Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1072/2019-S4 Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 30156-2019-61-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 049/2019 de 5 de julio, cursante de fs. 1126 a 1132, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Jacquelinne Stephanie Andrade Prado en representación legal de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Comandante General del Ejercito de Bolivia contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de junio de 2019, cursante de fs. 1043 a 1053 vta., el accionante, a través de su representante legal, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Iniciada la demanda civil de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, reconocimiento de frutos civiles, mas pago de daños y perjuicios, contra los detentadores del inmueble de propiedad del Comando General del Ejército, ubicado en la calle Manuel Limpias 61, de la Santísima Trinidad del departamento de Beni, Miguel Antonio Vieira Durán y Luz Denia Arriaga de Vieira, se produjo la reconvención de la litisconsorte María Durán Aue Vda. de Vieira, pretendiendo la nulidad del contrato de donación por falta de objeto y otros, presentando como prueba antecedentes de un proceso ejecutivo radicado en Santa Cruz, instaurado por el extinto Banco Boliviano Americano Sociedad Anónima (BBA S.A.) contra la empresa PLANTA PROCESADORA DE ALMENDRAS DURANIA LIMITADA (Ltda.), para recuperar $us330 000 (trecientos treinta mil dólares estadounidenses); litigio al que después de trece años de concluida la causa ejecutiva, se apersonó María Durán Aue Vda. de Vieira, como heredera ab intestato a la sucesión de sus tíos Oscar Pérez Salvatierra y Adolfina Durán de Pérez, codeudores y garantes a la vez; proceso que fue reabierto cuando todas las instancias ya estaban cerradas, con Sentencia ya ejecutoriada y habiendo operado prescripciones y caducidades.
Una vez sustanciado el proceso ordinario de mejor derecho propietario y otros, se pronunció la Sentencia 173/2017 de 6 de octubre, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de Beni, que declaró probada la demanda principal e improbada la reconvencional de nulidad de contrato y acción negatoria; razón por la que dicho fallo fue apelado, emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 39/2018 de 9 de marzo, por los Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que revocó la Sentencia impugnada declarando improbadas la demanda y la reconvención; empero, no determinó expresamente nada sobre la pretensión reconvencional, situación que fue consentida por los reconvencionistas, al no haber hecho uso de su derecho de pedir aclaración, enmienda y complementación; sin embargo, ambas partes presentaron recurso de casación, ante los cuales, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronuncio el , que declaró infundado el recurso del demandante en el proceso ordinario en cuestión; en relación al recurso de casación de Mirian Durán Aue Vda. de Vieira, casó parcialmente el fallo recurrido y resolviendo en el fondo, declaró probada la demanda reconvencional de nulidad de contrato de donación y cancelación judicial de gravámenes e improbada la retención de mejoras.
La mala valoración efectuada por los Magistrados demandados, dejó en indefensión al Estado, puesto que sus principales instituciones interventoras al ex BBA S.A., no fueron notificadas en el proceso ejecutivo, para la tramitación del incidente de nulidad, al cual incluso le faltan mas de cincuenta hojas que fueron sustraídas; sin embargo, aceptaron y validaron dicha prueba sin cumplir con su obligación de constatar si la misma es idónea, legal y proponible para un proceso de nulidad de contrato, lesionando además el debido proceso, puesto que, el , se dictó sin una debida fundamentación y motivación, dado que no analizó todo el universo probatorio, pues de haberlo hecho, se hubiese realizado dicha valoración atendiendo la pretensión de mejor derecho propietario por una parte y la nulidad de contrato por otra, más si se toma en cuenta que el título del Comando General del Ejército viene investido de toda legalidad de forma y fondo, al ser producto de una donación realizada por el propio Estado, que se adjudicó los activos pasivos del extinto BBA S.A., hecho que no debió ser desconocido por los jueces que atendieron el proceso ejecutivo, pues si se hubiese analizado sus títulos propietarios, se hubiesen percatado de que se trata de un bien público.
Asimismo, debió analizarse que el proceso ejecutivo antes referido, inició en 1992 y concluyó con Sentencia favorable al ex BBA S.A., el 7 de junio de 1993, acto que fue plenamente consentido por los causantes de Mirian Durán Aue Vda. de Vieira, habiéndose realizado la notificación al personero legal de la empresa DURANIA Ltda., por ser persona jurídica; sin embargo, trece años después, se concede un incidente de nulidad, presentado por una heredera, por falta de citación a sus tíos, notificándose con el mismo el entonces BBA S.A., vía edictos aun sabiendo que dicha entidad ya estaba extinta, bajo el título de citación parta a la empresa DURANIA Ltda., causando con dicho acto, total indefensión al Estado que no fue notificado, puesto que al margen de ello, el Comando General del Ejército, ni el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero (FONDESIF), son parte en el proceso ejecutivo en el que la Jueza de dicha causa, anuló ilegalmente obrados, incurriendo además el , en incongruencia, puesto que, el Auto de Vista recurrido, no se pronunció en su parte resolutiva, sobre las pretensiones de nulidad de contrato por falta de objeto, cancelación de gravámenes y retención de mejoras, ante el que tampoco se interpuso complementación y enmienda por ninguno de los contendientes, produciéndose la preclusión automática de su derecho a reclamar sobre dicha omisión, empeorándose aún más la situación cuando los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo ahora cuestionado, casaron el Auto de Vista cuestionado, que no se pronunció sobre las pretensiones reconvencionales antes mencionadas, lo que implica que dichas autoridades procedieron oficiosamente sin competencia, resultando sus actos nulos de pleno derecho, pues actuaron de forma ultra y supra petita, al fallar de esa forma.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante, denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, legalidad de juzgamiento, verdad material, motivación, fundamentación y congruencia, así como sus derechos a la defensa y a la propiedad privada; citando al efecto, los arts. 56, 115, 117, 120.I, 145.I y 189 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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