Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1086/2019-S2 Sucre, 5 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 30359-2019-61-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 009/2019 de 1 de agosto, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elba Laura Borda Azurduy en representación legal sin mandato de Emilio Salazar Laura contra Carlos Emilio Andrade Rengel, Juez de Ejecución Penal de El Alto de La Paz; y, Ernesto Vergara Quiroga, Director Departamental del Centro Penitenciario de San Pedro, del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 31 de julio de 2019, cursante de fs. 1 al 3, el impetrante de tutela a través de su representante legal, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de violación, luego de haber sido objeto de una ilegal aprehensión, fue imputado y conducido a audiencia de medidas cautelares, acto procesal en el que Ricardina Aruni Valencia Jueza de Instrucción Penal Primera de Guanay del departamento de La Paz, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; no obstante, al encontrarse delicado de salud fue internado en el Hospital "CSI Guanay" encontrándose en espera de ser trasladado a la localidad de Apolo.
Arguye que a pesar de haber concluido el 31 de julio de 2019 con las interconsultas en "CIRECA", la médico debe efectuar el seguimiento, control e informes respecto a su estado de salud; empero, dicha profesional no podrá trasladarse a Caranavi o Guanay por cuestiones de bioseguridad, por ser una zona de riesgo al encontrarse infectada de arena virus y tuberculosis y otras enfermedades que ponen en peligro su salud, así como el de los médicos; motivo por el que, existe la recomendación de trasladarlo a un centro de Salud, donde exista las condiciones de bioseguridad, siendo el más cercano el de su residencia en Apolo.
Indicó que no pudo concretizar su petitorio, por no contar la autoridad demandada con él envió del informe, a ser evacuado por la dirección departamental del Centro Penitenciario de San Pedro, a tal objetivo se volvió a enviar un Oficio con fecha de recepción de 17 de julio de 2019 para que informen si el centro médico que funciona en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, brindó tratamiento médico psiquiátrico a Emilio Salazar Laura en base a los fármacos psicotrópicos prescritos por el Especialista de manera continua las veinticuatro horas del día.
Finalmente, refiere que el Juez de Ejecución Penal Carlos Emilio Andrade Rengel -autoridad ahora demandada- de el Alto del departamento de La Paz mediante los decretos de 18 de junio de 2019, se negó a pronunciarse por la continuidad de tratamientos médicos en internación intrahospitalaria, disponiendo que acuda ante el Juez cautelar; motivo por el cual, formuló recurso de reposición a dicho decreto, el 28 de junio del mismo año, pronunciándose por decreto de 1 de julio de igual año, en el cual ordenó el traslado vía Apolo, para tratamiento intrahospitalario y únicamente la salida al Instituto de Investigación Forense (IDIF), para que determine su estado de salud mental; empero, a pesar de dicha instrucción no se emitió el oficio correspondiente y además aunque se expida el mismo, el referido IDIF, no cuenta con médico forense especializado en Psiquiatría Forense.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela señaló lesionado su derecho a la vida, citando al efecto los arts. 13, 15, 18, 35; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se ordene:
- a)Al Juez demandado que dé cumplimiento a lo establecido en el art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, pronunciándose sobre la solicitud de traslado a los hospitales civiles de Apolo, Caranavi o Guanay; y,
- b)Que el Director Departamental del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; en el día, remita el informe solicitado ante el Juez de control jurisdiccional.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 1 de agosto de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El impetrante de tutela, en audiencia por medio de su abogado ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándola señaló:
- 1)Los jueces de ejecución penal tienen competencia para resolver solicitudes vinculadas a la salud, aspecto que no fue observado a momento de emitir el Decreto de 18 de junio de 2019, a través del cual, la autoridad judicial demandada dispuso "acúdase al juez competente"...(sic) y respecto a la solicitud de salida ordenó que se haga una valoración por el Médico Forense del IDIF;
- 2)A fs. "61" cursa el Certificado médico forense de IDIF; empero, se advierte que no se realizó el informe psiquiátrico, razón por la que el Juez demandado ordenó se efectué el mismo;
- 3)El estado de salud del impetrante de tutela se está agravando debido a que no se efectiviza las salidas médicas de forma oportuna; y,
- 4)En respuesta al "otrosí 3ro" la Jueza cautelar Ricardina Aruni Valencia, dispuso que el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, Ernesto Vergara Quiroga demandado, active el convenio con el Hospital de Clínicas, orden que no obtuvo respuesta alguna hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa; a pesar de ello, es preciso señalar que dicho centro de salud no cuenta con los servicios de polizomnografia, rehabilitación de psicología y principalmente de tomografía, zonografia, y la psiquiatría, como en el "CIRECA".
En audiencia, el Tribunal de garantías en mérito al principio de inmediación efectuó las siguientes preguntas a la parte demandante de tutela:
- i)Si bien el peticionante de tutela indicó que padecía de algunos problemas gastrointestinales y que se encontraba con tratamiento psiquiátrico con fármacos psicotrópicos; empero, no adjunto ninguna receta. En ese sentido, solicitó aclare si se dio cumplimiento a la orden de evaluación médica del impetrante de tutela que fue requerida por el Juez demandado; en respuesta a lo requerido, el abogado del demandante de tutela, señaló que se presentó el certificado médico de 9 de junio de 2019 emitido por el psiquiatra, que señala que debía ser evaluado por el médico forense y que a pesar que la autoridad demandada dispuso su orden de salida para que se realice la evaluación médica, el IDIF no cuenta con especialista en psiquiatría.
- ii)Al no existir médico forense en la especialidad de psiquiatría, ¿Como abogado defensor, solicitó al Juez Carlos Emilio Rengel Andrade -ahora demandado- acuda al Colegio de Psiquiatras para designar un médico psiquiatra que atienda al impetrante de tutela?; en respuesta aclaró que no se planteó incidente de inimputabilidad; por lo que el Juez que integra el Tribunal de garantías, preguntó si agotó esa opción, a lo que el peticionante de tutela respondió que no.
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