Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1102/2019-S2 Sucre, 11 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 29913-2019-60-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 01/2019 de 4 de julio, cursante de fs. 468 a 476 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edmundo Perfecto Torrez Condori, Victoria Fernández Lazos de Torrez y Hortencia Condori Cardozo contra Hugo Augusto León Gutiérrez, Director Departamental a.i.; Eugenia Beatriz Yuque Apaza, ex Directora Nacional; y, Roberto Luis Polo Hurtado, Director Nacional a.i. todos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 3 y 9 de mayo de 2019, cursante de fs. 181 a 197 y 202 y vta., los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se encuentran en posesión de un fundo rústico de la comunidad de Lagunitas, provincia O'Connor del departamento de Tarija, respecto del cual el INRA les notificó con la Resolución Administrativa RES.ADM.RA-TJA 119/2018 de 24 de julio, por la que se dispone su desalojo y el de cualquier persona que pretenda derechos en el área, argumentando que son ocupantes ilegales; ante esta situación, señalando estar en posesión del predio, solicitaron al INRA:
- a)Dejar sin efecto las medidas precautorias de desalojo;
- b)Se les notifique formalmente con la Resolución Suprema 224681 de 4 de noviembre de 2005 y su Rectificatoria 06144 de 7 de septiembre de 2011, que declara fiscal la superficie de 500 ha; y,
- c)Otorgar fotocopias de la respectiva carpeta de saneamiento; peticiones que fueron negadas por Hugo Augusto León Gutiérrez, Director Departamental a.i. del INRA-Tarija y por Eugenia Beatriz Yuque Apaza, ex Directora Nacional del INRA, mediante Resolución Administrativa RES.ADM.RA-TJA 119/2018, los decretos de 26 de julio y 16 de agosto del mismo año, respectivamente; con el argumento que no eran parte del proceso de saneamiento del predio "Laguna Capiazuti", dentro del cual estaban viviendo y cumpliendo la función social, lo que se demuestra en las carpetas de saneamiento y la inspección ocular realizada por el INRA.
Recurridas todas estas resoluciones en revocatorio, el Director Departamental a.i. del INRA-Tarija, emitió las Resoluciones Administrativas RES.ADM.RA-TJA 129/2018 de 24 de agosto; RES.ADM.RA-TJA 138/2018 de 7 de septiembre; y, RES.ADM.RA-TJA 139/2018 de 10 de septiembre, todas rechazando los recursos y recurridas a su vez estas resoluciones en recursos jerárquicos, merecieron de parte de la Directora Nacional a.i. del INRA, la Resolución Administrativa (RA) 188/2018 de 11 de octubre y los dos Autos Interlocutorios de 25 de septiembre de 2018, respectivamente, que rechazaron el recurso jerárquico, expresando que no admiten dicho recurso.
Todas estas Resoluciones descritas, emitidas a partir de las solicitudes y recursos presentados, constituyen los actos ilegales e indebidos que lesionaron sus derechos fundamentales.
Pidieron se cite en calidad de tercera interesada a Juana Portales, beneficiada con la adjudicación de 1.028,8437 ha, mediante la emisión de la Resolución Suprema 224681, correspondiente al predio "Laguna Capiazuti", Resolución que excluye a los accionantes.
No se les notificó con las Resoluciones administrativas 224681 y 06144 al considerarles ocupantes ilegales, tampoco les otorgaron las fotocopias simples del proceso de saneamiento respectivo.
Finalmente alegan que según el Informe Técnico-Jurídico 0337/2017 de 11 de diciembre, respecto a la audiencia de inspección realizada por el INRA, se verificaron trabajos realizados por los accionantes que datan de muchos años atrás lo que está corroborado por el formulario de anexos del INRA y además, de acuerdo a las conclusiones y sugerencias del Informe Legal 360/2018 de 26 de febrero, emitido por la abogada Elisa Canqui, Profesional Jurídico de la Dirección Nacional del INRA, el relevamiento de Información de Campo se llevó a cabo con la participación activa de los denunciantes: familia Torrez-Condori y representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), quienes firmaron un Acuerdo de 20 de marzo de 2002, existiendo contradicción en el Informe legal que sirvió de sustento para la emisión de los Autos Interlocutorios por la Directora a.i. del INRA que rechazó los recursos jerárquicos planteados, negándose de este modo la notificación con la Resolución final de saneamiento y extensión de las fotocopias.
La ley no reconoce recurso ordinario alguno para la protección de derechos fundamentales; puesto que, se tiene ya agotada la vía administrativa conforme establece el art. 90 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 y no existe la posibilidad de recurso ulterior según los arts. 129 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, a la igualdad, a una justicia transparente relacionado con el derecho a la información y a recurrir o de impugnación, citando al efecto los arts. 8.II; 14.I y II,III; 21.6; 115; 117.I; 119; y, 180.II de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga:
- 1)La nulidad de los actos administrativos de 26 de julio, 16 de agosto, ambos de 2018, Resoluciones Administrativas RES.ADM.RA-TJA 119/2018, RES.ADM.RA-TJA 129/2018; RES.ADM.RA-TJA 138/2018; RES.ADM.RA-TJA 139/2018, Autos Interlocutorios Definitivos de 25 de septiembre de 2018 y RA 188/2018;
- 2)La inmediata notificación con la Resolución Suprema 224681 y Resolución Rectificatoria 06144 emitidas respecto de la parcela "Laguna Capiazuti" y la entrega de las copias de éstas así como de las diligencias de notificación respectivas;
- 3)La extensión de fotocopias de la carpeta de saneamiento al expediente 4741 correspondiente a la propiedad "Laguna Capiazuti"; y,
- 4)Se deje sin efecto la medida precautoria de desalojo decretada por el Director Departamental a.i. del INRA de Tarija.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 4 de julio del 2019, según consta en acta cursante de fs. 460 a 467, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar y complementó señalando que, existe contradicción en las autoridades demandadas, pues por una parte se expone que los demandantes de tutela fueron parte del proceso de saneamiento incluso en su momento, en condición de dirigentes revelando que fueron notificados pero no presentaron recursos oportunamente, pero por otra, no se les notifica por "no formar parte del proceso" y por este mismo motivo, se les negó la emisión de fotocopias; en cambio, sí se les notificó con la Resolución de desalojo, llamándoles avasalladores como si estarían ingresando a la fuerza a un predio en el que están viviendo hace muchos años atrás. Presentados todos los recursos que prevé la ley, no les dieron derecho a que se defiendan. Entonces, lo que motivó llegar a esta acción fue la inexistencia de otro recurso, aclarando que no están dilucidando sobre el derecho propietario, sino simplemente el derecho de una familia a defenderse ante el Tribunal Agroambiental que será el que decida.
Sobre la Resolución de desalojo, indicaron que no puede dejar de tomarse en cuenta que hay personas de la tercera edad perjudicadas con esta decisión.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Mostrando 26 de 128 parrafos.