Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 11 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 29992-2019-60-AAC Departamento: Oruro Partes: Nelson Gustavo Chura Colque contra Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la resolución 87/2019 de 27 de junio de 2019, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías; y, denegó la tutela impetrada.
En todo caso, considera que debió revocar totalmente dicha resolución constitucional; y en consecuencia, considerar el fondo de lo impetrado y CONCEDER en todo la tutela impetrada, disponiendo que se deje sin efecto el Auto de Rechazo ARIT-SCZ-0840/2018 de 12 de octubre, emitido por la ARIT Santa Cruz; y, todas las actuaciones posteriores; y que la autoridad demandada, admita el recurso de alzada, y dicte la resolución que corresponda; conforme a los siguientes fundamentos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia; toda vez que, la autoridad ahora demandada emitió el Auto de Rechazo ARIT-SCZ-0840/2018 de 25 de octubre de 2018, considerando incumplida su obligación de enmendar las observaciones contenidas en el Auto de 12 del mismo mes y año; sin tomar en cuenta que si bien consignó un proveído diferente al impugnado, sin embargo, en el recurso primigenio se estableció que la alzada se interpuso en contra del Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 538/2018; error que no se constituye en un óbice para la admisión del recurso, en virtud al principio de informalismo; y, que el AN-ULEZR-PIET 512/2016, al negar la nulidad de obrados sobre un proceso que nunca conoció, conculca directamente sus intereses, provocando que lo intimen a cancelar sumas exorbitantes de dinero por ilícitos tributarios que no cometió; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se admita el recurso de alzada interpuesto, y sea con costas y responsabilidad a la autoridad demandada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:
- a)Los principios de la actividad administrativa;
- b)El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y,
- c)Análisis del caso concreto.
II.1. Los principios de la actividad administrativa Los principios generales de la actividad administrativa se encuentran previstos en el art. 4 de la LPA y entre ellos se encuentran:
- 1)Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario.
Al respecto, el principio de presunción de legitimidad fue desarrollado por la 1, señalando que el mismo se funda en la razonable suposición que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente al tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución; es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, pues, se presume que fue emitido observando las reglas del debido proceso y respetando el derecho a la defensa. En similar sentido, la 2 sostuvo que dicho principio implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; por lo que, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución Política del Estado, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por la .
- 2)Principio de buena fe; según el cual, en la relación de los particulares con la Administración Pública se presume la buena fe, y que la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo.
Mostrando 13 de 65 parrafos.