Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1079/2019-S4 Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 26942-2018-54-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 06/2019 de 8 de octubre, cursante de fs. 163 a 165 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Adalid Aguilar Frías, en representación legal de Gualberto Rodríguez Cruz y Dina Mendoza Morales de Mamani contra Macario Lahor Cortez Chávez, Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2018, cursante de fs. 34 a 42 vta., los accionantes, a través de su representante legal, expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Al enterarse sobre la emisión de la Resolución Determinativa de Saneamiento del Área de Tierras Comunitarias de Origen e Inicio de Procedimiento SAN-TCO-DDP-RES.DET-INC.PDTO 001/2017 de 10 de marzo, emitida por el INRA Potosí, en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Distrito Municipal Indígena de Coroma, que se encuentra compuesta por 11 ayllus, lugar donde también se encuentra asentada la comunidad Rural Nueva Esperanza del municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro, del departamento de Potosí en la que viven actualmente; el 20 de febrero de 2018, mediante memorial dirigido al Director Departamental del INRA Potosí, solicitaron el saneamiento de sus tierras, con el objetivo de que se considere a su comunidad como un tercero interesado dentro del proceso de saneamiento de la referida TCO del Distrito Municipal Indígena de Coroma.
En respuesta a dicha solicitud, el Director Departamental del INRA Potosí, emitió el Decreto de 26 de febrero de 2018, haciéndoles conocer que no era posible la admisión de su solicitud, ante la existencia de una Resolución determinativa que incluía a los 11 ayllus, como Distrito Municipal Indígena de Coroma; por lo que, la ejecución del proceso de saneamiento se encontraría paralizada, debido a la determinación de las mismas comunidades integrantes de esta TCO, que por reunión de 7 diciembre de 2017, otorgaron el plazo de noventa días, para que ellos mismos analizaran internamente las delimitaciones entre comunidades, por lo que el INRA se encontraba a la espera del vencimiento de ese plazo y el pronunciamiento del Consejo de Autoridades del precitado Distrito Municipal Indígena de Coroma, para posteriormente disponer lo que corresponda conforme a ley.
Agregaron que dichos argumentos resultan contradictorios y poco claros respecto a lo establecido por la precitada Resolución Determinativa de Saneamiento del Área de Tierras Comunitarias de Origen e Inicio de Procedimiento SAN-TCO-DDP-RES.DET-INC.PDTO 001/2017 de TCO e inicio de procedimiento, la cual intimó a los poseedores a acreditar su identidad y la legalidad de su posesión (sea esta individual, comunal o incluso, otra tierra indígena originaria, que se encuentre dentro del área determinada); en su criterio, lo que correspondía era que el INRA Potosí ordene la revisión de su solicitud y emitiera dos informes, uno legal y otro técnico, y una vez cumplido el mismo, podía optar por una de las siguientes opciones:
- a)Intimar la subsanación de requisitos de forma y contenido de la solicitud;
- b)Admitir la solicitud; y,
- c)Rechazar la solicitud.
Por lo señalado, consideraron que dicha respuesta no atendió lo solicitado por su parte, por cuanto no fundamentó de modo alguno, sobre las razones que impedirían la admisión de su petición; omisión que les obligó a presentar un memorial el 21 de marzo de 2018, requiriendo aclaración y complementación del Decreto de 26 de febrero del mismo año, sobre los siguientes aspectos:
- 1)Que se especifique la normativa que establecería la imposibilidad de que se admita su solicitud;
- 2)El Decreto impugnado pretendería demostrar que su decisión de someterse a un saneamiento fuera ajena a la TCO del Distrito Municipal Indígena de Coroma; por lo que, exigen que se les indicara en qué parte de la Constitución Política del Estado se establece que una comunidad puede decidir por otra y por qué no se tomó en cuenta lo dispuesto por el art. 2 de la Constitución Política del Estado (CPE);
- 3)Las razones por las cuáles no resultan aplicables las normas en las que basaron su solicitud de saneamiento;
- 4)Cuál es la razón para obligar a una comunidad que no es parte de una TCO a incluirse en la misma; y,
- 5)Si el Decreto era recurrible y en qué plazo.
Dicha solicitud de aclaración y complementación, mereció Decreto de 4 de abril de 2018, por el cual, el Director Departamental del INRA Potosí afirmó que el proceso agrario es de carácter social y no corresponde su judicialización, y a continuación reiteró los mismos argumentos del decreto recurrido. Respuesta que en dichos términos tampoco fue clara, mucho menos congruente; por lo que, interpusieron recurso de revocatoria; sin embargo, la Dirección Departamental del INRA Potosí no resolvió el mismo por más de veinte días; sin embargo, al no contar con ninguna respuesta, en aplicación de lo previsto por el art. 83 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, al considerar la existencia de silencio administrativo negativo, plantearon recurso jerárquico, impugnando el Decreto de 4 de abril de 2018, en base a los mismos argumentos planteados en su recurso de revocatoria.
El recurso jerárquico fue resuelto por la entonces Directora Nacional del INRA, Eugenia Beatriz Yuque Apaza, que emitió el Auto de 18 de mayo del referido año, en el que escuetamente sostuvo que no se admitía el recurso interpuesto por Dina Mendoza Morales de Mamani, en su calidad de Corregidora Auxiliar de la comunidad Rural Nueva Esperanza, planteado en contra del Decreto de 4 de abril de 2018, considerando que no procede el recurso jerárquico contra providencias, autos y resoluciones simples, conforme a lo previsto por el art. 76.III del DS 29215; por lo que, la autoridad ahora demandada consideró dicha respuesta como un acto de mero trámite, sin darse cuenta que producto de esa solicitud, dependiendo de su respuesta, daría inicio o se extinguiría un derecho de toda su comunidad, lo que tendría un efecto en la vida de sus mandantes; empero, correspondía que esta autoridad resolviera el recurso interpuesto por su parte.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Los accionantes, a través de su representante legal, denunciaron como lesión al debido proceso y su derecho de petición, señalando al efecto los arts. 115.II y 24 de la CPE respectivamente, y la vulneración del principio de legalidad.
I.1.3. Petitorio
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