Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1098/2026-S2 Sucre, 17 de julio de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de cumplimiento
Expediente: 85202-2026-171-ACU Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 02/2026 de 3 de junio, cursante de fs. 343 a 348, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por José Alberto Suárez Chávez contra Carlos Hugo Molina Paz, Presidente y Carmen Gutiérrez Arias, Secretaria, ambos del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Portachuelo del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2026, cursante de fs. 26 a 32, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Alcalde del GAM de Portachuelo, el 5 de mayo de 2026, en ejercicio de sus atribuciones, emitió memorándums de designación de tres funcionarios para desempeñar funciones en el Concejo Municipal de dicho municipio; sin embargo, los miembros del Órgano Legislativo rechazaron tales designaciones, bajo el argumento de que, al tratarse de un órgano independiente del Ejecutivo Municipal, les correspondía exclusivamente la facultad de designar y contratar a su propio personal; en consecuencia, los Concejales Municipales ahora demandados exigieron el retiro inmediato de los funcionarios designados de las instalaciones del Concejo, impidiéndoles asumir las funciones para las cuales fueron nombrados.
Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, los Concejales demandados emitieron la Resolución Municipal 02/2026, mediante la cual designaron a siete personas como personal de confianza del Órgano Legislativo, sustentando dicha determinación en los arts. 27 y 108 del Reglamento General del Concejo Municipal del GAM de Portachuelo. Asimismo, el art. 3 de dicha Resolución dispuso la prohibición al Órgano Ejecutivo Municipal de intervenir en la administración de los recursos, así como en la designación y remoción del personal del Concejo Municipal.
Asimismo, la mencionada Resolución fue emitida por una autoridad carente de competencia para adoptar tales determinaciones y con fundamento en disposiciones Reglamentarias que contradicen normas de jerarquía superior, desconociendo el régimen jurídico establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales.
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