Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE Sucre, 21 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Acción de amparo constitucional
Expediente: 29568-2019-60-AAC Departamento: La Paz
Partes: Vicencia Apaza Cachi contra Fernando Villca Tola, Alcalde; Alfredo Hugo Zárate Poca, Concejal Presidente; Benita Cario de Tusco, Concejala Vicepresidenta; y, Marco Antonio Terrazas Pablo, Concejal Secretario, todos del Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara, del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES
La suscrita Magistrada, comparte en parte la decisión adoptada en la , que resolvió: "...CONFIRMAR en parte la Resolución de 090/2019 de 14 de junio, cursante de fs. 596 a 600 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; disponiendo dejar sin efecto la Resolución Municipal 013/2019 de 29 de mayo, ordenando que las autoridades demandadas emitan una nueva Resolución, observando los alcances expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y subsanando los defectos advertidos; y, 2° DENEGAR en cuanto a la alegada vulneración de los derechos a la petición, al trabajo, a la prohibición de retener el salario, a participar en el ejercicio y control del poder político, al ejercicio de una función pública y a la impugnación o doble instancia; y, en relación al Alcalde del GAM de San Pedro de Curahuara del departamento de La Paz, en virtud a la falta de legitimación pasiva evidenciada"; toda vez que, disiente en cuanto a los argumentos jurídico constitucionales expuestos en dicho fallo y a la denegatoria de la tutela respecto al derecho a participar en el ejercicio y control del poder político, razón por la cual emite el presente Voto disidente.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
De los hechos que motivaron la interposición de la presente acción, que se constituye en la causa para solicitar el resguardo de los derechos invocados por la accionante, se identifica como problema jurídico a resolver el siguiente:
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la petición, al trabajo, a la prohibición de retener el salario, a participar en el ejercicio y control del poder político, al ejercicio de una función pública, al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, a la impugnación a la doble instancia; por cuanto, las autoridades ahora demandadas:
- a)De manera ilegal y ejerciendo medidas de hecho, pretendieron acortar su mandato constitucional como Concejala Titular elegida democráticamente, iniciándole proceso interno alegando un supuesto abandono de funciones, pronunciando al efecto la Resolución Municipal 009/2019 de 4 de abril, a través de la cual dispusieron su "suspensión definitiva" en base a normativa inadecuada, considerando que es una autoridad electa; y,
- b)Luego de presentada la presente acción tutelar, dejaron sin efecto la determinación observada a través de la Resolución 013/2019 de 29 de mayo, disponiendo indebidamente su "suspensión por noventa días hábiles del Cargo" como Concejala Titular del GAM de San Pedro de Curahuara, del departamento de La Paz, sanción que no se encuentra prevista en el art. 12 del Código para el Funcionamiento de la Comisión de Ética del Concejo Municipal ni en sus normas internas.
Expuesta como está la problemática, la , resolvió: "...CONFIRMAR en parte la Resolución de 090/2019 de 14 de junio, cursante de fs. 596 a 600 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; disponiendo dejar sin efecto la Resolución Municipal 013/2019 de 29 de mayo, ordenando que las autoridades demandadas emitan una nueva Resolución, observando los alcances expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y subsanando los defectos advertidos; y, 2° DENEGAR en cuanto a la alegada vulneración de los derechos a la petición, al trabajo, a la prohibición de retener el salario, a participar en el ejercicio y control del poder político, al ejercicio de una función pública y a la impugnación o doble instancia; y, en relación al Alcalde del GAM de San Pedro de Curahuara del departamento de La Paz, en virtud a la falta de legitimación pasiva evidenciada"; señalando que de los argumentos de la Resolución 013/2019 ahora cuestionada, se evidencia que los hoy demandados se limitaron a realizar una copia textual de la normativa que a criterio de ellos sería aplicable al caso, sin haber desplegado un análisis suficientemente intelectivo que sustente su decisión, constatándose la ausencia de una motivación suficiente, por cuanto a más de la cita normativa, no justificaron las razones por los cuales resultaba permisible aplicar la sanción dispuesta, cuando se debió argumentar y sustentar de manera válida que la decisión de suspensión de noventa días hábiles impuesta, se encontraba jurídica y legamente justificada; repercutiendo dicha concesión respecto a los derechos al trabajo, a la prohibición de retener el salario, a participar en el ejercicio y control del poder político al ejercicio de una función pública; y, la pretensión deducida; toda vez que, al haberse advertido la inobservancia del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que corresponde sea subsanado previamente, imposibilitando como emergencia de ello pronunciarse sobre los mismos; así también, se deniega con relación al derecho a la petición por solo haberse enunciado dicho derecho; ocurriendo lo propio en cuanto al derecho a la impugnación o doble instancia; y, finalmente, se deniega respecto al Alcalde del GAM de San Pedro de Curahuara del departamento de La Paz, por falta de legitimación pasiva.
La suscrita Magistrada, disiente en cuanto a los argumentos jurídico-constitucionales expuestos en dicho fallo y a la denegatoria de la tutela respecto al derecho a participar en el ejercicio y control del poder político, y en ese entendido, a continuación se desarrollan los fundamentos sobre los cuales se sustenta el presente Voto disidente:
II.1 Del derecho a la fundamentación y motivación, como elementos de la garantía del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
En relación al debido proceso en sus elementos del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales y administrativas, la , estableció el siguiente entendimiento: "El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la , la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la , se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la , se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: '...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la , precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:
- a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
- b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
- c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
- d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
- e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la -
Respecto a la segunda finalidad, tanto la como la , señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la , así como en la , estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la , entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la , señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna". (las negrillas fueron añadidas)
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