1080/2022-S3

Añadió que los argumentos "anticonstitucionales" de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1066/2017, referían que:

1. a)La Resolución Determinativa 171721000205 con CITE: SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00057/2017 fue emitida el 26 de mayo y notificada el 19 de junio, ambos de 2017, en vigencia de la Ley 812, considerándose el término de la prescripción desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, estableciendo como plazo máximo de prescripción ocho años de forma única y definitiva;
2. b)Ante la modificación del art. 59 el CTB por la Ley 291, se derogó el último párrafo del parágrafo I del art. 59 mediante Ley 317 y habilitando el cómputo progresivo del término de la prescripción por Ley 812 se modificó el art. 59, estableciéndose en ocho años el término fijo de la prescripción, derogando o abrogándose las normas contrarias, bajo cuyo respaldo se notificó y emitió el acto administrativo definitivo impugnado; y,
3. c)La facultad de la Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria fue ejercida dentro del plazo legal, ya que el cómputo de la prescripción del tributo omitido IVA respecto de los períodos de enero, julio, septiembre y noviembre de 2012 que venció en febrero, agosto, octubre y diciembre del mismo año, empezó a computarse desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; interpuesto el recurso jerárquico, se dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017, con fundamentos "antijurídicos" puesto que:
4. 1)No se consideró que las contravenciones tributarias por las que se le pretende sancionar ocurrieron en los meses de enero a diciembre de 2012, por lo que correspondía aplicar al caso el art. 59 del CTB, modificado por las Leyes 291 y 371, habiéndose considerado para el cómputo del plazo de la prescripción el momento de la gestión en el que la Administración Tributaria del SIN ejerció sus facultades de determinación tributaria e imposición de sanciones y no el momento de vencimiento del plazo de pago del tributo y de la comisión de la supuesta contravención tributaria por omisión de pago;
5. 2)Se citó como fundamento al mencionado art. 59 del CTB modificado por la Ley 812, que establece un plazo de prescripción de ocho años, a pesar que el tributo supuestamente omitido y la contravención ocurrieron en la gestión del indicado año, cuatro años antes que ingresara en vigencia la Ley 812; y,
6. 3)Al momento de ser notificado con la Resolución Determinativa 171721000205 con CITE: SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00057/2017, ya había transcurrido el plazo de la prescripción, pretendiendo aplicar las modificaciones para el cómputo del plazo de la prescripción al texto original del Código Tributario Boliviano, en atención al momento de la gestión en la que el SIN pretendía ejercer sus facultades y no cuando se habían cometido las contravenciones como debería ser, utilizando normativa que no le era aplicable y que está prohibida por el principio de irretroactividad de la ley previsto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Solicita se conceda la tutela en su modalidad correctiva y en consecuencia se disponga:

1. i)Dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017 de 19 de diciembre, por ser contraria a la garantía del debido proceso; y,
2. ii)Que la AGIT emita uno nuevo dentro del Recurso Jerárquico, revocando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1066/2017 de 25 de septiembre, aplicando para el análisis el plazo y cómputo de prescripción de las leyes en vigencia a momento de suceder el hecho imponible IVA correspondiente a los períodos fiscales de enero, julio, septiembre y noviembre de 2012; es decir, los arts. 59 y 60 del CTB en el marco de lo establecido por los arts. 123 de la CPE y 150 del indicado Código, considerando la SCP 1169/2016-S3 de 26 de octubre y los precedentes del Tribunal Supremo de Justicia.

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ante la petición de aclaración efectuada por el Juez de garantías respecto a cuál sería específicamente la falta de fundamentación en la que incurrió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017, manifestó que:

1. a)La aplicación de la Ley 812 es lo que vulnera el deber de fundamentación de la garantía del debido proceso, puesto que conforme la SCP 1169/2016-S3, no se puede aplicar una norma publicada de forma posterior al acaecimiento de un derecho, existiendo similares precedentes en el Tribunal Supremo de Justicia, refiriéndose dicha Sentencia Constitucional Plurinacional a la facultad ejercida por la Administración Tributaria Aduanera empleando el Código Tributario Boliviano y analizar la prescripción utilizando las Leyes 291 y 317;
2. b)No se está pidiendo que efectúen un control de constitucionalidad, sino que se observe el art. 123 de la CPE, ya que una ley ingresa en vigencia a partir de su publicación y solo rige para lo venidero, sin que le corresponda a la AGIT efectuar una interpretación gramatical o textual de la norma ni prever la misma Ley 812 su aplicación retroactiva; ya que, de ser así sería inconstitucional suponer y presumir que toda norma rige para lo venidero; y,
3. c)No existen actos consentidos porque en los recursos de alzada y jerárquico se refirió a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar una determinación e imponer una sanción, sin que tampoco se pretenda realizar una labor interpretativa sobre la forma cómo se aplicó dicha norma al tratarse de un tema objetivo que se relaciona con la fecha de vigencia de la Ley 812, que no existía ni en proyecto en el año 2012 cuando sucedieron los hechos imponibles, aclarando respecto del principio de subsidiariedad que la SCP 0507/2013 de 18 de abril, refiere la posibilidad de acudir a la vía contenciosa administrativa o de manera directa a la acción de amparo constitucional ante la vulneración de derechos.

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 16 de octubre de 2021, cursante de fs. 310 a 335, así como en audiencia, manifestó que:

1. 1)De antecedentes se advierte que la Administración Tributaria notificó al accionante con la Orden de Verificación 0015OVE04183 de 28 de enero de 2016, respecto de los hechos y elementos relacionados con el crédito fiscal relativos a los períodos fiscales correspondientes a enero, julio, septiembre y noviembre de 2012, pronunciándose la Vista de Cargo 291721000030 con CITE: SIN/GDEA/DF/SVE/VC/31/2017, presentando descargos y planteando prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria el 11 de mayo de 2017, facultad que la Administración Tributaria ejerció dentro del alcance dispuesto en la Ley 291, siendo notificado con la Resolución Determinativa 171721000205 con CITE: SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00057/2017, bajo la Ley 812 que establecía un término de prescripción de ocho años conforme el art. 60.I del CTB, plazo que se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2020, por lo que su facultad de determinación no se encuentra prescrita;
2. 2)La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017 se encuentra debidamente fundamentada y motivada respaldándose en el principio de legalidad respecto de la norma legal aplicable en ese momento a la que se sujetó el cómputo de la prescripción, considerando el contribuyente prescrito la facultad de determinación de acuerdo con las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812;
3. 3)Derogado el segundo párrafo del art. 59 del CTB por la Ley 317 que refería: "...cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año..." (sic), no solo se incrementó el término de la prescripción sino la progresividad del cómputo de la prescripción con el propósito de que no se tomen en cuenta las obligaciones tributarias con el vencimiento para cada año sino que el cómputo se realice tomando en cuenta la solicitud de prescripción, la que no se produce de forma paralela al hecho generador o al momento de la contravención para determinar el tiempo de prescripción y luego aplicar el cómputo respectivo a partir del período correspondiente;
4. 4)La Ley 812 no tiene disposiciones transitorias que determinen condiciones nuevas para su cumplimiento inmediato, ni prevé inaplicarlas, puesto que de acuerdo con el modelo concentrado de control de constitucionalidad el único órgano que efectúa dicho control es el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, conforme a lo señalado por el art. 6 del CTB se propugna la aplicación objetiva de la ley vigente sin posibilidad alguna de acudir a disposiciones derogadas, por cuanto las modificaciones introducidas por la Ley 812 a la Ley 2492 son de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación así como lo refiere el art. 164 de la CPE;
5. 5)La Ley 812 se aplicó a una situación no concluida, al considerarse un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden afectar ni modificar, por cuanto el monto fijado hubiese pasado a formar parte del patrimonio del sujeto pasivo, además de que al operar a solicitud de parte y no de oficio, trascurrido el tiempo sin solicitarse y emitir una decisión en la que se determine expresamente la prescripción no hay derecho consolidado sino un derecho expectaticio, aun no perfeccionado, con la posibilidad de conseguir un beneficio en lo sucesivo, por lo que dicha Ley fue correctamente aplicada, puesto que la oposición a la prescripción del sujeto pasivo no fue perfeccionada, existiendo una situación fáctica aun no concluida, sin que dicha norma hubiese sido aplicada retroactivamente, encontrándonos conforme las SSCC "11/02" y 1421/2004-R de 6 de septiembre ante la presencia de retroactividad no auténtica conocida como retrospectividad;
6. 6)De acuerdo con la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, se realizó una cita antitécnica de la SCP 1169/2016-S3, al tratarse de una conducta ligada al contrabando, mientras que los hechos analizados se centran en la determinación de una deuda emergente de la depuración de crédito fiscal de facturas observadas;
7. 7)Existe una incongruencia en esta acción de defensa cuando se señala que la facultad del SIN para establecer tributos e imponer sanciones a prescrito; sin embargo, ese aspecto no fue parte de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017, al no estar señalada como agravio; por lo que, ahora no puede ser objeto de reclamo al no ser coherente que se pronuncien sobre puntos no expuestos en el recurso jerárquico, pidiendo se aplique al caso la 0SCP 1050/2021-S3 de 13 de octubre, siendo que pretender la tutela de actos tácitamente consentidos, aduciendo cuestiones ajenas al procedimiento tributario, no es éticamente correcto;
8. 8)La citada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017, contiene una adecuada motivación a todos los aspectos observados; ya que, la fundamentación no necesariamente debe ser ampulosa o exagerada, sino clara, concisa y responder a todos los aspectos demandados, por lo que identificado el objeto de la litis se respondió a cada uno de los puntos denunciados, sin que sean evidentes los argumentos del accionante, careciendo la acción de sustento jurídico al no existir agravios ni vulneración a derechos o garantías constitucionales, al no haberse señalado los motivos por las que dicha Resolución hubiese vulnerado sus derechos, limitándose a indicar que la decisión asumida no está fundamentada;
9. 9)Esta acción tutelar, no cumple con los requisitos de forma previstos por el art. 33.4 y 6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no indicar cuál es el hecho vulneratorio en el que incurrió su autoridad y cómo se vulneraron esos derechos, no explica los hechos o actos que hubiesen sido lesionados, ni expone los motivos técnicos o jurídicos por las que la indicada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017 los vulneró, incumpliendo los presupuestos legales que exige el Código Procesal Constitucional; por cuanto, pide que no se ingrese al fondo de la acción tutelar; puesto que, el Juez de Garantías pueda suplir la carga argumentativa;
10. 10)Esta acción de defensa no puede ser tomada como otra instancia del proceso, desconociendo el accionante la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo que es el medio legal por el que el particular que se considera afectado por un órgano de la administración pública puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia para que se determine si el demandado incurrió en la vulneración acusada por el administrado y de ser así se anule el motivo de la Litis; ya que, de acuerdo con el principio de control jurisdiccional, el Órgano Judicial controla la administración pública a través del proceso contencioso administrativo que soluciona el conflicto jurídico que crea el acto administrativo de la autoridad que vulnera derechos o intereses legítimos; y,
11. 11)No puede pretender que el Juez de Garantías se convierta en una instancia más que verifique todo lo obrado en la instancia administrativa y de impugnación, por lo que no corresponde activar esta acción de defensa con facultad para revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones, manifestando además que, la base sobre la que el accionante erige su petitorio gira alrededor de la falta de consideración de ciertos principios, incurriendo en una evidente imprecisión ya que los mismos se consideraron en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1066/2017 objeto de la presente acción de defensa. Por lo que pide se deniegue la tutela solicitada.

Ante la pregunta del Juez de garantías respecto desde cuando se tendría que hacer el cómputo de la prescripción y cómo se cataloga la prescripción en cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve años, a través de sus representantes legales, reiterando los argumentos del informe presentado refirió que:

1. i)La ley 317 que derogó a la Ley 291 señala que nueve años en la gestión 2017, resultando el problema la frase "en la gestión", sin que el Tribunal Supremo de Justicia pese haberlo solicitado, hubiere efectuado hasta la fecha una interpretación, la que de su parte se realizó, habiendo copiando la SCP 1169/2016-S3 la Sentencia "39" del Tribunal Supremo de Justicia; fallo que no tiene efecto vinculante al caso al referirse a un tema aduanero, cuando se está tratando de un tributo omitido y una determinación tributaria, habiéndose señalado con precisión la diferencia existente entre el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación y la aplicación o interpretación de la norma, teniendo la AGIT la facultad como ente administrativo con base en el Código Tributario Boliviano de interpretar la norma sin que un Tribunal de Garantías pueda ordenar aplicar una u otra ley cuando el Tribunal Supremo de Justicia no pudo efectuar dicha interpretación, sin que el accionante hubiese considerado que la Ley 291 señala que las deudas determinadas son imprescriptibles, sin que sea evidente la irretroactividad alegada; y,
2. ii)Las Sentencias "56" y "62" del Tribunal Supremo de Justicia, a las que se refirió el accionante, señalan que la AGIT efectuó una interpretación correcta respecto a que las deudas determinadas son imprescriptibles, en el caso son deudas de la gestión 2012, encontrándose la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017 se encuentra debidamente fundamentada.

Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 16 de octubre de 2018, cursante de fs. 513 a 517 así como en audiencia, manifestó que:

1. a)De los argumentos expresados en el memorial de la acción tutelar se advierte que, la acción de amparo constitucional y por consiguiente la pretensión del accionante está dirigida a reclamar la aplicación correcta o no de la ley, lo que ineludiblemente se encuentra relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria, extremo que únicamente puede ser dilucidado ante instancias ordinarias administrativas o judiciales y no dentro de una acción de defensa, correspondiendo declarar su improcedencia; empero, en el caso de no considerarse lo argumentado, expone acerca del fondo de la acción tutelar;
2. b)No existió vulneración al debido proceso, al encontrarse la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017, debidamente fundamentada, confirmando la AGIT su acto administrativo pronunciado con base en los arts. 59 y 60 del CTB que referían: "I. Prescribirán a los 4 (cuatro) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria" y "I. Excepto en el numeral 3 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria";
3. c)Dichos artículos fueron modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de la siguiente manera: "I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año" y "I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria";
4. d)Posteriormente la Ley 371 modificó el art. 60.II de la Ley 2492 señalando: "II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria", estableciendo en sus Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias "Artículo 1°.- Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, de 22 de septiembre de 2012";
5. e)Finalmente mediante Ley 812, se modificó el art. 59.I de la Ley 2492 bajo el siguiente texto: "I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas", siendo esta la razón por la que una vez derogado el último párrafo del parágrafo I del art. 59 del CTB, solo se aplicó la norma vigente; y,
6. f)La facultad de determinación de la deuda tributaria, aspecto sobre el que se refiere el caso, difiere de la facultad sancionadora del que hace uso la Administración Tributaria dentro de un proceso sancionador en el que se sanciona por un ilícito siendo aplicable la teoría del "tempus comici delici"; el caso versa sobre el cobro de una deuda por el pago de impuestos que el sujeto pasivo contrajo al ejercer una actividad económica gravada, sin que la sanción obedezca a un ilícito por lo que no le es aplicable dicha teoría. Con el uso de la palabra en audiencia, manifestó que el accionante pretende aperturar una competencia para interpretar el art. 59 del CTB, incurrido desde inicio en contradicciones en los memoriales de los recursos de alzada y jerárquico, en los que indicaron que debía aplicarse una norma distinta a la que ahora están defendiendo, alegando otro argumento por lo que precluyó su derecho a pedir se aplique esa norma. Por cuanto, pide se deniegue la tutela solicitada.

Néstor Hugo Muñoz Cossío, Gerente Distrital El Alto del SIN, por memorial de 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 586 a 589 vta., manifestó que:

1. 1)La Administración Tributaria generó la Orden de Verificación 0015OVE04183, ante la verificación del crédito fiscal IVA de las facturas declaradas por los períodos fiscales correspondientes a enero, julio, septiembre y noviembre 2012; el 20 de abril de 2017, se emitió la Vista de Cargo 291721000030 con CITE: SIN/GDEA/DF/SVE/VC/31/2017, emitiéndose la Resolución Determinativa 171721000205 con CITE: SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00057/2017, que recurrida de alzada mereció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1066/2017, confirmando la citada Resolución Determinativa, el accionante formuló recurso jerárquico el 13 de octubre de 2017 y se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1066/2017;
2. 2)La mencionada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017 se encuentra fundamentada, expresa en forma concreta los motivos por los que se decide establecer la facultad de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria, argumenta técnica y legalmente la decisión; y,
3. 3)La facultad de determinación de la deuda tributaria, es muy diferente a la facultad sancionatoria de la cual la Administración Tributaria hace uso dentro de un proceso sancionatorio, la que trata de la sanción de un ilícito resultando aplicable la teoría del "tempus comici delici"; empero, el caso se trata del cobro de una deuda que el sujeto pasivo contrajo al ejercer una actividad económica gravada por el pago de impuestos, sin que el cobro de esa deuda obedezca a la sanción de un ilícito, lo que hace inaplicable la teoría señalada y la jurisprudencia contenida en la SCP 1169/2016-S3. Pide se deniegue la tutela y se deje subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017. I.2.4. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 518/2018 de 16 de octubre, cursante de fs. 600 a 604, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos:

1. i)El accionante pretende con esta acción tutelar ingresar al fondo de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1757/2017 con el fundamento de que la AGIT aplique la ley correcta y no la Ley 812; empero, lo que se observa no es la falta de fundamentación sino la errónea aplicación de la ley en el proceso administrativo y más precisamente en la mencionada Resolución de Recurso Jerárquico resuelto por la AGIT;
2. ii)No se puede pretender que la jurisdicción constitucional resuelva la problemática de fondo referida a la norma que debe aplicarse; ya que, de ser así se estaría invadiendo la vía administrativa que es atribución y facultad de la AGIT; y,
3. iii)La autoridad hoy accionada cumplió con la expresión de fundamentos en los que sustenta su decisión, desarrollando y exponiendo los convencimientos a partir de los cuales llegó a su decisión, siendo esa situación distinta y alejada a la falta de fundamentación.