Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1094/2026-S1 Sucre, 1 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 59232-2023-119-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 172/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 16 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martín Daniel Irusta Flores en representación sin mandato de Harold Alberto Lora Seoane contra Ricardo Diego Caballero Quilla, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 7 a 11, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Harold Alberto Lora Seoane-, por la presunta comisión de los delitos de "orden público", previsto y sancionado por el art. "272 bis" del Código Penal (CP), mediante una denuncia verbal de 13 de mayo de 2023, por hechos distintos, el primero ocurrido en 12 del mismo mes y año, otro de 18 de agosto de 2022, respecto al cual existe una resolución de rechazo que al no ser impugnada tiene calidad de cosa juzgada. Es así que el 6 de septiembre de 2023, se presentó de forma voluntaria a efectos de colaborar en la investigación, solicitando de manera expresa se tome su declaración informativa, en ese acto procesal hizo conocer la inconcurrencia de riesgos procesales y señaló su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; circunstancia en que le hicieron conocer la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 del referido mes y año, conforme lo dispuesto por el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y la orden de aprehensión limitando de esa manera su derecho a la libertad.
Señala que el Fiscal de Materia hoy accionado, al emitir la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023, estaría desnaturalizando el instituto de la aprehensión, utilizando como fundamento contradictorio e insuficiente un hecho que ya fue sometido a la "jurisdicción penal" y sobre el cual existe una resolución de rechazo, con relación al hecho supuestamente sucedido el 18 de agosto de 2022 y tomó como segundo elemento incorporado como sustento de riesgo procesal sin la existencia de un certificado médico forense, agravando así su situación procesal pese a no existir el presupuesto material de existencia del riesgo procesal para emitir mandamiento alguno; de igual forma, respecto al elemento subjetivo establecido en la supuesta fundamentación del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se determina un criterio jurisprudencial que atenta contra la naturaleza de la medida cautelar y el principio de legalidad vinculado al debido proceso, atendiendo al criterio que no deben utilizarse fundamentos abstractos ni susceptibles de enervar; ya que, todos los riesgos por su naturaleza temporal y provisional, son enervables; por lo que, no pueden ser limitados ante la invocación de una Sentencia Constitucional; ya que, limitaría más al contrario un cambio de línea o interpretación.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad y seguridad personal, a ser protegido oportunamente, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 25.I, "29" "46" y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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