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TCP

1102/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1102/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1102/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 59117-2023-119-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 41/2023 de 11 de octubre, cursante de fs. 85 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nancy Torrez Mamani contra Rubén Valda Gómez, Juez y Sonia Maribel Choquehuanca Mamani, Oficial de Diligencias, ambos del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 10 de octubre de 2023, cursante de fs. 68 a 74, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de madre soltera, junto con su hijo menor de edad de nueve años se encuentra habitando dos habitaciones en un bien inmueble ubicado en la zona Villa Dolores de El Alto del departamento de La Paz, ello en virtud de la autorización otorgada por su hermana y su esposo, quienes adquirieron dicho bien inmueble mediante venta judicial, permaneciendo en el mismo por más de dos años.

El 16 de noviembre de 2022, tomó conocimiento de la posible ejecución de una orden de desapoderamiento respecto al bien inmueble que ocupaba, circunstancia que le generó preocupación debido a su situación económica precaria y la imposibilidad de acceder a otra vivienda. Esa orden emergió de un proceso de reivindicación seguida por Aleja Sirpa Martela contra Isaac Choque Villalobos, dentro del cual el Juez Público Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio de 20 de septiembre de igual año, dispuso la entrega de un bien inmueble cuyos datos técnicos y registrales diferirían del bien inmueble que efectivamente ocupaba junto a su hijo.

En el proceso de reivindicación el esposo de su hermana -Marco Pedro Medina Márquez-, alegando ser el legítimo propietario del bien inmueble, formuló diversos mecanismos de defensa, entre ellos, recurso de reposición con alternativa de apelación; tercería de dominio excluyente en ejecución de sentencia; y, excepción de falsedad de documento, los cuales no fueron resueltos oportunamente por la autoridad judicial competente. En ese contexto, la parte demandante en el proceso civil utilizó documentación presuntamente falsificada para hacer coincidir el derecho propietario sobre el bien inmueble en cuestión, lo que motivó el inicio de un proceso penal que derivó en la emisión de una Resolución de Acusación R.N.P.V 29/2023 de 2 de mayo, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado.

Ante la amenaza de desapoderamiento, el propietario del bien inmueble interpuso una acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta parcialmente favorable mediante Resolución 077/2023 de 5 de mayo, disponiéndose la suspensión del mandamiento de desapoderamiento hasta la resolución de la tercería de dominio excluyente y su ejecutoria; sin embargo, de manera posterior el proceso fue radicado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, cuyo titular, mediante Auto Interlocutorio de 1 de septiembre de 2023, dejó sin efecto las actuaciones que permitían la sustanciación de la referida tercería, bajo el argumento de su previa interposición, sin sustento normativo suficiente ni consideración a las particularidades del caso.

Contra dicha determinación, se planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, el cual tampoco fue resuelto, teniendo además restricciones de acceso al expediente que le impedían conocer el estado de las actuaciones procesales.

Finalmente, pese a la existencia de la Resolución 077/2023, que dispuso la suspensión del desapoderamiento, la parte demandante reiteró solicitudes para su ejecución, generándose un riesgo inminente de desalojo; más aun, cuando el presunto incumplimiento de la referida Resolución ya fue denunciada ante la Sala Constitucional competente, encontrándose pendiente de resolución.

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