, demostrando un claro afán de la autoridad judicial de encubrir las arbitrariedades del Ministerio Público.

Llama la atención que la autoridad jurisdiccional -ahora demandada-, manifieste que no puede suplir conceptos y criterios personales, deducciones y suposiciones, olvidando que el solo señalamiento adecuado de los antecedentes fácticos, obliga a la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación penal proteger los derechos y garantías fundamentales de los imputados, conforme al aforismo latino iura novit curia y al principio pro hómine; empero, señaló que supuestamente no se mencionaron los derechos y garantías constitucionales vulnerados por el Ministerio Público, con un desconocimiento innegable de las sentencias constitucionales que fueron citadas en el memorial del incidente de nulidad de 8 de mayo de 2019; así también, de manera errónea expresó que al no existir previa conminatoria a los Fiscales o reclamos de los sujetos pasivos del proceso penal, los plazos de la investigación preliminar seguirían latentes; grave y equívoca apreciación por parte de la autoridad judicial -ahora accionada- de la que depende el salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de quien está sometido a investigación procesal penal.