1078/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1078/2019-S4 Sucre, 18 de diciembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yvan Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 30191-2019-61-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AAC-0041/2019 de 5 de julio, cursante de fs. 439 a 443 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Margarita Lizarazu Orellana contra Elva Terceros Cuellar y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 de mayo de 2019, cursante de fs. 290 a 300, y de subsanación de 13 del mismo mes año (fs. 303 y vta.), la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Adquirió por sucesión hereditaria en copropiedad con su hermano, Fernando Lizarasu Orellana -actualmente fallecido-, 16 parcelas de terreno que fueron transferidas de sus padres por sucesión hereditaria, mediante Título Ejecutorial 624767 registrado en Derechos Reales (DD.RR.) de Cochabamba. De estas 16 parceles, específicamente la parcela 6, cuenta con una superficie de 4244 m2, la cual es indivisible por mandato de lo previsto por el art. 48 de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) y se encuentra ubicada sobre la carretera alterna Cochabamba-Quillacollo, lugar donde tiene su vivienda desde hace más de sesenta años y donde reside actualmente; no obstante ello, cuando su hermano aún se encontraba con vida, éste vendió dos predios que tenían en copropiedad, sin su consentimiento, a los esposos Aurelio Aguayo Arrayan y Esperanza Medrano Argote, quienes ingresaron a su parcela Aguayo por el lado este en 1998, y a su parcela Caico por el oeste el 2000, bajo el falso argumento que eran los cuidadores de los lotes por parte de su hermano, y ante sus reclamos, estas personas le manifestaron que compraron el lote al prenombrado; por lo que, increpó a su hermano por tal venta, recibiendo de su parte una serie de amenazas verbales.

Posteriormente la comunidad en la que vive, en una Asamblea en la que su persona participó, decidió iniciar un saneamiento comunitario, solicitando que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proceda con esta tarea, misma que se llevaría a cabo de manera voluntaria, saneamiento al que su persona decidió no someterse debido a su delicado estado de salud, extremo aprovechado por los esposos Aurelio Aguayo Arrayan y Esperanza Medrano Argote, quienes de manera oculta, incluyeron a dicho saneamiento las dos parcelas denominadas Caico y Aguayo, logrando su titulación de manera ilegal sobre ambos predios, dividiendo pequeñas propiedades indivisibles.

Una vez llevados a cabo estos procesos de saneamiento, de manera fraudulenta por el INRA, decidió solicitar la nulidad de los dos títulos ejecutoriales obtenidos por los esposos Aurelio Aguayo Arrayan y Esperanza Medrano Argote, ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional, instancia que emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional 02/2019 de 8 de febrero, en la que efectuaron un análisis erróneo por las razones que se detallan a continuación.

Respecto a la nulidad del Título Ejecutorial PPD-NAL-176088, efectuada dentro del trámite de saneamiento de la propiedad denominada "Caico" parcela 589, con expediente I-21719, que fue dispuesta por la Resolución Suprema (RS) 04386 de 14 de octubre de 2010, por su parte, sostuvo que jamás fue notificada con actuado alguno, pese a tener su vivienda colindante con este predio; ante lo cual, el INRA manifestó que se cumplió con esta obligación mediante las publicaciones edictales, sin considerar que la notificación mediante edictos se efectúa para las personas inciertas o cuyo domicilio se desconozca y que sepan leer. Con relación a lo cual; las Magistradas demandadas, sostuvieron que su persona tenía conocimiento sobre el procedimiento iniciado, al haber participado en la Asamblea en la que, la comunidad determinó efectuar el saneamiento comunitario. Razonamiento que no consideró que su persona jamás se sometió ni asistió a las convocatorias para que formara parte del comité de saneamiento; por lo que, la interpretación sobre este tema fue sesgada.

Refiere además que solicitó al INRA y a su departamento técnico que se determinará la sobreposición sobre su derecho propietario, en su condición de colindante y dueña de toda la parcela, sin que hubiera recibido respuesta, incurriéndose en una falta seria al juzgar sin elementos de respaldo.

Al no habérsele notificado con el inicio ni el final de las pericias de campo, se le provocó indefensión, existiendo un fraude procesal, pese a ser la propietaria colindante, cuando la posesión de los demandados es ilegal, conforme a lo establecido por el art. 310 del Reglamento a la Ley 1715; sin embargo, las autoridades demandadas sostuvieron que dicha posesión es legal bajo el argumento que los precitados presentaron una certificación de posesión, misma que fue otorgada por los dirigentes de la comunidad; empero, dicho documento no puede tener mayor valor que su derecho propietario debidamente acreditado con la documentación pertinente.

En cuanto a la nulidad del Título Ejecutorial PPD-NAL-685224, dentro del trámite de saneamiento de la propiedad denominada "Aguayo", con expediente I-33104, los argumentos para que este título sea anulado fueron básicamente los mismos que los expuestos anteriormente, respecto a la falta de notificación y al fraude procesal, además de la posesión ilegal de los demandados por haberse dado después de una compra-venta ilegal de este predio, realizada por su hermano sin su consentimiento.