1098/2022-S1

Asimismo, en el recurso de revocatoria:

1. a)Se solicitó se disponga la apertura de término de prueba, no obstante, pese a que el plazo para atender su impugnación era de veinte días hábiles, dicha petición no fue atendida de manera oportuna, y fue recién a través de Auto de 26 de julio de 2021, que la autoridad administrativa se pronunció respecto a su pedido; ello, sin considerar que en virtud a lo establecido por el art. 88 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 -Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo2-, la prueba ofrecida debió ser admitida oportunamente para su valoración; y,
2. b)Pidió se declare la suspensión de los efectos de la indicada Resolución; empero, respecto a dicha petición, se argumentó una ingobernabilidad al interior de la Cooperativa, declarándose "no ha lugar" a su requerimiento; no obstante, lo referido no se encuentra fundamentado. Ahora bien, la negativa a dichas solicitudes se basa en la aplicación de excesivos formalismos legales que dieron lugar a la restricción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la petición; siendo inclusive que, la referida negativa generaría un daño o perjuicios irremediables, ya que la sanción consistente en el impedimento para desarrollar directa o indirectamente sus funciones, repercutiría y en la continuidad del servicio público de telecomunicaciones.

Solicita se conceda la tutela, disponiendo:

1. 1)Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Particular 117/2021, la Resolución Administrativa 044/2021, así como los Autos Administrativos de 20 y 26 de julio de 2021;
2. 2)Se reconozca su condición de miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia de COTEL R.L. ante la continuidad de funciones dispuesta por la Asamblea General Ordinaria de Socios de 28 de mayo de 2019; y,
3. 3)Que la autoridad demandada dé cumplimiento a la Resolución Administrativa Regulatoria 001/2020 de 15 de junio, procediendo a la ampliación de la vigencia de los Consejos de Administración y Vigilancia de COTEL R.L.

Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, por intermedio de sus apoderados, presentó el informe escrito de 26 de agosto de 2021 cursante de fs. 767 a 782 vta., y en audiencia, solicitó que se deniegue la tutela argumentando, que:

1. i)La parte accionante interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa Particular 117/2021, emitiéndose al efecto la Resolución Administrativa 53/2021 de 27 de julio, que de manera clara y fundamentada confirmó en su totalidad la indicada Resolución Administrativa Particular, fallo contra el cuál se planteó recurso jerárquico, siendo por ello que a través de Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/224/2021 -no refiere fecha-, fue remitido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el 23 de agosto de 2021; por lo que, se hubiese utilizado un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, estando su trámite pendiente de resolución, concurriendo el principio de subsidiariedad;
2. ii)Los accionantes José Terrazas Méndez, Marco Antonio Gutiérrez Abrego, Félix Julio Melgar Guzmán, Félix Cala Alacema y Raúl Freddy Poma Peñaranda en su calidad de Consejeros de Administración y Vigilancia de COTEL R.L. fueron elegidos el 11 de junio de 2017, en ese sentido, su mandato feneció el 11 de junio de 2019; por lo que, no se constituyen en representantes legales de la Cooperativa y carecen de legitimación activa; asimismo, respecto a Fernando Dips Zogby, Gerente General de COTEL R.L., el mismo fue elegido conforme establece el art. 61 de la Ley General de Cooperativas -Ley 356 de 11 de abril de 2013-, por el Consejo de Administración de la Cooperativa; consecuentemente, también carece de legitimación activa;
3. iii)El 13 de agosto de 2021, el impetrante de tutela Fernando Dips Zogby a través de la Nota G.G. EXT. 243/2021 -no indica fecha- hace conocer a la AFCOOP que se estaba dando cumplimiento a las instrucciones contenidas en las Resoluciones Administrativa Particular 117/2021 y la Resolución Administrativa 044/2021 por su propia voluntad; por lo que, se tendrían actos consentidos;
4. iv)En lo concerniente al derecho a la tutela judicial efectiva; se tiene que, emitida la Resolución Administrativa Particular 117/2021, los ahora accionantes solicitaron "'...se disponga efecto suspensivo ante el eminente daño económico y a la imposibilidad de seguir prestando el servicio de telecomunicaciones de forma eficiente y eficaz (...) y se disponga apertura de término de prueba...'" (sic); en tal sentido, se profirió el Auto de 20 de julio de 2021, estableciendo por una parte el plazo no superior a tres días hábiles para que se justifique y señale de manera clara e inequívoca los hechos y/o documentos nuevos en los que funda su solicitud de apertura de un término de prueba; y, por otra parte, no se otorgó la solicitud de efecto suspensivo, debido a que la no ejecución de la Resolución Administrativa Particular 117/2021 prolongaría innecesariamente la actual situación de ingobernabilidad dentro de la Cooperativa; así, en mérito a ello, a través del memorial presentado el 23 de julio de 2021, los peticionantes de tutela pretendieron sustentar la apertura del término probatorio a través de tres certificaciones que se habrían solicitado al Tribunal Departamental Electoral de La Paz, y a la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes y AFCOOP; siendo por ello que, por Auto de 26 de julio de 2021 se declaró "no ha lugar" a la apertura del término probatorio solicitado, debido a que los documentos presentados no justifican ni señalan de manera clara e inequívoca los hechos y/o documentos nuevos en los que funden su solicitud; consecuentemente, de la revisión de los antecedentes, se tiene, que se respondió a cada una de las solicitudes presentadas por los impetrantes de tutela;
5. v)Respecto al derecho a la defensa, los accionantes solo se limitaron a enunciar el derecho supuestamente vulnerado, más no así, a identificar de manera concreta el cómo se habría lesionado tal derecho; además, sin perjuicio de lo referido, debe considerarse que la "negativa de apertura de termino de prueba" no fue infundada, siendo que inclusive, se otorgaron tres días para que los accionantes presenten documentación que aporten nuevos elementos, ya sea a través de documentos o hechos que no formen parte del expediente "...sin embargo los accionantes se limitaron a presentar copias de solicitudes realizadas por ellos mismo, a diferentes instituciones, en las cuales solicitaban información que ya era de conocimiento documentada de Esta Autoridad..." (sic); por lo que, no se vulneró el derecho de a la defensa de los peticionantes de tutela; y,
6. vi)En lo concerniente al derecho al trabajo, debe tenerse en cuenta que la Resolución Administrativa Particular 117/2021, no pretende vulnerar el derecho al trabajo ni ningún otro derecho, pues, únicamente "...pone en derecho la representación legal de la Cooperativa..." (sic), estableciéndose así, la necesidad de realizar la elección de los nuevos Consejeros de Administración y Vigilancia de la Cooperativa; sumado a ello, se tiene que los accionantes no mantienen una relación laboral con COTEL R.L.; por lo que, no podría vulnerarse el derecho al trabajo.

Roberto Pavel García Miranda, Gerente General de FECOTEL R.L., mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2021, cursante de fs. 793 a 795; y, en audiencia a través de su abogado; manifestó que:

1. a)"...los accionantes en la asamblea de COTEL R.L. de 28 de mayo de 2019, en el punto 3 de la Asamblea Extraordinaria que se refería a Considerar su Reglamento de Régimen Electoral y Reglamento de Asambleas Distritales y Asamblea de Delegados Distritales, AL DESARROLLAR ESE PUNTO INDUCIENDO EN ERROR A LOS PARTICPANTES HIZO UNA RATIFICACIÓN DE LOS CONSEJEROS, LO CUAL NO ESTA PREVISTO EN LA LEY PUESTO QUE LO QUE CORRESPONDE ERA QUE CONVOQUE A ELECCIONES Y EN SU CASO POSTULARSE SI LA LEY LES REMATE. LA RATIFICACIÓN NO ES UNA FIGURA LEGAL PREVISTA EN LAS NORMAS DEL COOPERATIVISMO." (sic); y,
2. b)Las Resoluciones, Administrativa Particular 117/2021 y la Administrativa 044/2021, no vulneran ningún derecho, lo que hacen es reconducir el estado de ilegalidad y el estado de derecho de COTEL R.L.

Marco Antonio Córdova Santivañez, miembro del Consejo de Administración de COTEL R.L., en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que:

1. 1)En marzo de 2019 se solicitó a "Gerencia", la realización de las gestiones necesarias para desarrollar las elecciones, cumpliendo con todos los requisitos que exige la norma; y,
2. 2)"...en esta asamblea se elige a 4 personas para el Consejo de Administración y dos para el Consejo de Vigilancia, siendo los primeros el Sr. José Terrazas, así también el mismo que hable Marco Antonio Cordova, posterior la Lic. María del Pilar así el Sr. Julio Melgar y no asi el Sr. Marco Antonio Gutierrez ya que el mismo vendría producto de una gestión anterior ya que existiría un amparo que el mismo le restituiría sus derechos de la gestión 2017 y 2019 y no así de la 2019 a la 2022, la que en este momento ellos pretenderían hacer creer, y esto de alguna forma estaría creando una confusión a sus autoridades con la finalidad de poder hacer creer de que el seria producto, en si el Sr. No es producto de esta asamblea, ya que sería producto de una gestión pasada y asimismo, lo expresa la resolución..." (sic).

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, por Resolución 192/2021 de 26 de agosto, cursante de fs. 827 a 836, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa Particular 117/2021 de 16 de junio y la Resolución Administrativa 044/2021 de 28 de igual mes y año, debiendo al efecto emitirse una nueva resolución; y, se deniega respecto a "lo demás que no es objeto de Amparo" (sic); bajo los siguientes fundamentos:

1. i)"...el debate principal del caso que hoy nos está ocupando, tiene que ver con que la AFCOOP considera que de acuerdo a las convocatorias a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, estamos frente a un acto eleccionario, el accionante considera que esto es falso, porque no se ha desarrollado ningún ante eleccionario, sino más bien, por voluntad de la Asamblea se ha decidido la ampliación de mandato por un periodo más..." (sic);
2. ii)La parte impetrante de tutela, alegó que se incurrió en vías de hecho al desconocerse el orden normativo y, siendo que además, la AFCOOP no tuviese competencia; al respecto, se tiene que dicha institución tiene la potestad de regular y sancionar; no obstante, en el presente caso la Resolución Administrativa Particular 117/2021 no se constituye en una sanción por la que decide no inscribir a la parte accionante, pues, la misma es una Resolución que no condice con lo sucedido, toda vez que, omitió considerar que la decisión emitida el 28 de mayo de 2019 es una voluntad de la Asamblea;
3. iii)La parte demandada, estableció que sí existió un proceso electoral basándose únicamente en "...la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios de 17 de mayo de 2019..." (sic); sin embargo, el accionante presentó como medio probatorio el "Acta Notarial" que señaló "'... a este consejo le ha costado 2 años para estabilizar la Cooperativa y la Asamblea es magna, señores asociados: Tenemos dos puntos que considerar.- Primero: es el tema de los reglamentos vamos a poner en consideración si se aprueba o no se aprueba los Reglamentos así lo manifestado, vamos a poner en consideración como primer punto y como Segundo punto vamos a poner el tema de la ratificación como han expresado.- Primer punto: haber señores asociados sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo en la NO aprobación de los Reglamentos (sírvanse a levantar la mano) 'mayoría' no se aprueba los reglamentos por favor sírvase registrar en acta no se aprueban los reglamentos tanto Electoral como Distrital. El otro tema señores asociados, Asociadas la Asamblea es magna y es mi obligación poner en consideración de la misma, alguien ha propuesto que haya una ratificación por democracia vamos de la misma forma poner en consideración del actual directorio del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia 90% aprobado señor Notario sírvase registrar a favor la determinación de la Asamblea General Extraordinaria de los Asociados y Asociadas que hoy han aprobado en mayoría la ratificación del actual directorio, por un periodo de 2019 a 2022..." (sic). Para el caso concreto, se tiene que lo sucedido el 28 de mayo de 2019 no es un acto o proceso electoral; pues, el mismo está sujeto a un procedimiento; en tal sentido "...el acto idóneo de fiscalización de la AFCOOP no es la solicitud de inscripción , que es un acto sucedáneo, inconsecuente, sino es el primer acto y frente a ese primer acto, se tendrá que debatir si es que la administración puede ingresar a cuestionar decisiones de un ente cooperativo, que deciden una situación además por el 90% del voto de sus miembros, por lo menos de los presentes, conforme se nos ha probado en la presentes..." (sic); y,
4. iv)La AFCOOP únicamente se refirió a un acto electoral para la elección de titulares; empero, no dice nada respecto a la continuidad o ampliación de mandato que se constituye en un hecho relevante, en el entendido que, de lo sucedido el 28 de mayo de 2019 se tiene que el 90% de los participantes de la "Asamblea" decidió ratificar y ampliar una vez más el mandato de los Consejeros; además, que la actividad de la AFCOOP debió estar dirigida a otro acto y no a la solicitud de inscripción de los impetrantes de tutela; en tal sentido, en el caso concreto se tiene que la parte accionante logró demostrar su situación.

En la vía de aclaración, enmienda y complementación, la parte ahora demandada a través de memorial de 27 de agosto de 2021, cursante a fs. 996 y vta., solicitó se aclare, si:

1. a)Si el recurso jerárquico interpuesto de manera paralela por el accionante debe continuar su impugnación o si debe ser devuelto;
2. b)Si procede la vinculatoriedad de la jurisprudencia relativa a la improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad;
3. c)Si el "Informe Final de Supervisión y Resolución de Aprobación emitidos por el Órgano Electoral" aplican de forma general para todas las cooperativas de servicios públicos según mandato constitucional contenido en el art. 335, o únicamente en casos concretos;
4. d)Cuál fue el análisis de la representación legal de COTEL R.L. y la legitimación activa de los accionantes; en el entendido que el único representante legal de las Cooperativas es el Presidente del Consejo de Administración;
5. e)Si la Sala Constitucional se pronunció sobre la legalidad de las actuaciones de la parte peticionante de tutela y su reconocimiento como Consejeros; y,
6. f)Si a través de la Resolución 192/2021, se reconoció a los accionantes como Consejeros de COTEL R.L.

La parte accionante denuncia que:

1. 1)Habiendo solicitado el registro e inscripción de la renovación de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia de COTEL R.L., la AFCOOP emitió la Resolución Administrativa Particular 117/2021 de 16 de junio (aclarada por la Resolución Administrativa 044/2021 de 28 de junio), determinando "ratificar y reiterar" la improcedencia de su inscripción en el REC, lo que no solo pondría en riesgo la continuidad del servicio público de telecomunicaciones, sino también, restringiría el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo; siendo precisamente por ello que se planteó recurso de revocatoria; y,
2. 2)En el planteamiento de su recurso de revocatoria, se solicitó se disponga la apertura de término de prueba y la suspensión de los efectos de la indicada Resolución; empero, basados en la aplicación de excesivos formalismos legales, ambas solicitudes fueron negadas, dando lugar a la restricción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la petición.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas:

1. i)Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional;
2. ii)La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

" ...cuando:

1. 1)las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así:
2. a)cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y
3. b)cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y
4. 2)las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así:
5. a)cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y
6. b)cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución" (las negrillas son incorporadas).

III.2. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto El Tribunal Constitucional Plurinacional como supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, tiene la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; además, bajo una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas3; así, respecto al derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario", la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción tutelar, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo, ya sea en sentido positivo o negativo Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. a)Contenido esencial;
2. b)Requisitos de procedencia;
3. c)Legitimación activa;
4. d)Legitimación pasiva; y,
5. e)Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 20014, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:
6. 1)Emitida de forma pronta y oportuna5, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
7. 2)Formal6; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
8. 3)Material7, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
9. 4)Argumentada8, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos:
10. i)La existencia de una petición oral o escrita;
11. ii)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y,
12. iii)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó: "Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: ...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: ...dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-, busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito". Asimismo, en relación a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; y, 1111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo9, para posteriormente referenciar las SSCC 0310/2004-R10, 0560/2010-R11, 1995/2010-R12; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril13, 2051/2013 de 18 de noviembre14; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre15, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: 1) En el término establecido por ley16; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable17. De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y,
13. iv)Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del por qué se da o no curso a la petición. Por su parte, en cuanto a las peticiones efectuadas dentro un trámite administrativo o proceso judicial que tengan relación con el fondo de la pretensión jurídica; incumbe añadir a lo razonado en la SCP 0112/2020-S1 que fue descrita, las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0340/2020-S1 de 17 de agosto18, que resolvió una acción de amparo constitucional en la cual se denunció que no se hubiese dado respuesta a un memorial y a un recurso de revocatoria, se sostuvo que respecto al memorial no se evidenciaba una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho a la petición que responda a la solicitud; además, en lo concerniente al recurso de revocatoria se estableció que no se resolvió dicho recurso de forma positiva o negativa, ni se explicó por qué no corresponde su resolución o por qué no es posible atender ese reclamo, en tal sentido, al no darse una respuesta oportuna tanto al memorial como al recurso de revocatoria se concedió la tutela. Asimismo, la SCP 0430/2021-S1 de 15 de septiembre19, resolviendo una acción de amparo constitucional en la que se denunció que no se dio respuesta a su solicitud de medidas de protección, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional sostuvo que dicha solicitud no mereció respuesta precisa dentro del plazo razonable, omitiendo considerar que el accionante merece una respuesta pronta y oportuna ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado; consecuentemente, se concedió la tutela al conculcarse el derecho a la petición. Ahora bien, de ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se advierte que en los casos que se denuncien la falta de resolución de un recurso o medio de impugnación, o de una solicitud vinculada a una pretensión específica, es posible que este Tribunal ingrese a analizar si es evidente o no que la parte demandada omitió responder a su solicitud. Consecuentemente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo). III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia que:

1. a)Habiendo solicitado el registro e inscripción de la renovación de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia de COTEL R.L., la AFCOOP emitió la Resolución Administrativa Particular 117/2021 de 16 de junio (aclarada por la Resolución Administrativa 044/2021 de 28 de junio), determinando "ratificar y reiterar" la improcedencia de su inscripción en el REC, lo que no solo pondría en riesgo la continuidad del servicio público de telecomunicaciones, sino también restringiría el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo; siendo precisamente por ello que se planteó recurso de revocatoria; y,
2. b)En el planteamiento de su recurso de revocatoria, se solicitó se disponga la apertura de término de prueba y la suspensión de los efectos de la indicada Resolución; empero, basados en la aplicación de excesivos formalismos legales, ambas solicitudes fueron negadas, dando lugar a la restricción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la petición.

1. 1)Los accionantes José Terrazas Méndez, Marco Antonio Gutiérrez Abrego, Felix Julio Melgar Guzmán, Félix Cala Alacema y Raúl Freddy Poma Peñaranda en calidad de Consejeros de Administración y Vigilancia de COTEL R.L. fueron elegidos el 11 de junio de 2017, por un periodo de dos años, feneciendo su mandato el 11 de junio de 2019; por lo que, no se constituyen en representantes legales de la Cooperativa, pues, carecen de legitimación activa; respecto a Fernando Dips Zogby, Gerente General de COTEL R.L., el mismo fue elegido por el Consejo de Administración de la Cooperativa, conforme lo establece el art. 61 de la Ley 356; consecuentemente, también carece de legitimación activa.

1. 2)La parte demandada refiere que, el 13 de agosto de 2021, el impetrante de tutela Fernando Dips Zogby a través de la Nota G.G. EXT. 243/2021 -no indica fecha-, hace conocer a la AFCOOP que se estaba dando cumplimiento a las instrucciones contenidas en la Resolución Administrativa Particular 117/2021 y Resolución Administrativa 044/2021 por su propia voluntad; por lo que, se tendrían actos consentidos.

"a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y,

1. b)Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad;
2. c)De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos" (el subrayado pertenece al texto original).