Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1103/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 55614-2023-112-AL Departamento: Beni
En revisión la Resolución 032/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 61 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Mariela Herrera Rodríguez en representación sin mandato del menor de edad AA contra René Torrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante a fs. 3 a 8, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el menor de edad AA -accionante-, por la presunta comisión del delito de robo previsto por el art. 331 del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia ahora coaccionado después de presentar imputación formal en su contra y solicitar medidas sustitutivas procedió a firmar con su abogado un acuerdo de terminación anticipada del proceso, en el cual aceptó la imposición de una pena de dos años como medida socio-educativa con privación de libertad; puesto que, si bien el referido delito impone una pena privativa de libertad de uno a cinco años, la misma es atenuada conforme el art. 268.I del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- que establece que debe ser computada en cuatro quintas partes, respecto al máximo penal correspondiente al delito establecido en la normativa penal.
En ese entendido, el Juez hoy accionado una vez que admitió el acuerdo de terminación anticipada del proceso emitió la Resolución 6/2023 de 18 de abril, vulnerando de esta manera su derecho a la libertad, al imponerle como medida socio-educativa dos años de privación de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, cuando correspondía que se le aplique un año de medidas socio-educativas con restricción de libertad y no así con privación de libertad, vulnerándose así el principio de legalidad, al no aplicarse la normativa legal, además de vulnerarse la tutela efectiva en su elemento a obtener una sentencia debidamente motivada y congruente, encontrándose privado de libertad desde el 18 de abril de 2023. I.1.2. Derechos, garantías y principios vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 60, 115 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga:
- a)Emitir el correspondiente mandamiento de libertad por estar ilegalmente detenido;
- b)Declare la nulidad de la imputación formal de 17 de abril de 2023, por no adecuarse a los parámetros establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente;
- c)Anular la Resolución de 18 de igual mes y año, emitida por el Juez ahora accionado; y,
- d)Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Régimen Disciplinario del Ministerio Público.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 60 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su representante en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:
- 1)En el mandamiento de traslado emitido por el Juez ahora accionado, en ninguna de sus partes consigna que se le aplicó una medida socio-educativa de un año y veinticinco días, sino que se estableció una medida socio-educativa restrictiva en su libertad por el tiempo de dos años;
- 2)Se ordenó al Comandante de la Policía de Riberalta que se proceda a su traslado y se le ponga en detención preventiva por un periodo de dos años por beneficiarse de una medida socio-educativa, mandamiento de traslado de 18 de abril de 2023, justamente en la misma fecha en que el Juez de la causa ejerció el control jurisdiccional;
- 3)Las medidas socio-educativas que se cumplen con restricción de libertad están establecidas por el art. 323 del CNNA, las cuales son los regímenes domiciliarios, en tiempo libre y semi-abierto, en ninguna parte se establece que se realice el traslado a un centro de internamiento tal como dispuso el Juez hoy accionado;
- 4)La pena atenuada corresponde a un año conforme dispone el art. 268 del referido Código, por lo que tampoco corresponde que se le aplique una pena de un año y veinticinco días; y,
- 5)Se vulneró el derecho al debido proceso al privársele de su libertad siendo aún menor de edad.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
René Torrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni, en audiencia manifestó que:
- i)En la audiencia de medidas cautelares, el Fiscal de Materia coaccionado moduló su requerimiento solicitando la aplicación de terminación anticipada del proceso, presentando el documento de consentimiento para someterse a la misma, el cual se encontraba suscrito por su autoridad, el abogado particular, accionante y su progenitora, aceptando la mencionada solicitud;
- ii)En audiencia el referido Fiscal de Materia demostró con elementos de prueba, la probable autoría y participación en el hecho investigado del accionante;
- iii)El nombrado renunció de manera voluntaria al juicio oral, público y contradictorio de carácter reservado, reconociendo su participación en el hecho con relación a la pena o sanción socio-educativa el mencionado Fiscal de Materia fijo el tiempo de detención domiciliaria por dos años para accionante;
- iv)Computada la prueba y agotada la intervención de las partes procesales en audiencia, en aplicación del art. 308 del CNNA, el nombrado aceptó la terminación anticipada del proceso, estableciéndose la probable autoría y participación del mismo en el delito de robo;
- v)En audiencia de manera expresa el accionante manifestó que suscribió el documento de acuerdo para la terminación anticipada;
- vi)Al momento de emitir la resolución consideró los derechos y garantías que protegen a los adolescentes en conflicto con la ley;
- vii)La resolución consideró la responsabilidad atenuada con relación a la pena máxima establecida en el Código Penal para el delito de robo; puesto que, si bien, en el acuerdo de consentimiento para someterse a la tramitación anticipada del proceso se establecieron dos años de medidas socio-educativas de detención domiciliaria, se le impuso la sanción de un año conforme dispone la "ley de medidas socio-educativas", a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, "...esto bajo el criterio se ha impuesto en el cumplimiento de la detención domiciliaria en donde la progenitora en audiencia..." (sic); manifestó que no tenía un domicilio donde pueda cumplir la sanción; debido a que, el que habitaba no era de su propiedad; y,
- viii)La medida socio-educativa con restricción de libertad de detención domiciliaria por un año se impuso conforme estipula el art. 268 con relación a los arts. 323.II, 324.II del CNNA y 60 de la CPE.
Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que:
- a)La resolución de Imputación Formal de 17 de abril de 2023 presentada por su autoridad cumple con lo establecido por el Código, Niña, Niño y Adolescente, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal, enmarcándose asimismo en los principios de legalidad, objetividad, oportunidad y debido proceso;
- b)Inicialmente solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; empero, a petición de la madre y del abogado del accionante, realizaron un acuerdo de terminación anticipada del proceso en el marco del art. 308 del CNNA, el cual prevé que, el Fiscal de Materia a solicitud de la persona "adolescente con responsabilidad" penal y de su abogado, podrá solicitar al Juez de la causa requerimiento conclusivo de terminación anticipada, es así que bajo estos parámetros la parte "imputada" -accionante-, su abogado y su madre, al establecerse por el delito de robo una pena de uno a cinco años, solicitaron dos años; y,
- c)El acuerdo de terminación anticipada del proceso evidentemente manifiesta dos años, lo cual está dentro del parámetro legal del delito de robo que es de uno a cinco años. En audiencia de medidas cautelares bajo el principio de oralidad solicitó que se homologue y se dé cumplimiento a dicho acuerdo, es en tal sentido que el Juez ahora accionado verificó la pena atenuada e impuso la medida socio-educativa de un año y veinticinco días, y no así dos años como manifiesta el accionante.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, -con la intervención de los Vocales de la Sala Constitucional Segunda en suplencia legal- mediante Resolución 032/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 61 a 65 vta., concedió la tutela solicitada, solamente con relación al Juez ahora accionado, disponiendo que en el plazo máximo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación el mencionado Juez emita una nueva "Sentencia"; bajo los siguientes fundamentos:
- 1)Se constata la evidente incongruencia en lo determinado por el referido Juez en la aplicación de la terminación anticipada del proceso en favor del accionante; debido a que, en la prueba acompañada por el nombrado, la Resolución de 18 de abril de 2023, determina una sanción socio-educativa atenuada de dos años, con restricción de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad del mencionado departamento; no obstante, en la prueba acompañada por el Juez ahora accionado, se determinó una sanción atenuada de un año y veinticinco días, también con restricción de libertad en el citado Centro; asimismo, esta última determinación no guarda coherencia con el mandamiento de traslado emitido por el señalado Juez, el cual señala que se "...ponga en detención preventiva por el lapso de 2 años por haberse beneficiado con medidas socioeducativas al menor con responsabilidad penal en el centro de adolescentes infractores maná de la ciudad de Trinidad..." (sic);
- 2)Si bien el mandamiento de traslado puede ser objeto de corrección; sin embargo, la Resolución de 18 de abril de 2023 -segunda resolución de misma fecha- dictada por el Juez hoy accionado, mantiene la firmeza respecto a la sanción socio-educativa impuesta al accionante, misma que es de un año y veinticinco días, cuando la norma determina que no se puede imponer una sanción socio-educativa mayor a un año;
- 3)Ninguna de las sanciones establecidas en las resoluciones presentadas puede ser aplicada en observancia al art. 268.I del CNNA, que establece que: "La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal";
- 4)El tipo penal por el cual se sigue el proceso penal contra el accionante es por el delito de robo previsto por el art. 331 del CP que contempla una pena máxima de cinco años; por lo que, la atenuación de las cuatro quintas partes de dicha pena, no correspondía a un año y veinticinco días, sino a un año, en ese entendido el Juez hoy accionado obró incorrectamente;
- 5)Con relación a lo ordenando en dicha Resolución y en el mandamiento de traslado de igual fecha, sobre el hecho que las medidas socio-educativas impuestas con restricción de libertad debían ser cumplidas en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad del mismo departamento, esa determinación contradice de forma flagrante la normativa prevista por el art. 324 del CNNA, la cual debió ser aplicada en el presente caso;
- 6)En las medidas socio-educativas que ameritan privación de libertad, prevén como requisito sine quanum, que la pena impuesta sea superior a dos años, situación que no ocurre en el presente caso; no obstante, el Juez hoy accionado dispuso en la Resolución de 18 de abril de 2023, y en el mandamiento de traslado de igual fecha, que la medida socio-educativa sea cumplida en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, siendo evidente y claro que el mencionado Juez aplicó erróneamente la norma; puesto que, aun así correspondiera aplicar la sanción o pena impuesta de dos años, no correspondía aplicar lo que establece el art. 324.III del CNNA, siendo evidente la improcedencia de una privación de libertad como medida socio-educativa en el presente caso, motivo por el cual, debió aplicar el citado artículo en su parágrafo II;
- 7)Es evidente que se vulneraron los derechos del accionante, al aplicarse erróneamente la normativa, cuando el señalado Juez como primer garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme establece el art. 60 de la CPE, debió precautelar sus derechos y efectuar una correcta interpretación de la norma, imponiendo de acuerdo al quantum de la pena la sanción socioeducativa de un año, sin ser procedente una restricción con privación de libertad en dicho Centro de Reintegración Social; y,
- 8)Si bien el Fiscal de Materia ahora coaccionado presentó la solicitud de terminación anticipada del proceso, no fue quien dispuso la alegada ilegal privación de libertad del menor de edad infractor -accionante-, sino únicamente requirió la imposición de esa medida, careciendo en consecuencia de legitimación pasiva por no existir coincidencia entre el mencionado Juez que supuestamente cometió la vulneración de los derechos del accionante y el señalado Fiscal de Materia.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo establecido.
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