1090/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1090/2022-S1 Sucre, 5 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 39521-2021-80-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 040/2021 de 29 de marzo, cursante de fs. 304 a 308, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vicente Amaru Condori, Pablo Espinoza Flores y Riber Gutiérrez Cruz contra Fernando Javier Torrico Rojas, representante legal de la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) Sociedad Anónima (S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 de febrero y 16 de marzo, ambos del 2021, cursantes de fs. 188 a 197 vta. y 203 a 210 vta., los accionantes manifestarón los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresaron a trabajar a la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. mediante contratos de trabajo escritos de carácter indefinido según el siguiente detalle: Vicente Amaru Condori a partir del 1 de septiembre de 2014, Pablo Espinoza Flores a partir del 16 de marzo de 2016 y Riber Gutiérrez Cruz a partir del 1 de marzo de 2013, fechas desde las cuales se desempeñaron con eficiencia, lealtad y absoluta responsabilidad; sin embargo, de manera sorpresiva el 1 de agosto de 2020, se les entregó los Memorándums RRHH- 302/2020, RRHH- 303/2020 y RRHH- 304/2020 emitidos por el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) bajo el siguiente tenor: "DESVINCULACION LABORAL POR CAUSAL SOBREVINIENTES ATRIBUIBLES A LA PANDEMIA SANITARIA COVID-19 (...) por las razones fundadas que es de conocimiento público y de consideración de fuerza mayor ajenas a la voluntad patronal, comunicamos la cesación y desvinculación laboral de su persona con nuestra empresa a partir de hoy 31 de agosto de 2020" (sic), siendo lo obrado por su empleador, lesivo a sus derechos, vulnerando su estabilidad laboral al haber procedido de forma intempestiva al despido de su fuente laboral en el cargo de AYUDANTES DE ALMACEN Y OPERADOR DE MONTACARGA respectivamente, razón por la cual, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, a efectos de interponer denuncia formal, instancia administrativa que emitió la citación para el empleador ahora demandado, el 4 de septiembre de similar año, llevándose la audiencia respectiva el 10 del mismo mes y año, mereciendo de forma posterior el informe -se entiende el Informe MTEPS /JDTLP/IT/CTCS/INF. 1008/2020- de la Inspectora de Trabajo de la referida Jefatura de 14 de igual mes y año que sustento la procedencia de la restitución de sus derechos de reincorporación, por lo que, el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/ 115/2020 de 30 de septiembre, por el que se: "CONMINA A LA REINCORPORACION INMEDIATA POR ESTABILIDAD LABORAL de (...) VICENTE AMARU CONDORI (...) PABLO ESPINOZA FLORES (...) y RIBER GUTIERREZ CRUZ (...) a su fuente laboral en la empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A., al mismo puesto que ocupaban al momento de la desvinculación, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales."(sic), Conminatoria que fue notificada a su empleador el 7 de octubre de 2020, siendo la misma incumplida, conforme se advierte del INFORME J.D.T.L.P.-DASC-VR-095/2020 de 30 de octubre de 2020, por lo que se encuentran habilitados para activar la vía constitucional conforme lo establece la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre de 2010.

Asimismo, ante la interposición del recurso de revocatoria, interpuesto por el empleador ahora demandado, en contra de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/ 115/2020, se emitió la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (RA) 308-20 de 19 de noviembre de 2020, que rechazó el citado recurso, y en consecuencia ratificó in extenso la referida Conminatoria. Ante esta determinación la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. formuló recurso jerárquico que derivo en la emisión de la RM 077/21 de 29 de enero de 2021, por el que se confirmó la RA 308-20, y en consecuencia se confirmó totalmente la Conminatoria de Reincorporación aludida, quedando agotada la vía administrativa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitarón se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga que, el empleador -ahora demandado-, en calidad de representante legal de la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. "PROCEDA A DAR CUMPLIMIENTO INMEDIATO A LA CONMINATORIA DE REINCORPORACION J.D.T.L.P.//D.S. NO.115/2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (...) Y PROCEDA SIN MAYOR DILACION A REINCORPORARNOS A NUESTRA FUENTE LABORAL EN LA EMPRESA COMPANEX (BOLIVIA) S.A., AL MISMO PUESTO QUE OCUPABA AL MOMENTO DE DESPIDO COMO AYUDANTES DE ALMACEN Y OPERADOR DE MONTA CARGA RESPECTIVAMENTE, MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS DERECHOS (...) QUE NOS CORRESPONDEN, COMO SER EL SEGURO SOCIAL DE CORTO Y LARGO PLAZO desde 31 de agosto de 2020" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 29 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 300 a 304, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

A la consulta del Tribunal de garantías, respecto al informe evacuado por la parte demandada en sentido que se emitió tres memorándums en favor de los ahora impetrantes de tuteña, por el que se dispone su restitución y que si estos les fueron notificados, la parte accionante manifestó que no tienen conocimiento de dichos memorándums. Asimismo el mencionado Tribunal, en reiteración referida a la existencia de los memorándums de restitución, en consulta a los accionantes si están dispuestos a acudir a su fuente laboral, los prenombrados refirieron que sí y de forma inmediata.

I.2.2. Informe de la parte demandada

A la consulta del Tribunal de garantías, respecto a que si hubiesen dado cumplimiento al pago de los salarios devengados y demás derechos sociales, la empresa demandada respondió que los ahora accionantes deben acudir ante el área de RR.HH. a objeto de contabilizar los demás derechos sociales, asimismo reiteraron que los memorándums de restitución se encuentran vigentes.

I.3. Resolución

I.4. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 11 de mayo de 2022, cursante a fs. 315, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de septiembre de 2022 (fs. 319); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. Contratos de trabajo suscritos el: 1 de septiembre de 2014 entre la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. y Vicente Amaru Condori; 16 de marzo de 2016 entre la Empresa mencionada y Pablo Espinoza Flores (fs. 113 a 114 vta.; 120 a 121 vta.). Por Form. AVC - 04 de la Caja Nacional de Salud, se tiene que Riber Gutiérrez Cruz, ingreso a trabajar a la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. el 1 de marzo de 2013 (fs.128).

II.2. Cursa Memorándums RRHH- 304/2020, RRHH- 302/2020 y RRHH- 303/2020, todos del 31 de agosto, dirigidos a Vicente Amaru Condori, Pablo Espinoza Flores y Riber Gutiérrez Cruz, bajo el siguiente contenido:

"Asunto: DESVINCULACION LABORAL POR CAUSA SOBREVINIENTES ATRIBUIBLES A LA PANDEMIA SANITARIA COVID-19 (...) Por medio de la presente teniendo en cuenta la situación y crisis global de carácter sanitario y económico en el que también nuestro país se ha visto seriamente impactado (...)cuyos efectos y medidas emergentes han provocado que nuestra empresa se vea seriamente afectada en nuestras operaciones (...) en consecuencia y por las razones fundadas que es de conocimiento público y de consideración de fuerza mayor ajenas a la voluntad - patronal, comunicamos la cesación y desvinculación laboral de su persona con nuestra empresa a partir de hoy 31 de agosto de 2020, aclarando que sus derechos y beneficios sociales emergentes serán honrados en plazo y conforme a ley" (sic[fs.103 a 105]).

II.3. Mediante Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/ 115/2020 de 30 de septiembre, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dispone: "CONMINA A LA REINCORPORACION INMEDIATA POR ESTABILIDAD LABORAL de (...) VICENTE AMARU CONDORI con C.I. N° 7032124 LP, PABLO ESPINOZA FLORES con C.I. N° 4774334 LP y RIBER GUTIERREZ CRUZ con C.I. N° 9970004 L.P., a su fuente laboral en la empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A., al mismo puesto que ocupaban al momento de la desvinculación, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales" (sic[fs. 60 a 66]). Acto administrativo que fue notificado a la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. el 7 de octubre de 2020, a horas 9:30 (fs. 66 vta.). Por Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-095 de 30 de octubre de 2020, Neiza Adriana Callisaya Nina, Inspectora de Trabajo de la citada Jefatura, refiere que el 29 de similar mes y año, se constituyó, con la finalidad de verificar la reincorporación de los ahora accionantes, concluyendo que la citada empresa NO DIO CUMPLIMIENTO A LA CONMINATORIA DE REINCORPORACION (fs. 130 a 132).

II.4. Consta RA 308-20 de 19 de noviembre de 2020, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dentro el recurso de revocatoria interpuesto por la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. en contra de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/ 115/2020, por el que se RECHAZA el referido recurso, y por consiguiente dispone en RATIFICAR IN EXTENSO la citada Conminatoria (fs.35 a 49)

II.5. A través de RM 077/21 DE 29 de enero de 2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dentro el recurso de jerárquico interpuesto por la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. en contra de la RA 308-20, resuelve CONFIRMAR TOTALMENTE la citada Resolución Administrativa, consecuentemente CONFIRMA TOTALMENTE la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/ 115/2020 (fs. 29 a 32).

II.6. Cursa Memorándums RRHH- 073/2021, RRHH- 071/2021 y RRHH- 072/2021, todos del 27 de febrero, emitidos por la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A., dirigidos a Riber Gutiérrez Cruz, Pablo Espinoza Flores y Vicente Amaru Condori, bajo el uniforme tenor:

"Asunto: RESTITUCION Y REINCORPORACION (...) El Departamento de Recursos Humanos comunica su Reincorporación y Restitución de su puesto laboral de "Ayudante de Almacén" con un haber mensual de Bs 2 194 40, en cumplimiento de la CONMINATORIA N°0495/N° 115/2020, por lo que deberá constituirse en dependencias de la Empresa desde el 01 de marzo de 2021, a objeto de cumplir las funciones asignadas, debiendo concurrir al área de recursos humanos a objeto de contabilizar el pago de salarios devengados y restitución de demás derechos sociales" (sic).

De acuerdo a los formularios de notificación de la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A. - RECURSOS HUMANOS, se tiene lo siguiente: Memorándum RRHH- 073/2021, notificado a Riber Gutiérrez Cruz, a horas 11:57 del 27 de febrero de 2021, mediante copia de ley dejada "bajo puerta" en el domicilio ubicado en Juana Manuela #1084, Zona Villa Ingenio, El Alto, con testigo de actuación Shirley Quispe, CI. 8334379 Lp.; Memorándum RRHH- 071/2021, notificado a Pablo Espinoza Flores, a horas 9:45 de la misma fecha, mediante copia de ley dejada "bajo puerta" en el domicilio ubicado en Tacacoma #2024, Zona Juana Azurduy de Padilla, El Alto, con testigo de actuación Shirley Quispe, CI. 8334379 Lp.; y, Memorándum RRHH- 072/2021, notificado a Vicente Amaru Condori, a horas 11:01 de la señalada fecha, mediante copia de ley dejada "bajo puerta" en el domicilio ubicado en Alcoche #4034, Zona Germán Busch, El Alto, con testigo de actuación Shirley Quispe, CI. 8334379 Lp. (fs.237 a 245).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, al ser despedidos de manera injustificada, ilegal e intempestiva de su fuente laboral en la Empresa COMPANEX (BOLIVIA) S.A., acudieron ante la instancia administrativa laboral, quien emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/ 115/2020 de 30 de septiembre, que dispuso la reincorporación inmediata a sus fuentes laborales; sin embargo, habiéndose notificado al empleador ahora demandado, el 7 de octubre de 2020, no dio cumplimiento a la misma.

III.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional

Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada.

Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la RDC 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos jueces y tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica.

Así entonces, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante Resolución de Doctrina Constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica. El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical, puesto que debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, jueces y tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.

En ese marco, la referida RDC 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:

III.1.1. Fundamentos normativos de la conminatoria de reincorporación laboral

Al respecto la mencionada RDC 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente.

Así entonces la Resolución de Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:

"va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación".

Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:

III.1.2. La conminatoria de reincorporación laboral en la jurisprudencia

Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según AC 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambió e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que: "...en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo".

III.1.3. Análisis de los precedentes jurisprudenciales constitucionales

En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las "Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral" entre las cuales fue citando las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria1. Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada2.

Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados3. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013², reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso4.

Por otro lado, citó la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional5.

Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales6. Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria7.

Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013², señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática8.

Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral9. La RDC 0001/2021, bajo el epígrafe "Análisis sobre la vigencia de las líneas jurisprudenciales en materia de conminatorias de reincorporación laboral por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional", efectuó la identificación de los problemas jurídicos inherentes a la resolución de casos en los que se denuncia incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, a partir de la individualización de los precedentes jurisprudenciales más relevantes en cuanto a la protección de los derechos de los (as) trabajadores (as) a partir de la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral; entonces definió que:

Así, la RDC 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tutelado de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:

"1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

El presente razonamiento fue desarrollado en la SCP 0285/2021-S1 de 21 de julio y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0331/2021-S1 de 10 de agosto y 0346/2021-S1 de 18 de agosto entre otras.

III.2. Marco normativo y reglamentario para la protección del derecho a la estabilidad laboral

El derecho del trabajador a la estabilidad o continuidad laboral, que consiste en conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido, se encuentra reconocido por el art. 46.I.2 de la CPE, que establece que toda persona tiene derecho: "A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias". Por su parte, el art. 48.II de la Norma Suprema, señala: "Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de (...) continuidad y estabilidad laboral (...)". Asimismo, el art. 49.III de la Ley Fundamental, dispone: "El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes".

La estabilidad laboral también se encuentra reconocida por el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982, sobre la terminación de la relación de trabajo; en cuyo art. 4, dispone: "No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio"; asimismo, su art. 8 establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada; en este caso, según su art. 10: "Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada (...)".

En este cometido, se estructura el nuevo Órgano Ejecutivo a través del DS 29894, cuyo art. 86 inc. g), confiere atribuciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales; en ese sentido, el art. 11.II del DS 28699, determina: "Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral". En este ámbito, el art. 10.I del referido DS 29894, establece: "Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación". Precepto, cuyo parágrafo III, fue modificado por el DS 0495 con el siguiente texto:

"En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo".

El referido DS 0495, incluyó a su vez, los parágrafos IV y V en el art. 10 del DS 29894, con los siguientes textos:

"IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral".