1084/2019-S1

En revisión la Resolución 025/2019 de 12 de julio, cursante de fs. 20 vta. a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Severo Trujillo Jancko contra Claudia Gonzales Aguilar, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Potosí. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 11 de julio de 2019, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Ana María Vargas Fuentes, el 17 de junio de 2019, interpuso incidente de nulidad de notificaciones y de obrados, ante la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Potosí -ahora demandada-, por haber provocado indefensión y una detención ilegal; toda vez que, se procedió con la notificación de actuados procesales en un domicilio en el que nunca habitó, es más las diligencias de notificación no cumplieron con las formalidades de ley, relativas al pegado de la cédula de notificación en la puerta del domicilio, ni contó con la participación de un testigo que acredite tal diligencia, cuando era de pleno conocimiento de la propia demandante como de sus hijos, que desde hace dos años atrás tiene su domicilio en la residencia de su hermana ubicado en la calle 21 de Septiembre, 107, zona San Cristóbal del citado departamento, consecuentemente se emitió el mandamiento de apremio en su contra, el cual fue ejecutado razón por la que se encuentra privado de libertad. Señaló que, el 19 de junio de 2019, se procedió a la notificación de la demandante con el incidente de nulidad planteado, sin que la actora hubiera contestado al mismo dentro del término de tres días, conforme establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, lo que resulta peor, la autoridad judicial demandada, debió resolver el mencionado incidente de nulidad de notificación hasta el 28 de igual mes y año; sin embargo, pese a reiterados apersonamientos de su abogado y sus familiares, no lo hizo, habiendo transcurrido más de quince días no obstante los insistentes reclamos, son un atentado al principio de celeridad procesal, aun mas tratándose de una persona privada de libertad. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados El impetrante de tutela, considera la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa al debido proceso, al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones en vinculación con el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 115.I, 116.II, 117.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene:

1. a)Que la autoridad demandada emita resolución anulando obrados dentro del incidente de nulidad planteado en el proceso de asistencia familiar; y,
2. b)Se emita mandamiento de libertad a su favor en el día. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2019, según consta en acta cursante de fs. 15 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados. I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El peticionante de tutela ratificó los argumentos esgrimidos en la acción de libertad y ampliándola manifestó que:
3. 1)En el tema de personas privadas de libertad, se debe tramitar con prontitud las audiencias y resolución de casos; y,
4. 2)El 11 de julio de 2019 -un día antes a la celebración de la audiencia de acción de libertad-, resolvió el incidente de nulidad planteado, con la consiguiente emisión del mandamiento de libertad. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Claudia Gonzales Aguilar, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante de fs. 13 a 14, así como en audiencia expresó lo siguiente:
5. i)Se procedió a la notificación con la sentencia de asistencia familiar en contra del ahora accionante, en el domicilio que la propia demandante había señalado, efectuándose la notificación de la misma manera con otros actuados como son la planilla de liquidación posteriormente a librarse el mandamiento de apremio, el cual se llegó a ejecutar conforme a los datos del proceso;
6. ii)Emitió Resolución a través del cual se declaró probado el incidente de nulidad planteado, disponiéndose la nulidad de obrados, consecuentemente se emitió el correspondiente mandamiento de libertad en favor del ahora impetrante de tutela; y,
7. iii)El plazo para resolver el incidente planteado empezó a correr desde el 4 de julio de 2019, el cual venció el 11 del señalado mes y año, sin contar el 6 y 7 del citado mes y año por ser fin de semana, así también el 9 del mencionado mes y año por encontrarse con permiso previsto por ley para una revisión médica, razón por la cual resolvió el incidente de nulidad dentro del plazo establecido en los arts. 318.II, 322.I, y, 359 de la Ley 603. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 025/2019 de 12 de julio, cursante de fs. 20 vta. a 28, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que se remita una copia legalizada de la referida Resolución ante el Consejo de la Magistratura a efecto de evidenciarse si corresponde o no la tramitación de un proceso disciplinario, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a los arts. 255 y 256 de la Ley 603, para resolver el incidente de nulidad planteado por el hoy accionante, la Jueza demandada debió convocar a una audiencia para que en la misma, la parte contraria pueda responder e inmediatamente pasar a resolver el incidente de referencia y no dilatar el mismo hasta el 11 de julio de 2019, más aún si el ahora impetrante de tutela estaba privado de libertad; b) Si bien la autoridad demandada demostró que las causas que originaron la presente acción tutelar cesaron; empero, corresponde la prosecución de la presente acción de libertad conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y si la responsabilidad es atribuible a la servidora o servidor público, el Juez o Tribunal que concede la acción de libertad, debe remitir una copia de la resolución a la máxima autoridad administrativa de la entidad donde preste sus servicios para el inicio del proceso disciplinario si correspondiere; y,
8. c)En el presente caso, existió una dilación innecesaria en la tramitación y resolución del incidente de nulidad planteado por el peticionante de tutela; ya que, desde que fue interpuesto -17 de junio de similar año- hasta la fecha de Resolución -11 de julio de igual año- transcurrieron dieciocho días hábiles; por lo que, se vulneró el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. En vía de complementación y enmienda, mediante memorial cursante de fs. 29 a 30 la autoridad demandada solicitó que:
9. 1)Se aclare si se debía señalar audiencia para resolver el incidente de nulidad planteado por el accionante y de haber sido necesario por qué no anularon la Resolución de 11 de julio de 2019, que resolvió dicho incidente sin señalar audiencia;
10. 2)Se enmiende, respecto a que si la referida Resolución la consideraban como válida, entonces no correspondía remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura en su contra; y,
11. 3)Se complemente incorporando una sub regla al art. 256 de la Ley 603 bajo el entendimiento que cuando se tramitan incidentes promovidos fuera de audiencia, es facultad de la autoridad jurisdiccional convocarla o no para su resolución atendiendo a la complejidad del incidente y si se hubiera promovido oposición, a fin de cumplir con los principios establecidos en el art. 180 CPE. Al respecto, la Sala Constitucional por Auto de 15 de julio de 2019, cursante a fs. 31 y vta. manifestó:
12. i)Si bien se refirieron al procedimiento que debió aplicar la ahora Jueza demandada, fue con la finalidad de computar los plazos ante la interposición de incidentes fuera de audiencia en materia familiar, que debieron ser tomados en cuenta por la referida autoridad, pues el reclamo del impetrante de tutela versaba sobre el procedimiento que aplicó la nombrada, en inobservancia de lo previsto en el art. 256 de la Ley 603, debiendo aplicarse a su vez el art. 318.III de la citada norma; asimismo, no correspondía anular obrados;
13. ii)La remisión de antecedentes dispuesta para efectos disciplinarios, responde a la tardanza exagerada en resolver el incidente planteado por el accionante; y,
14. iii)No es necesario establecer "sub reglas"; pues el art. 256 inc. a) de la citada Ley es claro, al establecer el procedimiento respecto a los incidentes planteados. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional