1079/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1079/2019-S1 Sucre, 14 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 29907-2019-60-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 07/2019 de 9 de julio, cursante de fs. 65 a 69, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico en representación sin mandato de María René Aldunate Sausiri contra Rosario Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de julio de 2019, cursante de fs. 3 a 7, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, la Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro -ahora demandada-, emitió mandamiento de aprehensión, careciendo de formalidades de validez, conforme establece el último párrafo del art. 182.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en razón a que el mismo contaba con facultades de allanamiento de domicilio con carácter indefinido, pudiendo ejecutarse de lunes a domingo; asimismo, señaló de manera incorrecta la dirección de su domicilio citándose tres calles y una numeración sin establecerse concretamente a cuál de las tres calles correspondía la misma. Por otra parte, se tiene que, en todo allanamiento de domicilio, debe existir la participación obligatoria del Fiscal de Materia, pero en la Resolución 186/2019 de 1 de julio, correspondiente al Auto Motivado de Aprehensión con facultad de allanamiento, la nombrada autoridad no mencionó la participación de algún Fiscal designado, dejando abierta la posibilidad a la víctima de allanar su domicilio, en base a un mandamiento con falencias y omisiones insalvables, al no contar con la dirección funcional de un Fiscal de Materia y con una determinada vigencia de noventa y seis horas conforme prevé la citada normativa y que no fueron mencionadas en dicha Resolución, posibilitando la ejecución de una aprehensión completamente arbitraria.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela, alega la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio