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TCP

1086/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de abril de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1086/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1086/2019-S4 Sucre, 25 de abril de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 25875-2018-52-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 8/2018 de 5 de octubre, cursante de fs. 280 vta. a 286 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Mejía Aguilar y Emeteria Almanza Rodríguez contra Elva Terceros Cuellar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2018, cursante de fs. 120 a 181 vta., los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de nulidad de Título Ejecutorial interpuesto en su contra y de Emeteria Almanza Rodríguez, por su "hermano" Julio Raúl Mejía Aguilar, estando sorteada la causa para dictar resolución; el 24 de enero de 2017, la Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros Cuellar, mediante CITE:TA-ETC S2ª 004/2018 de 27 de febrero, solicitó que en aplicación del art. 207 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.), se autorice un plazo complementario de quince días a objeto de la emitir la Sentencia correspondiente, otorgándosele lo solicitado mediante Auto de 27 del señalado mes y año, suscrito por el Magistrado Rufo Nivardo Vásquez Mercado e indebidamente por la misma solicitante, quien no se encontraba habilitada ni facultada para emitirlo, al no poder ser juez y parte; por lo que, ante la inexistencia de quorum debió convocarse al Magistrado de turno de la Sala Primera de dicho Tribunal, dicho acto procesal es ilegal y de carácter inconvalidable conforme a lo previsto por el art. 90 del CPCabrg. Hecho que conlleva a que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 05/2018 pronunciada el 20 de marzo, fue emitida fuera de plazo, hecho que constituye pérdida de competencia conforme a lo previsto por el art. 209 del referido Código, aplicable supletoriamente por imperio de lo previsto por el art. 78 de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-; constituyendo dichas irregularidades vulneración del debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica. La Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 05/2018, pronunciada por los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, ahora demandados, dispuso declarar probada la demanda; y en consecuencia, dejar sin efecto su Título Ejecutorial SPP-NAL-072117 de 13 de enero de 2009, obtenido dentro del proceso de Saneamiento Simple de Oficio Organización Territorial de Base (OTB) San Antonio, en el que se le adjudicó la Parcela 179 con una extensión de 3 7509 ha (tres hectáreas con siete mil quinientos nueve metros cuadrados), ubicada en el cantón Mallco Rancho, municipio de Sipe Sipe, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba; fallo que incurrió en una irracional valoración de los medios probatorios puesto que:

  1. a)En la demanda de nulidad, Julio Raúl Mejía Aguilar afirmó tener posesión, continua y pacífica de la referida parcela 179 y que en ella realiza trabajo de agricultura; sin embargo, los Magistrados ahora demandados fueron sorprendidos en su buena fe, dado que no revisaron que la cédula de identidad del demandante, el Testimonio de Poder 170/2017 de 11 de abril y la Escritura Pública de minuta unilateral de rectificación de nombre suscrita por Julio Raúl Mejía Aguilar, de 10 de septiembre de 2013, señalan claramente que el demandante de nulidad tiene como residencia la localidad de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, distinta a Mallco Rancho, y que, respecto a su actividad, dichas documentales señalan que es chofer, lo que implica confesión judicial, conforme a lo previsto por el art. 404.II del CPCabrg., aplicable supletoriamente conforme a lo previsto por el art. 78 de la Ley 1715; asimismo, la Certificación expedida por Maribel Sasari Mérida, Presidenta de la OTB San Antonio Mallco Rancho, señaló que sus personas son oriundos y con domicilio en la referida localidad;
  2. b)No es verídica la afirmación contenida en la señalada Sentencia en sentido de que Julio Raúl Mejía Aguilar está en posesión del terreno con una superficie de 4 527m² en forma continua y pacífica y que cumple una función social, dado que el mismo no estuvo en posesión del señalado terreno, ni demostró el cumplimiento de la función social, vulnerándose el debido proceso en su vertiente verdad material; y,
  3. c)Existe vulneración del debido proceso en su elemento de valoración racional de los elementos probatorios, dado que se consideró como verídico el Informe de Gerardo Crespo Castro, Secretario de Justicia de Mallco Rancho, siendo que el mismo es parcializado y contradictorio en su contenido y no acompaña la supuesta conciliación realizada entre partes, omitiendo valorar la certificación otorgada por Maribel Sasari Mérida.

Asimismo se incurrió por dicha Sentencia, en vulneración del debido proceso en su vertiente de congruencia y fundamentación; puesto que se identifican en ella las siguientes contradicciones entre la parte dispositiva y los considerandos del fallo:

  1. 1)Errada interpretación ultra petita, los Magistrados demandados afirmaron la existencia de simulación absoluta prevista en el art. 50.I.1 de la Ley 1715, siendo que dicho aspecto debió ser demostrado por documentación idónea, la cual no consta que fue presentada por el actor en el proceso de nulidad;
  2. 2)Las autoridades hoy demandadas, llegaron a la conclusión de que Julio Raúl Mejía Aguilar está en posesión de la parte de los predios que les corresponden a ellos y que radica en Mallco Rancho departamento de Cochabamba; siendo que reside en Yapacaní departamento de Santa Cruz, omitiendo además señalar las normas constitucionales, agrarias y civiles en que fundan su decisión; y,
  3. 3)No tiene sustento la afirmación de que no hubieran presentado prueba respecto al cumplimiento de la función social y la posesión, sin considerar la prueba que se acompañó en su momento. Por lo que, se concluye que los Magistrados demandados, basaron su decisión en los argumentos expuestos por el actor y no en los medios probatorios de carácter documental adjuntos a la demanda.

Por otra parte, se vulneraron sus derechos a la propiedad agraria y al trabajo, puesto que, de la documentación anteriormente señalada se tiene que el actor actuó con mala fe y deslealtad procesal, dado que vive y radica en Yapacaní departamento de Santa Cruz y no en Mallco Rancho departamento de Cochabamba, por lo que ellos son quienes trabajan la tierra y se encuentran en posesión y cumpliendo la función social como se estableció en el proceso de saneamiento y conforme a la Ficha Catastral correspondiente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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