1077/2023-S1

Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental mediante escrito presentado el 30 de junio de 2022 cursante de fs. 801 a 806 vta. manifestaron que:

1. a)No corresponde se ingrese al fondo de la presente acción tutelar, siendo que se constituye en requisito para su admisión el cumplimiento del principio de subsidiariedad, lo cual en el caso presente no se encuentra cumplido, ya que luego de la notificación con el Auto Interlocutorio Simple de 11 de marzo de 2022, el impetrante no hizo uso de los recursos que le franquea la ley, es decir, no presentó el recurso de reposición como instrumento idóneo e inmediato para poner en evidencia una posible lesión de derechos, con la premisa que luego de haberse advertido de ello, se suprima, modifique o deje sin efecto, todo de conformidad al art. 253.I del CPC;
2. b)El accionante demostró su condición de adulto mayor; empero, tal como se explicó, esa sola condición no resulta suficiente para que la justicia constitucional atienda su pretensión, sino que resulta necesario que demuestre la supresión o amenaza de su derecho fundamental; lo que en este caso no ocurre;
3. c)Con relación al reclamo de que el Auto impugnado hubiese vulnerado el debido proceso en sus vertientes de motivación y congruencia por haber declarado No Ha Lugar a la Nulidad de Obrados, siendo que se solicitó la aplicación de la SCP 0827/2017-S2 y ACP 0022/2019-O; inicialmente el citado Auto impugnado, en su parte considerativa expresa que el demandado Ramón Rada Velasco, mediante memorial solicitó la Nulidad de Obrados hasta la admisión de la demanda, observando la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer demandas de nulidad de Títulos Ejecutoriales respecto de predios ubicados en áreas urbanas, solicitando el cumplimiento de la referida sentencia;
4. d)El Auto de 11 de marzo de 2022, en relación a la declaración de nulidad de un acto procesal, hizo cita respecto al entendimiento razonado a través de la SCP 0332/2012, en réplica a lo asumido en la SC 00731/2010-R, donde de forma textual señala que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, puesto que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por ley, subrayando dicha parte considerativa del Auto impugnado, que el ahora accionante, no especifica ni señala cual sería la norma que hubiera vulnerado el Tribunal Agroambiental, como tampoco explica de qué forma esa vulneración únicamente podría subsanarse con la nulidad de obrados, citando lo dispuesto por el art. 105 del CPC;
5. e)No se vulneró los derechos alegados, puesto que de la examinación de los fundamentos expresados en el Auto de 11 de marzo de 2022, se tiene plenamente demostrado que se dio estricto cumplimiento al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, respetando el derecho a la igualdad en cuanto a la aplicación objetiva de las normas en igualdad de condiciones, observando y precisando el marco jurídico legal que sustenta la competencia del Tribunal Agroambiental para el conocimiento de las demandas de nulidad y/o anulabilidad de Títulos Ejecutoriales, independientemente de la ubicación del predio, sea esta en área rural o urbana; puesto que, no existe instancia administrativa o jurisdiccional ordinaria que pueda arrogarse el conocimiento de dichos procesos con el suficiente sustento normativo; y,
6. f)No se vulnera en ninguna medida los derechos de la parte accionante; toda vez que explicó de manera concreta las razones fácticas, los antecedentes, la exposición de citas legales y el análisis de la aplicabilidad de los mismos al caso concreto, interpretando de manera correcta la normativa legal, no habiéndose demostrado por tanto, la supuesta vulneración al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia e igualdad en la aplicación objetiva de las normas vinculado con los precedentes constitucionales del juez natural y la competencia, como erróneamente es alegado.

Eulogio Nuñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA mediante informe escrito presentado el 30 de junio de 2022 cursante de fs. 810 a 814 manifestó que:

1. 1)El INRA ejecutó el proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN-SIM) respecto al polígono 054 de la propiedad actualmente denominada FLOBOLSA, ubicada en el municipio Quillacollo, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba y mediante Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio RSSO 0001/2006 de 01 de diciembre, se determina como área de Saneamiento la superficie aproximada de 160.0000 has., relativo al predio FLOBOLSA; misma que fue aprobada mediante Resolución Aprobatoria de Área de Saneamiento Simple de Oficio RSSO 684/2006 de 15 de diciembre;
2. 2)Durante la sustanciación del proceso de saneamiento se evidenció la Resolución Instructoria, Campaña Pública, Pericias de Campo, Evaluación Técnica Jurídica, Exposición Pública de Resultados conforme las disposiciones reguladas mediante el DS 25763 de 5 de mayo de 2000 (vigente en su momento), Informe en Conclusiones e Informe de Cierre conforme las disposiciones reguladas por DS 29215, y mediante Informe Técnico Jurídico USCC 030/2014 de 2 de abril y decreto de aprobación, fueron adecuadas las actividades de acuerdo a los alcances normativos del DS 29215;
3. 3)Mediante Informe en Conclusiones de 7 de abril de 2014, Informe de Cierre e Informe Técnico Jurídico USCC 033/2014 de 16 de abril, se establece los siguientes resultados y recomendaciones: se dicte Resolución Administrativa de Adjudicación, de conformidad al DS 29215, posteriormente se emite la Resolución Administrativa RA-SS 0868/2014 de 26 de mayo, mediante la cual se dispone: Adjudicar el predio denominado FLOBOLSA a favor de FLORES BOLIVIANA S.A., con la superficie de 21.0058 ha., clasificado como Pequeña Propiedad con actividad Ganadera, ubicada en el municipio Quillacollo, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, al haber acreditado la legalidad de su posesión, Posteriormente la referida resolución final de saneamiento fue objeto de rectificación mediante Resolución Administrativa RA-SS 058/2015 de 16 de abril por el cual se dispone rectificar la parte resolutiva primera de la resolución administrativa RA-SS 868/2014 de 16 de mayo donde se consigna el nombre correcto del beneficiario como: FLORES BOLIVIANAS SOCIEDAD ANONIMA;
4. 4)Sobre el reclamo de la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación fundamentación y congruencia y demás derechos el Auto de 11 de marzo de 2022, cabe señalar, que las actuaciones observadas, refieren a actos propios realizados en la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, sustanciados en la tramitación de la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial signado con el expediente 3538/2019, actuaciones que cursan objetivamente en el indicado Expediente que se encuentra radicado en dicho Tribunal y que serán remitidos a esa instancia para su evaluación; debiendo tenerse presente que de acuerdo al art. 144.2 de la LOJ las Salas tienen atribuciones para conocer y resolver en única instancia las demandas de Nulidad y Anulabilidad de Títulos Ejecutoriales en materia agraria; y,
5. 5)Por el principio de especialidad otorgado en base al art. 189.2 de la CPE concordante con el art. 50.VII de la Ley 1715, en cuanto a la declaración de nulidad o convalidación de Títulos Ejecutoriales es de competencia del Tribunal Agroambiental, en ese contexto el Tribunal Agroambiental es competente para conocer las demandas de Nulidad y Anulabilidad de Títulos Ejecutoriales, los magistrados hoy accionados deberán garantizar dentro de la sustanciación de la demanda de nulidad, el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones conforme establece el art. 115 de la CPE.

Hector Cartagena Chacón Alcalde del GAM de Quillacollo mediante informe escrito presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 979 a 984 vta. manifestó que:

1. i)Si bien invoca como derechos fundamentales vulnerados el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, congruencia y garantía de igualdad en cuanto a la aplicación de la ley vinculado con el derecho garantía a la aplicación objetiva de la norma o tutela judicial efectiva y el derecho al juez natural como parte del debido proceso; empero no fundamenta ni acredita de qué forma se habría vulnerado estos derechos y garantías, limitándose a su simple mención lo que hace improcedente la acción de defensa;
2. ii)Respecto del Derecho Propietario que tiene el GAM de Quillacollo sobre el Playón de Marquina, la Ley 3975 de 24 de noviembre de 2008 declaró como bienes de dominio público, a las playas, los abanicos, lechos de río, las áreas hasta la máxima crecida, que conforman el Río Chocaya desde la garganta que empieza al pie del cerro de la cordillera del Tunari, hasta su confluencia con el Río Rocha, tal como señala el art. 85.4 de la Ley de Municipalidades, a su vez señala que dicha alcaldía elaborará y aprobará un plan de uso de suelo donde serán considerados todos los proyectos hídricos, ambientales, educativos, control de torrenteras e infraestructuras y equipamiento social, de carácter público;
3. iii)De acuerdo a la cartografía y el detalle de coordenadas geográficas establecidas en la Ley 3975, verificamos que la propiedad de Flores Bolivianas SA y Ramón Rada Velasco se encuentran dentro del polígono definido por la referida Ley 3975, cuyo Folio Real acredita el registro en Derechos Reales del Playón de Marquina aclarando que el predio FLOBOLSA se encuentra dentro el territorio del citado Playón protegido por la Ley 3975;
4. iv)La Sentencia Agroambiental 22/2019 de 17 de abril, emitida en el proceso contencioso administrativo a demanda del GAM de Quillacollo, el mismo en la parte Resolutiva ordenó cuatro acciones a ser realizadas por dicha entidad que son el de cumplir el art. 3 de la Ley 3975; regularizar el registro de Derecho Propietario efectuado sobre el área determinada por la Ley 3975, a fin de evitar el doble registro en DDRR; adecuar la norma del Municipio de Quillacollo referida a la delimitación del radio urbano, de acuerdo a lo establecido por el art. 5 de la Ley 3975; en cumplimiento a la Sentencia, el Órgano Ejecutivo del GAM de Quillacollo, en coordinación con su Órgano Legislativo; cada 12 (doce) meses desde la notificación con el fallo; deberá informar al Tribunal Agroambiental, vía Juzgado Agroambiental de Quillacollo sobre el cumplimiento del mandato legal en cuanto a la elaboración y aprobación del Plan de Uso de Suelo;
5. v)En tal sentido, toda el área del Playón de Marquina en la que también se encuentra el predio motivo de la acción es de propiedad del GAM de Quillacollo incluyendo el predio de FLOBOLSA, el cual se halla protegido por la ley y es precisamente en ejercicio del derecho propietario que se están realizando todas las acciones necesarias para el Playón Marquina, derecho fundamental de propiedad que se halla legislado por el art. 56 de la CPE y art. 105 del CC; es decir, el poder jurídico o señorío que se tiene sobre un bien que permite a su titular usar, gozar y disponer de los bienes dentro los límites establecidos por Ley, por lo que se tiene establecido que el Tribunal Agroambiental tiene jurisdicción y competencia para conocer estos procesos;
6. vi)En relación al Proceso de Nulidad de Título Ejecutorial Expediente 3538/2019 caso FLOBOLSA a demanda del GAM de Quillacollo contra Flores Bolivianas SA y Ramón Rada, el mismo se encuentra en plena tramitación, con la apertura legal de la Jurisdicción y Competencia del Tribunal Agroambiental en su Sala Segunda, competencia a la que la parte accionada se ha sometido desde el inicio, teniéndose la demanda presentada el 9 de abril, el Auto de 22 de Mayo de 2019 de admisión de la demanda, la citación practicada a Ramón Rada Velasco por Flores Bolivianas SA FLOBOLSA de 1 de julio de 2019, y el Auto de 11 de marzo de 2022 que declara no ha lugar a la nulidad interpuesta por el demandado Ramón Rada Velasco, proceso que se encuentra en trámite, aclarando que la entidad municipal ha recabado las Órdenes Instruidas el 14 de Junio de 2022 para realizar la citación a los terceros interesados y continuar con la tramitación del proceso hasta su conclusión; y,
7. vii)Del análisis de las normas se concluye que todos los actos realizados por los Magistrados demandados que tienen el conocimiento del Proceso de Nulidad de Título Ejecutorial Expediente 3538/2019 ha actuado y actúa con plena jurisdicción y competencia desde la admisión de la demanda, y lo único que pretende el accionante es hacer incurrir en error para obtener un fallo a su favor, desnaturalizando con ello la esencia, génesis, extensión y significación de la jurisdicción y competencia que desde siglos atrás en materia procesal se constituye en el bastión y los pilares fundamentales de la administración de justicia.

Alberto Heredia Tordoya, José Luis Álvarez Lira y Jorge Raúl Obando Stemberg mediante informe escrito manifestaron que:

1. a)Es evidente que existe un Proceso de Nulidad de Título Ejecutorial, deducido por el GAM de Quillacollo desde 2019, sin que "hasta la fecha" tenga una resolución final, lo que significa una actuación discrecional del Tribunal Agroambiental, ocasionado una retardación de justicia en un proceso en el que carece de competencia, por las misma razones que argumenta la parte accionante, lo que significa un total desconocimiento al instituto de la propiedad agraria, por un lado, a las facultades que tienen todos los Gobiernos Municipales, ya que estos últimos tienen la facultad de cambiar el uso de suelo;
2. b)El simple desconocimiento de esta realidad, implica una limitación para el acceso a la justicia, el debido proceso previsto en los arts. 115.I y II, así como en lo concerniente al Juez Natural incurso en el art. 120 de la CPE, por lo que es preciso que el Tribunal Agroambiental se limite a conocer causas solo de terrenos que se encuentran en Área Agrícola y no así en Área Urbana porque así lo menciona el art. 189.2 de la CPE, pero se olvidan deliberadamente que la misma Norma Suprema establece competencia en favor de las entidades autónomas, como es el Gobierno Municipal, que a decir del art. 299.II.15 y 16, que hace referencia a la vivienda, y la agricultura, además el art. 302.I. 6, que se refiere a la Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y uso de suelos, el cual está condicionado a la necesidad y exigencia de la misma sociedad;
3. c)EsOS actos administrativos, son los que en definitiva establecen las bases para el ejercicio de las competencia de las instancias de administración de justicia, como es la del Tribunal Agroambiental, y esto basado en un tema de materia, cuyo sustento son precisamente las normas sustantivas que regulan el litigo sometido al proceso, que además están ligados precisamente al cambio de uso de suelo que en el ejercicio de su autonomía, un Gobierno Municipal ha determinado que una parte de su territorio, es decir de su ámbito espacial, se incorpore dentro de una actividad específica, que es el de brindar el uso para fines urbanísticos, esto además en el margo de cumplimiento de otro derecho que tiene los mismos afectados, vulnerando en consecuencia el derecho establecido en el art. 19 de la CPE, que hace referencia al derecho a un hábitat y vivienda, en cuya planificación tiene que formar parte el mismo gobierno municipal;
4. d)Derecho que pretende ser negado por una proceso fabricado, forzando la jurisdicción del Tribunal Agroambiental, más aún que, en calidad de sub adquirentes de buena fe, nos vemos afectados por las pretensiones del Gobierno Municipal y el mismo Tribunal Agroambiental que se presta para este tipo de violaciones, desconociendo los derechos que están reconocidos por nuestra Ley Fundamental (art. 108.2 CPE), ya que en una sociedad democrática "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común..." (Art. 32.2 del Pacto de San José de Costa Rica);
5. e)Por lo tanto, la vigencia de la Resolución Ministerial 61/2016 de 10 de mayo, que homologa la ampliación del área urbana, del municipio de Quillacollo, en esencia no solo implica un cambio de uso de suelo, sino también conlleva el cambio de jurisdicción, en el caso presente, de la agroambiental a la ordinaria, por lo que el accionar de los Magistrado de la Sala II del Tribunal Agroambiental tiene que apegarse a los alcances definidos en la SCP 0827/2017-S2 de 14 de agosto y ACP 0022/2019-O, que concluyen: que el Tribunal agroambiental no tiene competencia para conocer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales en predios que se encuentren en área urbana, sino que se limita únicamente a conocer demandas de nulidades de terrenos ubicados en área rural;
6. f)La base para estas arbitrariedades es la Ley 3975 de 24 de noviembre de 2008, que a decir de su mismo art. 3o, "El Gobierno Municipal de Quillacollo, elaborará y aprobará un plan de uso de suelo" y consideramos que es en este orden que se hizo la ampliación de la mancha urbana, que considera la incorporación de parte de esta área a la mancha urbana, más aún que a la fecha son inexistentes los proyectos hídricos, ambientales, educativos, de forestación, parques ecológicos educativos, control de torrenteras e infraestructura y equipamiento social, todos de carácter público, realizados por parte del Municipio de Quillacollo, y permitir además la construcción, a los que denominan ilegales, violando de esta forma los derechos y garantías de las personas que somos propietarios cuya titularidad se remonta hasta antes de la promulgación de esta ley, ya que la misma no es precisamente de expropiación, lo que significa que pretende incorporar plenamente esta ley al dominio público tendría que hacer el Municipio la respectiva expropiación, lo que significa el reconocer el pago de un justo precio; y,
7. g)De no actuar en este orden, se está limitando derechos que se encuentran garantizados en la misma Constitución, que permite, en todo caso el debido reconocimiento de derechos de terceros o de intereses sociales legítimos que apuntan también a la consolidación de los fines estatales. De allí que la administración y la jurisdicción no puedan por sí mismos, estatuir límites a los derechos fundamentales, pues aquélla ni ésta portan la legitimidad democrática privativa de la instancia legislativa, es decir del constituyente, por lo que, indicar en qué casos hay lugar a la limitación del derecho, en este caso a la propiedad privada, cuyo procedimiento que debe seguirse para el efecto es precisamente el proceso de expropiación de no ser así, esto es, de consagrarse cláusulas generales para que la jurisdicción limite derechos fundamentales, no se estaría ante una limitación sino ante un violación al derecho a la propiedad privada.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, por Resolución 55/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 996 a 1001 vta. concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto el Auto de 11 de marzo de 2022, debiendo emitir nueva resolución, debidamente fundamentada, motivada y congruente, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De antecedentes cursa copia de la demanda instaurada por el Alcalde Suplente del GAM de Quillacollo dirigida ante los Magistrados del Tribunal Agroambiental pidiendo la nulidad absoluta del Título Ejecutorial PPD- NAL442388 de 17 de abril de 2015 denominado Predio Flobol S.A., tramitado ante el INRA dirigiendo la acción contra Flores Bolivianas S.A. representada en el proceso de saneamiento por Ramón Rada Velazco y se disponga la cancelación total de su inscripción en Derechos Reales registrado bajo la matricula 30.9.0.10.0003262;
2. 2)Cursa el memorial presentado por el ahora accionante en 11 de noviembre de 2021 solicitando cumplimiento de Sentencia Constitucional y se declare la nulidad de obrados por incompetencia en razón de materia a objeto de no usurpar funciones, finalmente se tiene el Auto de 11 de marzo de 2022 que ahora se impugna resolviendo no ha lugar a la nulidad de obrados;
3. 3)En primera instancia la parte accionada alegó que el accionante al instaurar la presente acción, no observó el principio de subsidiariedad, toda vez que no interpuso el recurso de reposición contra ese Auto de 11 de marzo de 2022 por considerarse un Auto interlocutorio, empero este Tribunal conforme prevé los arts. 253.1 y 254.V del CPC considera que la misma no tiene asidero legal; es decir que por el ámbito de competencia del Tribunal Agroambiental y la naturaleza de la acción no es competente para conocer de recursos de apelación, en consecuencia no se aplica la disposición para el presente caso;
4. 4)La parte accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, en la Resolución de 11 de marzo de 2022, al efecto del análisis efectuado de la misma se tiene que se efectúa una relación de las actuaciones procesales, fundamenta con relación a las normas y líneas jurisprudenciales que rigen el régimen de las nulidades, identifica el petitorio donde solicita la nulidad de obrados, hasta el Auto de Admisión, declarando la incompetencia en razón de materia; sin embargo no especifica cual es la norma que hubiera vulnerado ese Tribunal, asimismo solicita el cumplimiento de la SCP 0827/2017-S2 y que la misma es vinculante;
5. 5)La revisión de la SCP 0827/2017-S2 y del ACP 0022/2019-O se constata que las mismas no efectúan valoración jurídica ya sea de cambio de entendimiento, certificatoria o modulatoria de dichos fallos que dan cuenta que desde el ex Tribunal Agrario hasta el actual Tribunal Agroambiental, tiene competencia para conocer demandas de nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios del cual emergen los mismos, aun estén en área urbana, lo que significa que al presente solo existen dos fallos constitucionales que contradicen las mismas, vacío legal constitucional que vulnera el debido proceso previsto en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, los que no son atribuibles a la jurisdicción agroambiental, y resulta intrascendente solicitar el cumplimiento de la SCP 0827/2017-S2; toda vez que, la competencia del Tribunal Agroambiental se encuentra definida por los arts. 189.2 de la CPE y 36.2 de la Ley 1715, por lo que bajo ese análisis resuelven declarar no ha lugar a la nulidad de obrados;
6. 6)El accionante el 11 noviembre de 2021, se apersonó ante el Tribunal Agroambiental pidiendo la nulidad de obrados y cumplimiento de la SCP 827/2017-S2, empero los Magistrados resolviendo lo peticionado declaran no ha lugar la nulidad de obrados, al respecto se tiene que el Tribunal Constitucional en la referida sentencia efectuó el siguiente razonamiento "que el Tribunal agroambiental tiene competencia para conocer y resolver demandas de nulidad de titulos ejecutoriales únicamente respectos de terrenos ubicados en el área rural" (sic.); en consecuencia se tiene que al emitir el Auto de 11 de marzo de 2022 efectuaron una interpretación diferente al concluir que el Tribunal Agroambiental tiene competencia para conocer la demanda, respecto de terrenos que actualmente son urbanos;
7. 7)Los Magistrados accionados omiten fundamentar su resolución, al no pronunciarse y desconocer el carácter obligatorio en su cumplimiento que tiene el fallo constitucional, pues no está permitido apartarse de las razones de su decisión, aun cuando disientan o consideren que existen motivos legítimos para ello, puesto que lo contrario implicaría desconocer la calidad de cosa juzgada de las sentencias constitucionales; y,
8. 8)El Auto impugnado, no cuenta con la debida fundamentación y motivación, es incongruente, no da respuesta a cabalidad sobre los puntos denunciados y él porque se aparta del lineamiento de la SCP 827/2017-S2, pronunciamiento respecto a la competencia del Tribunal Agroambiental sobre predios insertos en el radio urbano.