1104/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela "...con relación al derecho de acceso al servicio de agua potable..." (sic), y disponga:

1. a)"...que los accionados materialicen el acceso al servicio de agua potable a favor de la vivienda 89-C, conectando una acometida cuyo costo de instalación deberá correr por la parte accionante sin ninguna otra condicionante y una vez instalada únicamente cancelar el costo del suministro de manera igualitaria con los otros usuarios de la Red de agua potable" (sic); y,
2. b)Se condene en costas a los ahora demandados.

La peticionante de tutela, por intermedio de su representante legal en audiencia pública ratificó in extenso los argumentos expuestos en su acción tutelar y memorial de subsanación; y, ampliando los mismos, manifestó lo siguiente:

1. 1)Los ahora demandados se encuentran a cargo del suministro de agua potable de todas las viviendas que pertenecen a la Urbanización Cerrada "Sidumss Norte-Plan B";
2. 2)En la gestión 2018 adquirió el bien inmueble como lote de terreno y posteriormente construyo su vivienda; por cuanto, la misma no cuenta con una acometida de acceso al agua potable, debido a una subdivisión del lote principal; el cual, fue divido en tres fracciones, como consta en el plano de subdivisión y la resolución administrativa; empero , el Directorio de la indicada Urbanización tilda como ilegal; por lo que, sería imposible otorgar el suministro del líquido elemento; y,
3. 3)El derecho al agua y alcantarillado se constituyen en derechos humanos que no son objeto de concesión y privatización; puesto que, los codemandados pretenden que los propietarios de la vivienda "89 A"; los cuales, no son los que trasfirieron el lote de terreno a su persona; ya que, fue una tercera persona, se encarguen de las atribuciones y funciones que tiene la Administración de la mencionada Urbanización respecto al suministro de agua, lo cual es un total despropósito; debido a que, los derechos reconocidos en la Norma Suprema son inviolables, y el derecho al agua no se puede negar en base a justificativos ilegales; ya que, los demandados refieren que la cobertura de agua va a colapsar por dotar a una vivienda más y que se secaran las vetas; por lo que, la vivienda cancelará por todos los servicios que por fruto de una subdivisión no cuenta con el líquido elemento, estos son aspectos que hacen a la vulneración del derecho al acceso de agua potable. I.2.2. Informe de las personas demandadas

Mery Fernández, Presidenta; Edwin Raúl Yáñez Irahola, Vicepresidente; y, Romy Sirley Terrazas Salazar, Secretaria de Hacienda, todos miembros de la Urbanización Cerrada "Sidumss Norte-Plan B", mediante informe escrito de 21 de octubre de 2020, cursante de fs. 73 a 78 vta., manifestaron lo siguiente:

1. i)La accionante refiere que tendría su derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.) y aprobada la subdivisión desde el 20 de mayo de 2004 sobre el lote signado como "89 C"; señaló que, el lote "89" tiene su correspondiente acometida de agua potable con acceso irrestricto a ese servicio;
2. ii)El Vicepresidente de la mencionada Urbanización informo a la peticionante de tutela que una de las causas principales que impiden dar curso a su solicitud radica en la limitada capacidad que tiene el pozo de agua el cual no permite suministrar este líquido elemento, a una mayor cantidad de viviendas ni personas, que las compuestas desde el inicio de la referida Urbanización, radicando en ese hecho concreto el fundamento esencial que genera la determinación consensuada de no subdividir los lotes de terreno a efectos de no generar una sobre población que haga difícil o hasta imposible el suministro normal de agua potable con riesgo de afectar seriamente la veta que se tiene en el pozo perforado dentro de la misma Urbanización con recursos propios de todos los copropietarios, de donde se desprende el hecho material y concreto de que la información brindada a la impetrante de tutela siempre fue de su conocimiento;
3. iii)Dicha afirmación se sustenta en el hecho material e indiscutible que la prenombrada tiene su derecho propietario desde la gestión 2004, en la que se aprobó su plano de subdivisión por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sacaba del departamento de Cochabamba y que hasta la fecha de la primera petición a la que hizo referencia -entiéndase en agosto de 2020-, transcurrieron seis años en los que la accionante tuvo permanente acceso al servicio de agua potable suministrada por la acometida que le corresponde al lote "89";
4. iv)Que en aplicación de los estatutos de la referida Urbanización a los que la peticionante de tutela hizo referencia, así como el registro de derecho propietario que le asistiría por efecto de la compra al propietario principal Nelson Ágreda Coronel, por las razones precedentemente argumentadas de falta de capacidad del pozo para suministrar agua potable a una mayor cantidad de población dentro de la mencionada Urbanización es que el fraccionamiento al que hizo referencia, si bien se encuentra dentro del legal ejercicio del derecho de disposición por el propietario anterior, este estaba sujeto a condicionantes de coordinación y cumplimiento interno de las normas estatutarias, siendo obligación del vendedor informar al referido Directorio sobre su determinación de proceder a la venta fraccionada del lote de terreno "89" a favor de terceras personas; y que, esta obligación de ninguna manera representa una limitación al derecho de disposición sino al cumplimiento interno de los estatutos para conservación, seguridad y continuidad de la prestación de los servicios, en este caso de agua potable, con el objeto de no afectar la fuente de suministro a todos los copropietarios, obligación que de haberse cumplido habría generado, primero, una información específica de los estatutos y las razones fundamentadas por las que se determinó la condicionante prohibitiva de fraccionamiento, y segundo, la obligación del propietario de que en un fraccionamiento asegure el suministro de agua potable a los predios que pretenda dividir, que necesariamente deben ser compartidos de la acometida que le está asignada al lote "89", precautelando el uso moderado del líquido elemento para no afectar el derecho de los demás copropietarios, "así como de no ingresar a un abuso de derecho" (sic);
5. v)Si la accionante se encuentra desprovista de agua potable, el Director responsable de suministrarle el líquido elemento es su vendedor y de ninguna manera el Directorio de la indicada Urbanización, que a decir de la propia peticionante de tutela, dicho Directorio a través de su Administración mantiene de manera ininterrumpida el flujo de suministro de agua potable al lote "89", lo contrario no fue demostrado por la impetrante de tutela y mucho menos por el propietario principal Nelson Ágreda Coronel, generándose así una falta de legitimación pasiva respecto a sus personas, al no existir acción alguna de hecho; puesto que, ningún acto suyo genero la suspensión o el corte del suministro de agua, "estando frente a hechos que tienen que enmarcarse dentro de la normativa estatutaria que rige a los copropietarios de la Urbanización SIDUMSS NORTE PLAN B, en cuyo curso de acontecimientos lo que correspondería a la accionante es demostrar que la fracción Nº 89-C fue adquirida de NELSON ÁGREDA CORONEL en la que se haya especificado disposiciones estatutarias que le hacían titular de una sociedad de instalación de nuevas acometidas" (sic);
6. vi)Otro de los puntos que genera la improcedencia de esta acción tutelar radica en la afirmación antojadiza y nada real de que la indicada Urbanización estaría pretendiendo el cobro de la suma de $us1 500.- como condición para acceder al petitorio de instalación de acometida, afirmación que no se encuentra respaldada por ningún documento a más de afirmaciones supuestamente verbales;
7. vii)Respecto a la afirmación de la accionante de que se estaría privatizando y sometiendo a lucro la provisión del líquido elemento en la señalada Urbanización, cuando en los hechos dicha Urbanización cuenta con normativa documentalmente establecida; refiriendo que, los copropietarios como es lógico, acordaron la obligación y necesidad de sustentar todos los gastos que conlleva el mantenimiento permanente y periódico del servicio básico que incluye el mantenimiento de la red de distribución de agua, el pago de los servicios de energía eléctrica que consume la bomba de extracción del líquido elemento que suministra a toda la urbanización, el pago de los sistemas y personal de seguridad permanente, ingresos y gastos que son objeto de informe anual por parte de la Administración y Directorio de la indicada Urbanización en una asamblea ordinaria; en consecuencia, los derechos a servicios básicos, aportes extraordinarios y pago mensual de los servicios se encuentran legal y constitucionalmente establecidos, lo contrario representaría que bajo la óptica de la peticionante de tutela, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), no tendría que cobrar ninguna suma de dinero por concepto de consumo, gastos de instalación, cuando en los hechos el servicio de agua potable y alcantarillado tiene un costo por la prestación de servicios y mantenimiento, cuyo monto está calculado con parámetros específicos en base al volumen por metro cubico consumido, costos que son asumidos y cancelados por todos los copropietarios; lo cual, no genera de ninguna manera posibilidad alguna de lucro comercial; y,
8. viii)Los derechos fundamentales como ser el agua potable y su acceso a servicios básicos, no pueden ser considerados como absolutos; sino que, para el ejercicio correcto de estos en el ámbito de los derechos humanos de acceso al agua, estos tienen sus requisitos previos de cumplimiento de obligaciones en un marco estructurado de asociación lícita como es la mencionada Urbanización, cuya existencia legal encuentra su respaldo en el Testimonio de Escritura Pública 01049/2001 de 23 de agosto, sobre protocolización de documentos, y la Resolución Prefectural 246/01 de 10 de agosto de 2001 de reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos y reglamentos internos de la asociación de copropietarios, y el Testimonio 1180/2006 de 24 de agosto de modificación de estatuto orgánico, reglamento interno y denominación, que se constituyen en el marco normativo legal y constitucional que rigen la convivencia y prestación de servicios de la referida Urbanización; por lo que, solicitan se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 22 de octubre de 2020, cursante de fs. 94 a 97 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia que la Directiva de la Urbanización Cerrada "Sidumss Norte-Plan B", en el plazo no mayor a cuarenta y ocho horas proceda a la conexión de acometida del servicio de agua potable en la vivienda lote "89 C", propietario que deberá cumplir con los requisitos que establezcan la dotación de dicho servicio básico, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)Conforme Carta de 13 de octubre de 2020, referente a la respuesta a la solicitud de instalación de acometida de agua potable; señaló que, la petición fue tratada en una asamblea en la que no se pudo llegar a un acuerdo, al existir una prohibición de dotar de dos o más acometidas a un lote de terreno conforme a la instalación de agua potable y la prohibición de dividir viviendas, normativa que fue quebrantada por los propietarios del lote "89";
2. b)Los argumentos con los que se niega la instalación de la nueva acometida por parte del mencionado Directorio, al determinar ser una división ilegal, no condice con el plano de anexión y subdivisión del lote presentado por la accionante; por lo que, se demuestra que la entidad encargada de la aprobación de planos de subdivisión es el GAM de Sacaba del departamento de Cochabamba, que procedió sin observación alguna a la subdivisión del lote de terreno en cuestión, obteniendo en consecuencia los lotes "89 A", "89 B" y "89 C"; y,
3. c)El argumento de improcedencia señalado por los ahora demandados, referente a exigir a su vendedor que posibilite la dotación del servicio de agua potable no encuentra lógica, al ser el mismo, un usuario más del servicio básico; asimismo, la normativa a la que se hizo referencia, en sentido de no poder dotar el servicio de acometida de agua, por vulneración de los estatutos y reglamentos, no tiene sustento legal, pues el acceso al agua es un derecho fundamental que tiene estricta relación con el derecho a la vida y a la salud.