1090/2022-S3

En vista de dicha determinación, al amparo del art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó "corrección" del decreto de 8 de abril de 2021, argumentando que:

1. a)La apertura del juicio oral, público y contradictorio, se dio por la comisión de tres delitos, no pudiendo con un simple decreto los Jueces hoy accionados "archivar su competencia";
2. b)Constituye una arbitrariedad infundada e ilegal pretender "archivar la competencia", ya que el recurso de queja de incumplimiento no establece ningún prerrequisito para la consumación del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, y menos pudo ampliarse sus efectos a los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes;
3. c)El señalado decreto, vulneró el principio de preclusión inserto por el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- omitiendo el deber de proseguir con el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio; y,
4. d)No se cumplió con lo determinado por el art. 124 del CPP, al no alegar norma positiva alguna, precedente, y mucho menos jurisprudencia ordinaria o constitucional que sustente el citado decreto.

Elizeth Mireya Antezana Vera, Richard Ruly Rodríguez Flores y Edder George Terceros Gabriel, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 15 de septiembre de 2021, cursante de fs. 94 a 97, manifestaron lo siguiente:

1. 1)El proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del accionante contra Jimy Siles Melgar y Eddy Mejía Montaño por los delitos de prevaricato, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, e incumplimiento de deberes, fue radicado y tramitado por Henry Maida García, Lucy Orellana Soria y Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Jueces Técnicos del referido Tribunal de Sentencia;
2. 2)En ese mérito se fijó audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 14 de mayo de 2017 -señalan que lo correcto es 2018-, oportunidad en la que las referidas autoridades judiciales en la etapa procesal correspondiente '"...determinaron dar curso a la excepción de falta de acción y como consecuencia de la misma no es necesario resolver la excepción de nulidad de obrados por defecto absoluto..."' (sic);
3. 3)Asimismo, cursa un Voto Fundamentado de la Jueza Mirtha Mabel Montaño Torrico, y que formó parte de la Resolución de enmienda y complementación -al Auto de 14 de mayo de "2017"- de donde se puede extraer en lo sustancial, lo siguiente: '"...ahora bien no debemos olvidar que lo que se juzga son los hechos no propiamente los tipos penales, es así como señala nuestra previsión procesal y nuestro código penal, consiguientemente habiéndose resuelto la excepción de falta de acción por no haberse dado cumplimiento a una de las fases del proceso de amparo constitucional es que en previsión del Art. 312 del C.P.P. que manda la falta de acción dice" cuando se declare la excepción de falta de acción se archivaran las actuaciones hasta que se promueva legalmente o desaparezca e impedimento legal, (...) es en base a esta disposición prácticamente la autoridad que ha presidido el Tribunal de Sentencia No 4 que ha dado curso a la excepción de falta de acción que ha hecho expresa mención a esta disposición en relación a todos los tipos penales considerando que es la relación de hechos la que motiva la subsunción de la conducta a los tipos penales, no son los tipos penales los que vayan a marcar los hechos que han originado el inicio del proceso de investigación..."' (sic);
4. 4)Tanto el Ministerio Público como el accionante plantearon recurso de apelación contra esa determinación haciendo notar todos los aspectos que se presentan en la acción de amparo constitucional; sin embargo, ambas partes desistieron de sus apelaciones, por lo que se entiende que el Auto de 14 de mayo de "2017", se encuentra ejecutoriada;
5. 5)Devueltos los antecedentes ante dicho Tribunal, se emitió el decreto de 26 de marzo de 2021 con la única determinación de "cúmplase"; empero, habiendo sido notificadas las partes, el accionante presentó memorial el 7 de abril del mismo año, solicitando al amparo del art. 24 de la CPE, se señale día y hora de audiencia para la reanudación del juicio oral, público y contradictorio y en respuesta a ello se emitió el decreto de 8 de abril del referido año, a través del cual establecieron que no era posible atender su pedido en razón a que la excepción de falta de acción quedó ejecutoriada y su efecto jurídico constituye el archivo de obrados;
6. 6)Posteriormente, el accionante presentó memorial de 26 de igual mes y año, solicitando corrección del decreto de 8 del citado mes y año, cuestionando en lo esencial que con un simple decreto se determinó el archivo de la causa, que se omitió la tutela judicial efectiva a la víctima y querellante "...toda vez que esa parte ha concluido el contradictorio y absurdo trámite de queja..." (sic), además de ser atentatorio del principio de preclusión por un "inventado" prerrequisito que no se encuentra determinado por el tipo penal del art. 179 del CP;
7. 7)Ante ese petitorio, emitieron el decreto de "27" -26- de abril del señalado año mediante el cual consideraron no evidenciar defecto o error que deba ser subsanado, realizando aclaraciones sobre la pertinencia de cuestionar el fondo de la excepción de falta de acción, entre otros aspectos;
8. 8)Al momento de emitir las "resoluciones" de 8 y 27 de abril de dicho año, no se vulneraron los derechos del accionante, por el contrario, las mismas contienen fundamentos necesarios y suficientes ceñidos a la normativa penal adjetiva, así como a la doctrina y jurisprudencia constitucional aplicable; y,
9. 9)El accionante pretende que la jurisdicción constitucional revise la interpretación realizada por sus autoridades por la única razón de que lo resuelto no es de su agrado, utilizando la acción de defensa como una vía recursiva, por cuanto pidieron se deniegue la tutela solicitada.