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TCP

1081/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1081/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1081/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción popular

Expediente: 73412-2025-147-AP Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 099/2025 de 23 de abril, cursante de fs. 126 a 129, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Roxana María Pérez del Castillo Brown, ex Concejal Vicepresidente, contra Hernán Iván Arias Durán, ex Alcalde, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memoriales presentados el 15 y 23 de abril de 2025, cursantes de fs. 99 a 107 y 114 a 119, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de ciudadana y entonces Concejal Vicepresidente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, formuló acción popular; en virtud a que, el entonces Alcalde hoy accionado mediante un Estudio Técnico -del estado de la situación del transporte urbano en La Paz 2025- determinó la existencia de un rango tarifario mínimo y máximo técnico con una diferencia entre las distintas modalidades de transporte que oscila entre los Bs0,26.- (veintiséis centavos de bolivianos) a Bs0,87.- (ochenta y siete centavos de bolivianos); sin embargo, sin mayor explicación ni una justificación válida, dicho Alcalde decidió aprobar el incremento de los pasajes en el municipio de La Paz en el tope máximo obtenido en el Estudio de Mercado y no en el tope mínimo que podría ser impuesto, bajo el entendido de que no contaban con las condiciones técnicas de seguridad, ni de calidad en el servicio brindado por los operadores de transporte público.

El "Informe Técnico" presentado por el entonces Alcalde ahora accionado, reconoció que existió incumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes operadores del servicio de transporte público del municipio de La Paz, respecto a los diferentes puntos de "trameaje", modificación arbitraria de recorridos por los diferentes sindicatos que hacen parte del servicio de transporte urbano de pasajeros, incumplimiento en intervalos de salida, frecuencias y horarios de operación y abandono de rutas durante los fines de semana y feriados, siendo evidente igualmente, que desde la gestión 2019, el Gobierno Autónomo Municipal de La paz, no efectuó ningún tipo de verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de calidad del servicio, situación que contraviene flagrantemente lo establecido por el art. 45.e) de la Ley General de Transporte -Ley 165 de 16 de agosto de 2011-.

Por lo expuesto, resulta evidente que al momento de establecer el incremento tarifario en el servicio de transporte público de pasajeros en el "municipio paceño", no fueron considerados los estándares de calidad, comodidad de los pasajeros y seguridad que deben ofrecer los operadores del servicio como también, incumplimiento de los compromisos asumidos en la gestión 2019; razón por la que, la medida asumida por el entonces Alcalde hoy accionado carece de seguridad jurídica, considerándose igualmente, que no puso en conocimiento de la ciudadanía "paceña" las medidas y acciones de control que deberá asumir el Órgano Ejecutivo edil para garantizar el cumplimiento de las condiciones para la prestación de un servicio adecuado e idóneo que alcancen el objetivo y finalidad descrito en la Ley General de Transporte, dejando a la "población paceña" en una total indefensión e inseguridad jurídica respecto a la prestación de un servicio digno en contraprestación al pago realizado.

Es preciso advertir, que el art. 49 de la Ley General de Transporte, establece la obligatoriedad de establecer tarifas especiales y solidarias para personas adultos mayores, personas con discapacidad y para infantes, niñas, niños y estudiantes, las que no fueron cumplidas en su integridad; ya que, se establecieron tarifas preferenciales para personas adultos mayores y personas con discapacidad solamente para buses, microbuses y no así en las demás modalidades; asimismo, se señalaron las tarifas para escolares únicamente de primero a sexto de secundaria y no así, para estudiantes-universitarios, lo que permite entrever que no fueron considerados todos los sectores definidos por la citada Ley, vulnerando sus derechos que por su edad y capacidades limitadas deben ser protegidos por la sociedad.

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