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TCP

1098/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de noviembre de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 1098/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1098/2019-S1 Sucre, 26 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 30160-2019-61-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 265/2019 de 26 de julio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Javier Mardoñez Calanis en representación sin mandato de Teresa Rosalía Tapia Herrera contra Claudia Clara Estrada Callisaya, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 25 de julio de 2019, cursante de fs. 22 a 23 vta., la accionante a través de su representante sin mandato manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nelson Rodrigo Flores y otros por la supuesta comisión del delito de estafa; el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, emitió mandamiento de comparendo para el 10 de junio de 2019, a efectos que se constituya en calidad de testigo; por lo que, mediante memorial debidamente acreditado justificó su inasistencia a tal actuado, siendo la respuesta del referido Tribunal que "se considerará en audiencia" y en ella se expidió nuevamente el comparendo para el 28 de junio del citado año, a tal efecto, reiteró su justificativo de incomparecencia por motivos de salud de su hija, quien se encontraba en un post operatorio fuera de la ciudad de La Paz, ante ello, el aludido Tribunal de igual forma providenció que se considerará en audiencia de juicio oral, actuado en el que emitieron mandamiento de comparendo, esta vez para el 5 de julio de 2019, al cual recalcó su inasistencia por las mismas razones, es así que, se emitió nuevamente comparendo para el 11 de julio del citado año, de modo que para esa ocasión por escrito de 10 de igual mes y año, solicitó se le excluya como testigo por no ser idónea y además que a causa de la rehabilitación de su hija se ausentaría al extranjero sin fecha de retorno adjuntando prueba al efecto; empero, las autoridades del mencionado Tribunal en audiencia de juicio oral ordenaron librar comparendo para el 19 del aludido mes y año, procediendo a su notificación mediante cédula en su domicilio, mismo que fue devuelto por Antonia Nancy Guillen Daza, a través de memorial de 18 del referido mes y año, señalando que su persona se encontraba de viaje, desconociendo la fecha de su retorno, a lo cual de igual forma que las anteriores dispusieron que se considerará en audiencia.

La indicada audiencia (de 19 de julio de 2019) fue suspendida; sin embargo, de manera irregular y sin instalación dieron respuesta a las solicitudes planteadas por la parte acusadora y la defensa, que pidieron se emita mandamiento de aprehensión en su contra, a lo cual el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz dio lugar sin entrar en mayores consideraciones ni tomar en cuenta sus memoriales, documentos de justificación, y menos su situación personal, labrando el mandamiento de aprehensión para cohercionarla; así también, de la lectura del mismo, en su última parte señaló "ASI SE TIENE DISPUESTO EN AUDIENCIA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2019 AÑOS, EN LA QUE SE DISPONE LA APREHENSION DEL ACUSADA PARA QUE SE HAGA PRESENTE" (sic), de lo que sorprendentemente se tiene que "de testigo" pasa a calidad "de acusada" y si bien en un momento del proceso fue investigada, por Resolución 231/2014 de 16 de diciembre se emitió rechazo de la adhesión de querella en su favor; empero, se pretende incorporarla al juicio como acusada, lo cual implica no solo una vulneración a su derecho a la libertad de locomoción, sino también constituye procesamiento indebido, atentando al principio a la seguridad jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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